Luis Hernández Navarro
El colapso de la leyenda negra

Barry McCaffrey, el zar antinarcóticos, podía haber certificado al CGH sin grandes dificultades por erradicar el consumo de estupefacientes en la UNAM. Las cuatro macetas con pequeñas plantas de mariguana que la Policía Federal Preventiva (PFP) encontró durante su reciente incursión punitiva en contra de los estudiantes universitarios demuestran que el tráfico de drogas en la casa de estudios fue prácticamente erradicado durante los meses que duró la huelga. Esas cuatro plantas representan una pequeñísima cantidad de los estupefacientes que circulaban en el campus antes del inicio del movimiento o del comercio de estimulantes que se practica en los centros educativos privados de excelencia.

Sin embargo, durante meses, una parte de los medios informativos, sobre todo electrónicos, insistieron, sin proporcionar evidencia alguna, en que muchos de los huelguistas eran consumidores frecuentes de drogas. De la misma manera en la que afirmaron que dentro de Ciudad Universitaria había un gran arsenal, que las instalaciones educativas estaban desechas, que el movimiento era sostenido por organizaciones sociales o que los estudiantes eran violentos. En lugar de explicar las demandas que dieron origen al movimiento, se construyó una leyenda negra sobre los huelguistas elaborada a partir de los rasgos raciales de algunos de sus integrantes o de su forma de vestir y peinarse. Y sobre estas denuncias sin fundamento se preparó el terreno para justificar la represión a los estudiantes.

Nueve meses después la leyenda negra se derrumbó como un castillo de naipes. El discurso oficioso sobre los huelguistas no resistió la prueba de los hechos. La PFP no encontró una sola arma de fuego. Una parte de las bombas molotov que se presentaron a la opinión pública no eran tales sino envases de plástico de refresco con gasolina en su interior. Varios funcionarios universitarios testificaron que no había un grave deterioro de las aulas y equipo de trabajo, y denunciaron cómo los medios habían magnificado el incidente. Los detenidos del 6 de febrero no se resistieron al arresto y entre ellos no se encontraban integrantes de las organizaciones sociales a las que se quiso responsabilizar de la huelga. Por lo demás, el comportamiento sectario y rijoso de algunos dirigentes del CGH en sus asambleas no se distingue mucho del que varios diputados han protagonizado en sesiones de la Cámara.

Hoy, sin embargo, se ha querido construir una nueva mitología tanto alrededor de la incursión de la PFP en CU como de la "peligrosidad" social de los estudiantes presos.

A un operativo claramente ilegal y violento se le ha querido presentar como una acción "disuasiva" ejemplar, sólo porque no hubo muertos. Como si no fuera una violación de los derechos humanos arrestar por la fuerza a 745 personas con sólo 432 órdenes de aprehensión, negándoles el derecho a saber quién los acusaba y qué cargos se les imputaban, sin permitirles ser defendidos por un abogado nombrado por ellos mismos, sin autorizarles llamar a sus familiares y ejerciendo tortura física y psicológica contra varios de ellos. Como si no fuera un hecho vergonzante que el Poder Judicial haya actuado por consigna del Poder Ejecutivo. Todo de la mano cómplice de la cada vez más desprestigiada CNDH. La versión del profesionalismo policiaco en la represión estudiantil del 6 de febrero busca convencer a la opinión pública de que el vaso de agua lleno de tierra está limpio sólo porque no tiene estiércol.

A representantes de un movimiento social con demandas legítimas se les declaró formalmente presos y se les negó obtener su libertad bajo fianza argumentando que son un "peligro social". La responsabilidad de los detenidos no es distinta de la de decenas de miles de jóvenes que hicieron la huelga. ƑQué delito cometieron quienes están en la cárcel en el que no hayan incurrido quienes no lo están? ƑPor qué se castiga a unos y no a otros? El mismo sistema judicial que suelta a personajes como El Chucky y exonera banqueros defraudadores juzga con severidad a luchadores sociales que buscan defender derechos constitucionales.

Suponer, como hace el Ministerio Público Federal, que si los inculpados obtienen su libertad "van a retomar nuevamente las instalaciones" es, cuando menos, una tontería. Si los estudiantes deciden retomar o no las instalaciones no dependerá de si hay o no dirigentes presos. El movimiento estudiantil nunca ha dependido de unos cuantos individuos para tomar sus acuerdos. Su dirección ha sido amplia y rotativa. No dejará de serlo porque algunos de sus representantes estén encarcelados. El que se quiera hacer de los detenidos rehenes para inmovilizar la protesta no tendrá sino un resultado contraproducente. Más que forzar la rendición de los insumisos, avivará la llama de su malestar.

La leyenda negra sobre el movimiento estudiantil se ha esfumado, pero se condena a un grupo de estudiantes con base en ella. El único camino para recomponer la vida académica en la UNAM es el de la libertad inmediata de todas las presas y presos políticos. Mientras uno solo de ellos permanezca en la cárcel no habrá normalización ni posibilidad de entendimiento y concordia.