* Persisten ingobernabilidad, anarquía y desconfianza, aseguran
Cumplir lo pactado en Larráinzar, exigen varios sectores
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 16 de febrero * Dirigentes sociales, organizaciones campesinas y religiosas, políticos, legisladores, maestros y estudiantes exigieron al gobierno federal cumplir los acuerdos de San Andrés. Explicaron que el incumplimiento de lo pactado ha generado en Chiapas ingobernabilidad, anarquía, desconfianza y un ambiente general de descomposición social en donde los más afectados son las comunidades indígenas.
Al conmemorarse el cuarto aniversario de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, en entrevistas por separado cada uno de los sectores y organizaciones sociales independientes coincidieron en que una de las secuelas más negativas de la falta de cumplimiento es la militarización del estado y los intentos de los gobiernos federal y estatal por solucionar mediante la represión y violencia los diferentes conflictos sociales.
Ricardo Magdaleno, representante de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), explicó que no sólo las comunidades zapatistas o las zonas indígenas se han visto afectadas: ''En nuestra región, en el centro del estado, existe cada vez más militarización, estamos siendo cercados, arrinconados y obligados a sucumbir a los propósitos y la imposición de las autoridades''.
Agrega que ''existen prepotencia, falta de democracia, no hay una guerra pero vivimos amenazados por los cuerpos policiacos y militares, por eso pensamos que si cumplen los acuerdos los beneficiados seremos todos en el estado y en el país''.
Por su parte, Víctor Manuel Pérez López, dirigente vocero de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), consideró que a partir del incumplimiento las autoridades han vulnerado sus propios compromisos con las organizaciones independientes del estado. ''Antes, en cualquier negociación se firmaban minutas de acuerdo, a sabiendas de que realmente se iba a cumplir con lo acordado; después de que el gobierno federal de manera clara violó su propia palabra, en el estado las autoridades actuaron igualmente''.
Esto ocasionó, añade, que entre los campesinos y organizaciones sociales se genere un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones: ''Hay una falta de seriedad, la firma del gobierno no vale, entonces sentimos que no hay gobierno, sólo policías y militares que reprimen cualquier descontento social''.
En tanto, el líder de más de 50 mil maestros del estado, Víctor Ancheyta Bringas, valoró que ''el incumplimiento de los acuerdos ha generado más anarquía y una frágil estabilidad social en el estado. Ha habido una inyección de recursos pero no un proyecto de desarrollo definido y acordado entre todos los actores sociales; entonces, no se resuelve el problema de las zonas marginadas, las zonas indígenas. Existe una aparente normalidad pero un estado altamente militarizado, una tensión permanente''. Señaló que todo ello incrementa la cultura de la desconfianza y la falta de fe en las autoridades.
Por su parte, diputados de los partidos de oposición consideraron que la negativa del gobierno federal a cumplir con lo pactado ha incrementado los conflictos intercomunitarios y ocasionado una tensión permanente.
Victoria Rincón, del PAN, señaló que cualquier proyecto de desarrollo para las comunidades indígenas ''provoca tensión e inconformidades, desacuerdos, porque existe un rechazo permanente hacia las instituciones. Es como si existiera un estado dentro de otro estado; no existe un control estatal ni federal y hay un ambiente de ingobernabilidad que es cubierto con la excesiva militarización''.
El presidente estatal del PRD, Gilberto de los Santos, apuntó que en los últimos cuatro años los conflictos intercomunitarios, que degeneran en actos violentos, ha sido una de las mayores consecuencias que ha dejado el incumplimiento de la Federación con los acuerdos zapatistas.
Finalmente, el obispo de la diócesis de Tuxtla y miembro del Consejo del Episcopado Mexicano para la Paz y Reconciliación en Chiapas, Felipe Aguirre Franco, indicó que las comunidades indígenas y la población general del estado siguen siendo ''rehenes de las partes en conflicto. Los chiapanecos seguimos siendo rehenes de esta situación, han proliferado los grupos armados, los enfrentamientos, los miles de desplazados. Y en este compás de espera no se vislumbra una flexibilización en la postura de las dos partes, ni signos de buena voluntad''.