Informe de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales en México


Tras el rastro de la muerte

Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 9 de febrero * Las ejecuciones extrajudiciales en México son extensivas y se mantienen, aunque se haya registrado una disminución en el último año. Al mismo tiempo, la violencia sigue generando una tensión que menoscaba el derecho a la vida de ciudadanos inocentes, concluye la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la ONU, Asma Jahangir.

En esta situación y al amparo de la impunidad, puntualiza en un informe que será presentado aquí ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, están involucrados autoridades gubernamentales federales y locales, Ejército, paramilitares y grupos armados de oposición.

La relatora señala que "aunque el problema de las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad pudiera ser más notorio en Guerrero y en Chiapas, existe en casi todo el país". En el informe, Jahangir se refiere a las investigaciones que realizó sobre las masacres de Acteal y El Bosque, en Chiapas, y las que ocurrieron en Aguas Blancas y El Charco, en Guerrero, casos en los que, hasta la fecha, las pesquisas no han concluido ni todos los responsables han sido detenidos y procesados. En el documento también se mencionan los asesinatos de defensores de derechos humanos, de mujeres en Ciudad Juárez y de homosexuales en Chiapas y el Distrito Federal.

La relatora de Naciones Unidas advierte que la tensión social es tal, que la violencia podría estallar en tiempos electorales. Y sugiere: México puede evitar esto mediante un acuerdo para que observadores internacionales estén presentes durante los comicios de este año.

El informe confirma varios hechos. De entrada, que las ejecuciones siguen siendo perpetradas, muy a pesar de las expresiones de buena voluntad y de las medidas correctivas del gobierno. Jahangir subraya la impunidad de elementos castrenses y la de grupos que identifica, sin miramientos, como paramilitares.

También enfatiza la participación de los grupos armados en violaciones al derecho a la vida; la poca protección a los defensores de garantías individuales y el clima de violencia en el que trabajan; la dependencia de los procuradores, de los tribunales y de los propios órganos de defensa y promoción de los derechos humanos.

En su informe, la relatora recomienda medidas urgentes para prevenir más pérdidas humanas, entre otras el que el gobierno "asegure la desmilitarización de la sociedad y evite involucrar al Ejército para mantener el estado de derecho y de orden público o de erradicación del crimen".

Las recomendaciones son formuladas directamente al gobierno, pues éste es considerado por la ONU y la jurisprudencia internacional como responsable de cualquier acto contrario a las normas y principios universalmente reconocidos. Asimismo se hace hincapié en reiterar las peticiones que en informes y cartas oficiales han sido hechas por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros relatores especiales, como el de Tortura, y grupos de trabajo como el de Pueblos Indígenas.

Las innumerables denuncias de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales llevaron a que el gobierno invitara a Asma Jahangir a México, adonde acudió del 12 al 24 de julio de 1999, concentrándose en la reconstrucción de las masacres de Acteal, El Bosque, Aguas Blancas y El Charco.

Las ocho recomendaciones emitidas como corolario de sus visitas al Distrito Federal, Chiapas, Guerrero y Ciudad Juárez "no son, de ninguna manera, exhaustivas u originales", expresa Jahangir, puesto que han estado siendo discutidas en México por el gobierno, la sociedad civil y la prensa. "Simplemente deseo enfatizar la urgencia de que tales medidas sean implementadas, si se quiere salvar vidas preciosas", expresa.

Aparentemente la relatora no se dejó intimidar durante su delicada misión por funcionarios gubernamentales o militares. Tampoco avaló el libro blanco sobre Acteal, que ofrece la visión oficial de los acontecimientos que confluyeron en ejecuciones extrajudiciales.