VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2000
* Baltasar Garzón interrogará hoy a represor
Enojo en Argentina por ley que da mayores poderes a la policía
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 17 de febrero * Descontento en las filas de la gobernante Alianza y reacciones negativas de buena cantidad de legisladores, políticos y organismos humanitarios provocó el voto por consenso entre aliancistas y opositores del Partido Justicialista (peronista) en el Senado de la provincia de Buenos Aires, para aprobar una polémica ley de seguridad que, aunque modificada, otorga mayores poderes a la policía de esa entidad bonaerense.
La misma policía que estaba en pleno proceso de restructuración por graves violaciones contra los derechos humanos, corrupción y mafias internas durante la gestión del anterior gobernador provincial, Eduardo Duhalde, podrá ahora revisar a personas o sus pertenencias en operativos de prevención.
También requerir del detenido "informaciones útiles" para la investigación, es decir el ya conocido interrogatorio, y no hacerlo constar en los expedientes.
El proyecto de ley enviado por el actual gobernador, el peronista Carlos Ruckauf, daría así poderes mayores a una fuerza que aún conserva en sus filas a miembros bajo sospecha, mientras que los jueces tendrán menos margen para otorgar la libertad de los acusados bajo proceso.
Ruckauf y sus funcionarios ven un modelo atractivo en el esquema de "tolerancia cero" del alcalde de Nueva York, el republicano Rudolph Giuliani, pero Simón Lazara, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, recuerda que la encargada de aplicar ese esquema sería una policía que continúa aplicando la tortura y obstaculizando las investigaciones.
El debate de esta ley, que deberá volver nuevamente a tratamiento en la Cámara de Diputados por las modificaciones hechas, se registra al mismo tiempo que en la capital provincial se continúan ventilando los horrores provocados por la última dictadura militar (1976-1984), en la que desaparecieron unas 30 mil personas.
Durante la víspera testimonió Adriana Calvo de Laborde ante la Cámara Federal, quien relató cómo había podido ver una vez a su esposo "espiando por un agujero", y la visión que obtuvo fue "lo más parecido a un campo de concentración, con cuerpos apilados y lastimados, donde se podía oler el miedo".
Calvo, secuestrada en febrero de 1977 cuando estaba embarazada, y quien pasó por cuatro campos clandestinos de concentración en la provincia de Buenos Aires, denunció que en la Brigada de Investigaciones de la policía de La Plata, capital de la provincia, funcionaba la central del temible grupo de tareas (represivas) llamado La Patota.
La mujer tuvo una niña cuando era trasladada en automóvil al campo Pozo de Banfield, uno de los más temibles de la provincia, y como ya había escuchado de varios casos en que se llevaban a los bebés y ni éstos ni sus madres regresaban más, cuando le pidieron su hija para supuestamente desinfectar la celda, logró aferrarse a la niña y fue amparada por varias mujeres que estaban en el lugar.
Probablemente el hecho de que la pequeña no naciera en una maternidad clandestina del ejército también ayudó a que ambas sobrevivieran.
Son cientos los niños argentinos nacidos en cautiverio que posteriormente desaparecieron junto con sus padres, y una gran cantidad de ellos fueron entregados en adopción ilegal a policías y militares.
Precisamente el ex dictador Jorge Videla deberá presentarse a declarar este viernes en la causa por robo de bebés durante la dictadura, el único delito que no estuvo incluido en las leyes de amnistía y el indulto que beneficiaron a los represores.
Este mismo día, en Madrid, el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional española, interrogará al militar retirado Adolfo Scilingo a petición del magistrado francés Roger le Loire, quien indaga la desaparición de ciudadanos franceses bajo la dictadura argentina.
También declararán ante Garzón varias víctimas de la dictadura castrense que ya habían testimoniado en el marco de las causas abiertas en España contra los militares argentinos.
Scilingo, procesado por Garzón por genocidio y actualmente en libertad provisional, admitió haber participado en los "vuelos de la muerte", en los que los presos eran arrojados sedados y atados al mar desde aviones de la armada.