La limpieza del operativo UNAM

* Miguel Concha *

Mucho se ha dicho ya sobre el operativo UNAM y la "solución" que al conflicto universitario encontraron las autoridades federales. Durante los últimos días, una constante campaña en la mayoría de los medios masivos de información ha repetido los argumentos oficiales que justificaron la intervención de la Policía Federal Preventiva en el campus de Ciudad Universitaria. El discurso del procurador general de la República, el secretario de Gobernación y el presidente Zedillo han subrayado constantemente la impecable eficacia de la PFP, y se han vanagloriado del respeto irrestricto a los derechos humanos de los estudiantes detenidos el pasado domingo. Para ello han contado también con la decidida participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo presidente ha corroborado la versión anterior.

Pero las versiones de los propios detenidos, de sus familiares, de los abogados defensores y de las organizaciones civiles son distintas. Es necesario aclarar que nadie alega que los agentes de la PFP se hayan comportado como los gorilas de pasadas décadas. No se les compara con el Batallón Olimpia ni con los tristemente célebres halcones.

Pero veamos. La jueza María del Carmen Pérez, que tan diligentemente obsequió las órdenes de aprehensión que justificaron el operativo del domingo 6, fue nombrada sólo cuatro días antes de hacerlo. En esos días tuvo que haber leído las miles de fojas que componían el expediente que, según la PGR, había comenzado a integrarse desde julio pasado. ƑFue esto así? Cuesta trabajo aceptarlo.

Una vez obsequiadas estas órdenes, que nuestras autoridades consideran extendidas "con estricto apego a derecho", algún motivo oculto impidió que fuera la Policía Judicial Federal quien las ejecutara. Tuvo que ser enviada la PFP, que se ha convertido en unos pocos meses en el "comodín" perfecto. Si bien el mandato de la PFP es tan ambiguo que nada de lo que haga parece excederlo, la ejecución de órdenes de aprehensión sí queda fuera de él.

Por si fuera poco, a pesar de haber órdenes de aprehensión que cumplir, fueron detenidos todos aquellos que se encontraban en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

El operativo UNAM no tuvo el propósito de ejecutar un acto de derecho, sino el de desalojar las instalaciones. Pero, incapaces de asumir la responsabilidad política que ello implica, las autoridades federales recurren a un burdo entramado de consideraciones jurídicas que generen la apariencia de legalidad y de legitimidad necesarias. Mientras tanto, los estudiantes son inculpados de nueve delitos. La defensa ha probado ya que en ninguno de ellos se acredita siquiera el tipo penal, mucho menos la probable responsabilidad de quienes se encuentran detenidos. A esta aberración se suma la de "peligrosidad social", que la novel jueza ha utilizado para retener a 35 de ellos, a petición del Ministerio Público Federal.

Todas estas irregularidades han sido avaladas por las autoridades federales y la propia CNDH. La "limpieza" del operativo UNAM radica en un intrincado uso del derecho para criminalizar a un movimiento social y no puede ser, bajo ningún concepto, aceptada por quienes aspiramos a un México democrático y basado en la legalidad. Si, como afirma el secretario de Gobernación, prevalecerá el estado de derecho, todos los estudiantes detenidos deben ser liberados y deberá investigarse el proceder de quienes, como parece, han actuado bajo consigna de las autoridades, antes que en busca de la justicia. Sólo entonces existirán condiciones que permitan que la comunidad universitaria inicie un proceso de reconciliación. Lo peor sería que ahora otra vez se conculcara el derecho a nombre del derecho, con un uso y abuso discrecional de éste. *