En Chiapas, autoridades solapan la piratería transnacional
Saqueo de la riqueza herbolaria
Matilde Pérez U. * Ante la indiferencia de la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, y la tolerancia del Instituto Nacional de Ecología, la Universidad de Georgia y la empresa inglesa de investigación biotecnológica Molecular Nature Limited, con el respaldo del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), sustraen la riqueza herbolaria y el conocimiento milenario de la medicina tradicional indígena maya de Chiapas.
El Consejo Estatal de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (CEOMPI) y la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECh) ųpresentes en todo el estadoų indicaron que en 1998 la universidad estadunidense, la empresa inglesa y Ecosur, los invitaron a participar en el proyecto de investigación farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y de biodiversidad en la región maya de los Altos de Chiapas (ICBG-Maya). Su colaboración la condicionaron a la existencia de un marco legal que protegiera sus conocimientos y recursos naturales, lo cual no se cumplió.
Hoy, los médicos y parteras indígenas presentarán el asunto a la presidenta relatora del Grupo de Trabajo de Pueblos Indios de la ONU, Erika Irene Daes, a quien le pedirán su apoyo e intervención ante el gobierno mexicano para que se suspenda el proyecto, porque "pensamos que es un robo de nuestro conocimiento y de nuestras plantas medicinales". En la breve reunión de hoy ųde sólo 20 minutosų le entregarán un expediente que incluye las tres cartas ųde septiembre de 1999 hasta enero de este añoų enviadas a la titular de la Semarnap solicitándole audiencia.
El proyecto, con una duración de cinco años, recibirá un subsidio de 2.5 millones de dólares de los Grupos de Colaboración Internacional sobre Biodiversidad (ICBG, por sus siglas en inglés), creado en 1992 por los institutos Nacionales de Salud, del Cáncer, de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, Fundación Nacional para la Ciencia y la Agencia Internacional para el Desarrollo, todas del gobierno de Estados Unidos, para financiar acuerdos públicos y privados de prospección sobre biodiversidad.
Rafael Alarcón Lavín, asesor del CEOMPI, explicó que las instituciones no atendieron la petición de los médicos y parteras indígenas e iniciaron la recolección que rebasa fines científicos ųbajo la cobertura de Ecosur, que el año pasado obtuvo el permiso para colecta científica del INEų en Oxchuc, Tenejapa, Chenalhó y Las Margaritas, este último municipio ya en la región de la selva. A ese "saqueo de plantas medicinales se agrega el que ha hecho Brent Berlín, encargado del proyecto ICBG-Maya, director del herbario de la Universidad de Georgia y miembro de la Sociedad Internacional de Etnobiólogos. A lo largo de 30 años ha sacado información de las plantas medicinales de Chiapas y por eso en Estados Unidos tienen 7 mil colectas, pero en el herbario de Ecosur no hay ninguna planta de ese país".
Agregó que en mayo de 1999, Ecosur firmó con la Universidad de Georgia y Molecular Nature Limited el convenio para la protección de derechos de propiedad intelectual y distribución de beneficios del ICBG-Maya. Una de sus 21 cláusulas establece la creación de la asociación civil Promaya que será la responsable de negociar la distribución de regalías, el "otorgamiento de licencias" y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas, ya que junto con las otras instituciones será propietaria de las patentes.
El convenio también propone la creación de un consejo asesor "externo" integrado por INE, Semarnap, Instituto Nacional Indigenista y la Secretaría de Ecología del gobierno de Chiapas. Aclara que se entregará un informe detallado a las agencias de financiamiento federal de Estados Unidos sobre los resultados de la investigación, y establece que el pago del porcentaje de las regalías dependerá de la naturaleza del producto y eso podría llevar varios años. Con este proyecto se pretende tener un inventario inicial de 600 especies de plantas más importantes de las poblaciones tzotzil y tzeltal de los Altos.
Disgustados por la actividad arbitraria de los integrantes del proyecto ICBG-Maya, los médicos y parteras indígenas demandaron a Julia Carabias su inmediata intervención para cancelar ese proyecto. La respuesta, hasta la fecha, es el silencio. A la Comisión de Recursos Naturales del Senado también le solicitaron convocara a consultas para legislar sobre ese tipo de proyectos. "No sólo pedimos que ya no se haga ese proyecto extranjero sino que tomen en cuenta nuestra propuesta alternativa en la que trabajamos desde hace 15 años en las comunidades indígenas", dijeron.
El ICBG ųde acuerdo con información de la Fundación Internacional para el Progreso Rural (Rafi)ų, a través de universidades y organizaciones no gubernamentales ambientalistas, realiza extractos de plantas, encubiertos como proyectos de investigación a los que ha canalizado 12.5 millones de dólares, en Costa Rica, México, Perú, Argentina, Chile y Camerún, que involucran a comunidades y conocimiento indígenas. Los extractos biológicos son entregados a las compañías Bristol Myers, Squibb, American Cyanamid y Monsanto, las cuales acordaron "donar" una porción ųnunca mayor a uno por cientoų de las regalías por las ventas de los productos médicos, cosméticos y fertilizantes desarrollados a través de los programas del ICBG e incluir a los indígenas como inventores de las patentes.