Ť Carta a Carrasco
Una explicación, pide comisión legislativa
a Madrazo Cuéllar
David Aponte y Ciro Pérez Silva Ť A petición de los padres de familia de los detenidos en la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados solicitó al procurador general Jorge Madrazo Cuéllar una explicación sobre "los criterios que aplica el Ministerio Público para calificar la peligrosidad social e impedir con ello la libertad bajo fianza a los procesados de delitos no graves".
El diputado perredista Benito Mirón, presidente de dicha comisión, consideró que al menos unos 200 universitarios detenidos el 6 de febrero en Ciudad Universitaria, entre ellos los dirigentes del Consejo General de Huelga, podrían quedar libres, si el Ministerio Público retira el calificativo de "peligrosidad social".
Esa comisión de derechos humanos abrió el expediente CDH/ODC/0569/00-0363 por la participación de la Policía Federal Preventiva (PFP) en los hechos del primero y 6 de febrero, en la Prepatatoria 3 y en las instalaciones de Ciudad Universitaria, a solicitud de los padres de los detenidos.
Durante una reunión celebrada el lunes en San Lázaro, los padres de familia pidieron al presidente de la Comisión de Derechos Humanos que enviara comunicaciones al procurador Madrazo y al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, para solicitar información del tratamiento legal a los detenidos y la participación de la PFP en los operativos.
"En mérito de lo anterior, con absoluto respeto a la competencia de esa representación social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General y 89 de su reglamento y con el propósito de formarmos una opinión objetiva, mucho le agradeceremos que tuviera a bien hacernos saber la participación que esa institución tuvo en el operativo de los días primero y 6 de los corrientes para la detención de los estudiantes relacionados con dicho conflicto, así como los motivos y fundamentos para la participación de la PFP", expuso el legislador de oposición en la carta enviada a Madrazo.
Mirón envió otra carta a Carrasco Altamirano con el mismo contenido.
La semana pasada, esa comisión denunció ante organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, violaciones a las garantías de los universitarios detenidos y la intervención de la PFP en los operativos.