Carlos Monsiváis
La ilegalidad de la ley

Participé en un documento de intelectuales preocupados por el conflicto universitario, animados por los resultados del plebiscito y seguros de la cuantía de las provocaciones, del auge del clima de violencia, y de la intolerancia y el sectarismo de un sector amplio del ya no muy amplio Consejo General de Huelga, los ultras o megaultras. Al CGH le sugerimos, (la acción verbal no fue más allá) la entrega de las instalaciones para que procediesen el diálogo y el congreso universitario (es de esperar que con carácter resolutivo). Pensamos y sé que seguimos pensando, imposible la continuación de la huelga, ya de por sí inmensamente costosa para las universidades públicas y la UNAM. Ya hablando sólo por mí, aunque podría extender a muchos otros este punto de vista, creo que seguir la huelga va en contra del generoso propósito inicial de defender la enseñanza gratuita y de oponerse a un proyecto más específico que la privatización de la UNAM; la cerrazón definitiva de oportunidades para los estudiantes de escasos recursos. Basta ver el júbilo de la ultraderecha abogadil y empresarial para advertir el morbo de los expropiadores de la nación.

Cuando entregamos el manifiesto destinado a la opinión pública, no habíamos visto la contraparte, la intención de los más ultras de los megaultras, los abogados de la Procuraduría General de la República. Una vez conocidos los cargos, Ƒquién podría aprobar en su sano y republicano juicio que se enjuicie a los huelguistas por terrorismo, motín y sabotaje?

Es inconcebible que luego de las monstruosidades jurídicas de 1959 (contra los ferrocarrileros) y de 1968 (contra los estudiantes), la PGR desempolve del baúl diazordacista los cargos típicos del autoritarismo más represivo que alardea de su "apego a la Ley". Es simplemente atraso y ganas de repetir como parodia lo que fue trágico en su momento. Ni la sociedad actual es la de 1959 y 1968, ni "todo el peso de la Ley" puede fundarse en presunciones antijurídicas.

Se afirma con frecuencia en estos días que la respuesta a la detención de 251 estudiantes y a los cargos de la PGR debe ser política no legal. Matizo esta posición: debe ser legal en primera instancia porque la derecha presume de su "amor por las leyes" y porque la ilegalidad al formular los cargos es patrimonio del gobierno. No sólo los estudiantes deben ser liberados de inmediato, sin canje posible de las instalaciones; también, los partidos ųy no excluyo al PRI, porque éste se excluye solo en sus ridículas acusacionesų y la sociedad civil deben pedirle cuentas al régimen, por la insolente pretensión de revivir como si tal cosa, el clima de histeria que precede a las andanadas de injusticia y la fanta represiva a nombre de las instituciones. El gobierno sabe que tendrá que soltar muy pronto a los jóvenes presos Ƒpor qué entonces no dedica sus esfuerzos a impulsar el pronto y pacífico regreso a clases y aprovecha la oportunidad para becar en cursos rápidos de la Facultad de Derecho a los responsables de esta atrocidad dizque jurídica?

Sigo creyendo urgente el fin de la huelga.