* Creel aumió los criterios presentados por el presidente del Montepío

Frustrado, el debate organizado por AMIAP

* José Avalos calificó a García Lizama de líder moral de opositores a la regulación a esas instituciones

Ricardo Olayo * Investido como "líder moral", Víctor García Lizama, ex titular de la Junta de Asistencia Privada apareció luego de más de un año para romper el silencio con una frase mesiánica: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo... ese es el mandato divino".

Sin preámbulo, sin el "buenos días" de rigor, esas fueron las primeras palabras del priísta que dejaron en silencio a su auditorio en el cónclave organizado por un grupo de instituciones de asistencia privada con cuatro candidatos en campaña por la jefatura de Gobierno del DF.

Ante la sorpresiva ausencia del candidato tricolor, Jesús Silva Herzog, de quien García es parte de sus colaboradores e impulsor de su candidatura, la atención se centró en el panista Santiago Creel, quien validó la estrategia de críticas a la ley en el sector y los cuestionamientos al gobierno capitalino; a su vez, el perredista Andrés Manuel López Obrador declinó la invitación por problemas de agenda.

Fueron dos horas de tiro al blanco, salpicadas con propuestas de los organizadores, mismas que en su mayoría aparecen en la ley. Ante los anfitriones, los aspirantes, demostraron sus limitaciones en el tema y se ciñeron a las críticas planteadas por los organizadores.

Creel dijo: "asumo los 10 criterios guía" que presentó el presidente del Nacional Monte de Piedad, Alan de la Torre, quien reclamó que se elimine la vigilancia de la autoridad en el sector de la asistencia privada.

El acto fue organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Asistencia Privada (AMIAP), cuyo presidente, José Avalos, declaró a García Lizama "líder moral" del grupo de organizaciones que están opuestas a la ley en la materia y que sostienen en los tribunales una disputa con el gobierno del DF y la Asamblea Legislativa.

Nadie pudo explicar la presencia de García Lizama. El mismo rechazó declarar en entrevista, "no es el foro...hoy no voy a hacer declaraciones", argumentó.

Este personaje que se avizoró como el primer "perseguido político" del gobierno del DF, cargo que posteriormente le disputó la lideresa de ambulantes, Silvia Sánchez Rico, aprovechó la tribuna para criticar al gobierno capitalino y referirse a la colecta a favor de los bomberos, por los gastos en publicidad.

Si antes la AMIAP negó su relación con García Lizama, ayer quedó claro que es parte del grupo que quiere una nueva ley, pues considera que la actual no responde a sus intereses. Una y otra vez, Avalos, De la Torre y García dijeron que el Estado debe tener límites en su regulación de la asistencia privada y pidieron mayores exenciones fiscales.

Por la AMIAP, Avalos, el hombre orgulloso de sus 23 instituciones de asistencia privada, estableció que la ley de hace un siglo es mejor que la actual en su espíritu y lanzó críticas al gobierno capitalino.

Dijo que hay una "sobrevigilancia" y que las propias IAP pueden controlarse sin necesidad del gobierno, pero sí demandó que se les autoricen en forma permanente las exenciones que disfrutan. La AMIAP agrupa a 310 de las 450 instituciones del sector, aunque sólo 164 solicitaron amparo contra le ley, recurso que se les ha negado en las diferentes instancias.

Para cada candidato se estableció un tiempo límite de 15 minutos que fue cumplido estrictamente, pero los anfitriones se sirvieron con la cuchara grande, hablando cada uno más de ese tiempo. Fueron los primeros en tomar la palabra y marcar el tono de la reunión.

El abanderado del Partido del Centro Democrático, Marcelo Ebrard, defendió a su jefe político, Manuel Camacho Solís, con quien llegó Víctor García Lizama a la JAP en 1991 y se religió hasta sumar ocho años, sin reglamentar la ley en el sector.

Del Partido Democracia Social, Tere Vale, dijo que se debe romper el corporativismo en el sector y propuso un "observatorio social" en las IAP.

Alejandro Ordorica, del Auténtico de la Revolución Democrática, equiparó la ley de diciembre de 1998, al corte de la energía social que se pudo generar tras los sismos de 1985, si la autoridad hubiera interrumpido la colaboración de los ciudadanos.

Creel ofreció que participen autoridades federales, a pesar de tratarse de un órgano desconcentrado del DF y proclamó: "que haya tanto Estado como sea necesario y participación ciudadana como sea posible".