* Emilio Pradilla Cobos *
Derecho de informar
En las últimas semanas, el PAN y PRI han atacado a Rosario Robles, jefa de Gobierno del Distrito Federal, por su campaña de información a la ciudadanía en los medios de comunicación de las acciones de su gobierno, y por su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, en la que se negaron a participar. Esta actitud es parte del golpeteo electoral, pero lo desborda, al atentar contra los derechos y obligaciones, cuya garantía es parte de la construcción de la democracia en medio de la cultura autoritaria del decadente régimen de partido de Estado que el PRI encarna y el PAN quiere perpetuar, pero colocándose a su cabeza.
El derecho a la igualdad de los partidos. El gobierno federal, con el aval de su partido, inunda los medios periodísticos, radiales y televisivos con propaganda pagada o espacio privilegiado en la información, sobre actos, movimientos y mensajes de su titular o sus dependencias y funcionarios.
En la campaña por las candidaturas a la Presidencia, PAN y PRI hicieron lo mismo con la gestión de sus precandidatos. Pero han denigrado a Cárdenas y Robles, marginados en los espacios informativos y objeto de campañas deslegitimadoras, por compensar esta desinformación, programada desde el poder político con una campaña de información que no llega siquiera a una décima parte de la que realiza el Presidente, como tienen que reconocerlo los mismos medios que mantienen la desigualdad.
Esta doble moral política va en contra de la igualdad que exige la democracia.
El derecho a la información. Los ciudadanos tienen el derecho a ser informados sobre los actos de gobierno y el uso de los recursos públicos, y los funcionarios tienen la obligación de informarlos oportuna y verazmente. En el caso de Cárdenas y Robles, los medios de comunicación sometidos al poder federal y su partido, o cuyos intereses e ideologías coinciden con la derecha, no difunden la información, o la deforman o descalifican de oficio. Para cumplir con su obligación han tenido que recurrir a las campañas pagadas y al uso intensivo de aquellos espacios o medios cuya postura es abierta y plural.
La obligación de rendir cuentas. Para cumplir con su obligación de rendir cuentas a la representación popular, Rosario Robles se comprometió a comparecer ante ella cada tres meses, lo cual daría la oportunidad a la oposición PRI-PAN-PVEM para cuestionar republicanamente y con respuesta directa a la gobernante.
La negativa de asistir muestra la debilidad de los argumentos de la oposición local y su carencia de voluntad democrática, la cual los obligaría a que el Presidente, sus gobernadores y alcaldes hicieran lo mismo.
El derecho a la réplica. En la legislación y la tradición mexicanas no se han incluido el derecho a la réplica. Algunos medios de comunicación lo aceptan, pero le dan espacio marginal; otros no lo reconocen.
Ante las campañas de desinformación y denigración de que ha sido víctima el gobierno perredista de la capital, sobre todo en los noticieros de televisión, éste ha tenido que ejercer ese derecho mediante la información pagada.
En ella, a diferencia de sus detractores, ha informado con hechos verificables por todos, sin ofender a los detractores, con absoluto respeto, aun a los medios de comunicación y a las empresas que por sus propios intereses no asumen su obligación de informar con veracidad e imparcialidad.
La campaña electoral para la Presidencia de la República, apenas iniciada legalmente, es una muestra evidente de que estos derechos y obligaciones no se aplican plenamente en el régimen actual.
La inequidad entre candidatos y partidos en el tiempo, la manipulación de la información, el manejo sesgado de la imagen y la palabra, la suplantación de la información por la opinión parcial, son la constante en la mayoría de los medios, como lo muestran las cifras que diariamente publica uno de los diarios capitalinos, que incurre también en estas prácticas.
Cárdenas, López Obrador y el PRD, así como los partidos emergentes, son víctimas de esta desigualdad.
Los ciudadanos quisiéramos que la ley y la cultura política democráticas garantizaran estos derechos; así sería posible descarar a los contribuyentes capitalinos y mexicanos de la carga económica que implica compensar su ausencia; estos recursos podrían destinarse a otros fines si en México existiera un régimen realmente democrático.