Emilio Pradilla Cobos
La reforma política para el DF
Los candidatos a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal han hablado muy poco sobre el estatuto político de la capital, la necesidad de su transformación y el sentido que le darían. En la década pasada, la reforma política caminó lentamente, en zigzag, y fue parcial, debido a su sometimiento al interés del tricolor de mantener su poder y preservar el régimen de partido de Estado, y la subordinación del PAN al PRI-gobierno. La conclusión de la reforma es inaplazable; debe ocurrir en el sexenio. Debe ir de la mano del desmantelamiento del actual régimen político autoritario federal y de la construcción de uno plenamente democrático, sustentado en una nueva Constitución federal. Los grandes cambios pendientes en la reforma política del Distrito Federal son:
1. La transformación del DF en un estado más de la Federación, para eliminar su situación de excepción ante las demás entidades y otorgar a sus ciudadanos los derechos políticos y civiles de los que hoy no es titular. Esto conlleva: la convocatoria a un congreso constituyente local y la elaboración, mediante una amplia consulta pública, de una Constitución estatal; la conversión de las delegaciones actuales, o de una nueva subdivisión, en municipios dotados de un ayuntamiento que opere como gobierno colegiado, representativo y plural; en este contexto, definir en forma precisa, en la Constitución y las leyes reglamentarias, las funciones, competencias y formas de relación del gobierno municipal y del estatal en relación con los múltiples aspectos de la gestión que les son comunes en la gran ciudad.
2. La creación constitucional de un nuevo nivel de gobierno, el Consejo Metropolitano, órgano ejecutivo formado por los alcaldes y gobernadores electos de las entidades que constituyen la metrópolis, y la formación de Comisiones Metropolitanas para la gestión corresponsable y compartida de infraestructuras, servicios y procesos socioeconómicos que les son comunes; medio ambiente, fomento económico, obras públicas, planeación del desarrollo, seguridad pública, servicios urbanos, transporte y vialidad y urbanismo.
3. La revisión de la Ley de Participación Ciudadana del DF, para abrir espacios y ámbitos de acción a las formas de autorganización social y ciudadana, fijando derechos y obligaciones; dotar de funciones reales de gestión a los comités vecinales, pero armonizándolas con las de las autoridades municipales (o delegacionales) y regular su obligación de representatividad y rendición de cuentas a los vecinos; dinamizar y promover la participación de éstos en su elección, interacción y vigilancia.
4. La regulación concreta y completa de las relaciones, en los ámbitos de la planeación del desarrollo, la gestión del diseño, la inversión y el mantenimiento de obras de infraestructura y servicios públicos, incluyendo la seguridad, de alcance metropolitano, entre las demarcaciones y el gobierno central de la entidad. La más reciente reforma al Estatuto de Gobierno del DF, que llevó a la elección directa de los "jefes delegacionales", tan incompleta y fragmentaria como las anteriores, no establece claramente sus funciones, competencias y relaciones con la jefatura de Gobierno del DF; en la posibilidad de que los jefes delegacionales sean de partidos políticos distintos al del jefe de Gobierno, a falta de tradiciones democráticas y republicanas, esta laguna jurídica puede ser fuente de problemas y factor de ingobernabilidad, que afectará a la ciudad y sus habitantes.
5. Finalmente, la formación, voluntaria y por consenso, de un Consejo Regional de Desarrollo, en el que participen las siete entidades de la región centro en las que se asienta la megalópolis, para la concertación de las acciones de planeación, inversión y gestión necesarias al desarrollo económico, el social y el territorial, a fin de que éstos sean sostenidos, ambientalmente sustentables, solidarios y compartidos, incluyentes y con equidad y justicia social.
Estos temas deben ser parte de la agenda del próximo gobierno capitalino y de los legisladores locales, por lo que tendrían que formar parte del debate. Estamos seguros de que en este tema se harán evidentes las diferencias entre partidos, alianzas y candidatos: el PRI, defensor del antiguo régimen y que desea recuperar el control de la ciudad; el PAN, que quiere ser su cabeza, sin cambiarlo; y el PRD, que debe profundizar, con creatividad y valentía, el cambio iniciado en julio de 1997.