Ť Agotada, la capacidad oficial de resolver demandas sociales mediante la ley
Convoca Cárdenas a rechazar respuestas violentas del gobierno
Ť El caso Tepatepec, acto de defensa de los ciudadanos y sus derechos; hubo "insensibilidad"
Víctor Ballinas Ť Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato presidencial de la Alianza por México, sostuvo ayer que lo ocurrido en Tepatepec, Hidalgo, "fue un acto de defensa de los ciudadanos del municipio, del derecho que tenemos todos los mexicanos para manifestar nuestras diferencias y ser escuchados por las autoridades. Sin embargo, el gobierno respondió con insensibilidad e hizo acallar una justa demanda social".
Con esa acción, "el gobierno y las autoridades están actuando con absoluto desprecio por la voluntad ciudadana. El gobierno mostró que el régimen ya agotó su capacidad para resolver por la vía de la ley los problemas de carácter social".
Cárdenas subrayó que ese hecho debe llamar la atención de todos. "Y nos debe mostrar el riesgo frente al que nos encontramos, en el cual el gobierno responde con violencia frente a la demanda social, porque es el único camino que encuentra abierto".
A su llegada a una reunión con trabajadores de Parques y Jardines del Gobierno del Distrito Federal, el candidato de la Alianza por México encontró el lugar -el teatro al aire libreAlfonso Reyes- repleto. Lo que no vio es que en camiones de volteo y camionetas oficiales de diversas delegaciones fueron trasladados desde sus centros de trabajo hasta la tercera sección de Chapultepec, donde además se les pasó lista. Todavía a las 16 horas continuaban llegando en grupos de 50. Los bajaban en el jardín Francisco Gavilondo Soler. Esos vehículos, Cárdenas se los topó a su salida del acto, organizado por la sección 6 del sindicato de empleados del gobierno capitalino.
El candidato exhortó a que haga conciencia y se exija al gobierno federal incrementar los recursos para la educación en el país, y convocó también a rechazar que se responda con violencia a cualquier demanda social o inconformidad.
"No podemos pensar que el Estado mexicano considere que a la demanda social, y ante cualquier demanda de grupos organizados, se debe responder con violencia. Por ello hay que cerrarle el paso al PRI y al PAN: ni un voto para ellos, porque no podemos partir de que sólo la justicia echa por propia mano es la que puede tener el pueblo de México."
Cárdenas comentó ante unos 2 mil trabajadores que seguramente muchos de los presentes habían podido ver en los diversos medios informativos las imágenes de un numeroso grupo de la fuerza de seguridad pública de Hidalgo que fue detenido por la población Tepatepec, donde se encuentra la normal rural de El Mexe.
Enseguida subrayó: "Fue un acto de defensa de la ciudadanos de ese municipio, por el derecho que tenemos todos los mexicanos de poder manifestar nuestra diferencia y el derecho que tenemos de ser escuchados por las autoridades".
El abanderado presidencial, de la Alianza por México, acompañado por el también candidato del PRD a jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que, a una demanda de los estudiantes frente a la pretensión del gobierno de cerrar su escuela -"como si no hicieran falta más escuelas y mejores maestros, como si no hiciera falta un mejor programa para los maestros"-, éste respondió con "insensibilidad e hizo callar una justa demanda social".
En entrevista, y ante la insistencia de los reporteros de que se vincula al PRD con esa movilización, Cárdenas aseveró: "Lo que vimos en la toma de la escuela fueron las armas de los policías; rechazo la participación del PRD en esa acción".
El candidato de la Alianza por México reiteró que ante la pretensión de los estudiantes de que se mantuviera abierto ese centro de estudios, la autoridad respondió con violencia.
En tanto, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Carlos Navarrete, rechazó que su partido hubiera actuado como asesor o instigador del movimiento. Lamentó el conflicto y dijo que el subsecretario de Gobernación, Jesús Murillo Karam, "debe dar lecciones al gobernador Manuel Angel Núñez Soto sobre cómo resolver ese tipo de conflictos".
El vocero perredista también rechazó que el diputado Miguel Alonso Raya, candidato a gobernador por Guanajuato, tenga algo que ver en ese asunto, y subrayó que no por ser egresado de esa escuela es motivo suficiente para que se le quiera responsabilizar, "pues no hay ningún elemento que así lo demuestre", como afirma el gobierno de Hidalgo.
Navarrete insistió: "Es lamentable que ese conflicto, que tiene añejas raíces, haya sido enfrentado con represión y excesiva violencia, porque ahora se ha abonado una confrontación violenta con los pobladores". Ante ello, hizo un llamado a todas la partes a resolver el problema mediante el diálogo.
Durante su acto de campaña, Cárdenas dijo a los trabajadores: "La determinación de sacudirse la verticalidad de los sindicatos de gobierno muestra que ustedes ya no están dispuestos a quedar sujetos a la imposición de las directivas, y han decidido que en las próximas gestiones tendrán un sindicato libre. Ese acto es muy importante en la vida de los sindicatos y de la República".
Añadió que esa acción no hubiera sido posible imaginarla siquiera años atrás. "Hoy están demostrando que tienen libertad, y sólo con sindicatos libres se podrán tomar las decisiones que el país requiere".
Ť Olac Fuentes responsabiliza al PRD de intervenir en el conflicto en Hidalgo
Intereses políticos y gremialistas en normales rurales
María Esther Ibarra Ť El subsecretario de Educación Básica y Normal, Olac Fuentes Molinar, aseguró que no hay ni restricción presupuestal ni abandono académico hacia las normales rurales, al aseverar que en el fondo de los conflictos "crónicos" detectados en escuelas de siete estados del país existen "intereses políticos y gremialistas", por lo que sería "irresponsable" de parte de alguna autoridad ceder a presiones para ampliar la matrícula por encima de las necesidades de cada entidad federativa.
En el caso de la Escuela Normal Luis Villarreal de El Mexe, en Hidalgo, Fuentes Molinar responsabilizó al PRD y a sus autoridades locales de intervenir en el conflicto -"eso es público y notorio"-, cuyas demandas "no tienen contenido o preocupación académicos, sino la intención de presionar para ampliar la matrícula de primer ingreso, el número de becas y el otorgamiento automático de plazas de trabajo.
"Eso ha sido motivo de conflictos constantes y recurrentes, que se han traducido en la movilización de alumnos, el rompimiento de líneas indispensables de trabajo y una reducción muy importante de los días efectivos de labores", subrayó en conferencia de prensa, convocada luego de los hechos violentos del sábado en Hidalgo. Al respecto, se abstuvo de hacer comentarios, pues "son asuntos del rompimiento del orden público". Sin embargo, minimizó los conflictos en las normales de Jalisco, Michoacán, Guerrero, estado de México, Puebla, Zacatecas y Campeche al señalar que representan "menos de 5 por ciento" de la población escolar, pues involucran a unos 7 mil estudiantes.
Al negar que exista una política para cerrar las normales rurales, en particular la de El Mexe, por razones políticas -"no está considerada subversiva"-, el funcionario refirió que desde octubre de 1997 la SEP y las autoridades educativas de los estados convinieron conjuntamente, a partir de la federalización de la educación básica y normal decretada en 1992, en regular la matrícula de ingreso en todas las normales de acuerdo con las expectativas de crecimiento del sistema educativo en cada entidad, y en función de eso determinar el número "razonable" de estudiantes a admitir.
Por ello consideró "improcedente" ampliar el tamaño de las instituciones más allá de las necesidades de cada entidad. "Si no se tiene una política cuidadosa de admisión, cuatro años después un estado se enfrenta con el problema de egresados que no puede ocupar al no crecer el sistema educativo a la misma velocidad".
Según el funcionario, la población en edad de cursar los estudios primarios desde hace tres años "no está creciendo ni va a crecer por razones demográficas". Por eso, justificó, "los gobiernos estatales, en particular el de Hidalgo, han tomado una posición cuidadosa, bien meditada en los términos de crecimiento de su matrícula y del otorgamiento de becas".
Para Fuentes Molinar, la habilitación de estudiantes de secundaria como maestros en las normales rurales no es indicativo de más docentes en el país, pues en todo caso habría que revisar en cuáles estados hay necesidad y en cuáles no. Argumentó que se optó por contratar a los "instructores comunitarios", que operan los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, porque los maestros de formación con licenciatura emigran de su localidades.
Dijo que en los últimos años ha operado el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Normales -"incluidas de manera destacada las rurales"-, que ha implicado inversiones considerables y una transformación integral con el establecimiento de un nuevo plan de estudios, el cual opera en 250 planteles, con una población de 190 mil estudiantes.
Fuentes Molinar indicó que mediante un programa de recursos adicionales para las normales, este año se incrementarán los recursos en relación con el año pasado, en que se destinaron 660 millones de pesos, pues se canalizarán 850 millones de pesos.
En el caso de Hidalgo, acotó, se invertirán 11 millones 500 mil pesos, de los cuales 30 por ciento (3 millones 600 mil pesos) será destinado a El Mexe.
Ť Soberanes: intercederá por universitarios presos
La CNDH no intervendrá en El Mexe; "es un asunto local"
Ť Llamada de alarma sobre la violencia gubernamental: Garavito
Jesús Aranda, Ciro Pérez y Alonso Urrutia Ť La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no intervendrá en los hechos violentos ocurridos en El Mexe por tratarse de un asunto local; sin embargo, intercederá ante las autoridades federales en el caso de los universitarios detenidos en el Reclusorio Norte, para que se respeten plenamente sus garantías individuales, afirmó José Luis Soberanes.
En tanto, la senadora perredista Rosa Albina Garavito subrayó que esos hechos son una llamada de alarma de la forma como el gobierno pretende resolver los conflictos sociales, provocados en el caso estudiantil por el abandono de las responsabilidades del Estado para garantizar el derecho a la educación, para lo cual no sólo usa la fuerza policiaca, sino que manipula la legalidad para justificar la represión.
La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, María del Carmen Díaz, sostuvo que a la restricción de recursos públicos a la educación se suma la falta de sensibilidad de las autoridades para resolver conflictos como los de la UNAM o El Mexe, y que tienen su origen en el desinterés gubernamental para atender las demandas educativas.
Entrevistado al término de la ceremonia en la que se puso en marcha el Programa de Atención a Víctimas del Delito, de la CNDH, Soberanes precisó que si bien la comisión está al pendiente de los hechos en El Mexe, por el momento los acontecimientos son competencia del organismo humanitario hidalguense, y la CNDH es "muy respetuosa" de la soberanía de esa entidad.
Garavito subrayó la gravedad que implica que el gobierno acuda a la fuerza pública para resolver problemas generados por su propia política social, en este caso educativa. Destacó el abandono que enfrentan las normales rurales a pesar de la importancia que han tenido como instancias de desarrollo educativo y social en ese sector, "y los hechos en Hidalgo hablan en contra de su política de desmantelamiento de las normales rurales.
"Con esos hechos en El Mexe debiera quedarle claro al gobierno que no es mediante la violencia y la política represiva como se pueden enfrentar los problemas educativos. Los movimientos estudiantiles representan una reacción a su política social, por lo que sería más prudente y necesario revertir la tendencia de reducir el gasto en ciertos ámbitos de la educación."
El vicecoordinador de los diputados perredistas, Jesús Martín del Campo, alertó sobre la "lectura equivocada" que gobiernos estatales le están dando a la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Ciudad Universitaria, y están cayendo en la "tentación" de actuar igual. "Creen ahora que toda manifestación, todo pensamiento diferente, debe ser objeto de una represión violenta de la fuerza pública".
El vocero de la bancada del PRI, Carlos Jiménez Macías, exigió que se realice una "exhaustiva" investigación para deslindar responsabilidades, luego de que el candidato a la Presidencia de la República por el PARM, Porfirio Muñoz Ledo, acusó al PRD de financiar movimientos como los de El Mexe "para alentar desorden social".
Para la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el problema de las normales rurales, y en general de la educación, tiene dos vías: "El conflicto en El Mexe es resultado de la inconformidad social y la crisis del modelo educativo, que no sirve ni para la sociedad ni para satisfacer las necesidades del país".
Reconoció que el momento político, en el que confluyen las campañas electorales y el último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, no se corresponde con las demandas de la población, pero aseguró que su partido, el PAN, mantendrá en el centro del debate la situación por la que atraviesa la educación pública.
Soberanes comentó que continúa abierta la investigación de la CNDH en torno a la ocupación de las instalaciones de CU por la PFP, y en su momento determinará si emite o no una recomendación.
"Creemos estar coadyuvando positivamente a un clima de distensión y de colaboración dentro de la UNAM, que es lo que nos interesa", subrayó.
Ť La comunidad de la UPN rechazará que se le utilice, señala académico
El conflicto hidalguense, decisión política de un cacicazgo
María Esther Ibarra Ť La intención de cerrar la normal rural de El Mexe es una decisión política impuesta por un cacicazgo educativo, encabezado por el responsable de educación en Hidalgo, Jaime Costeiro. Por ello, la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) rechazará que la institución sea utilizada como mecanismo de presión para golpear al movimiento estudiantil y cancelar la única posibilidad educativa hacia la población más marginada del país.
César Navarro, académico de la licenciatura de sociología de la educación de la UPN y representante sindical de la unidad Ajusco, dijo lo anterior e informó que ante las declaraciones del director de la normal de El Mexe, para que sus estudiantes pasaran a aquélla institución, un grupo de profesores, alumnos y trabajadores solicitará al Consejo Académico de la Pedagógica -se tiene previsto que sesione la próxima semana- una declaración para rechazar que se le involucre en "el juego turbio" de las autoridades educativas de Hidalgo.
Comentó la entrevista que un grupo de la UPN sostuvo en días pasados con la rectora Silvia Ortega: "Le manifestamos nuestro rechazo a esa pretensión, y ella nos comunicó que llamó al director de la normal de El Mexe, quien le aseguró que fue una disposición unilateral del responsable de educación en Hidalgo y que a él a mismo lo había tomado por sorpresa.
"Nosotros no creímos la explicación del funcionario, porque en el estado se ha implantado un cacicazgo educativo, pues el director de la UPN en Pachuca es primo hermano del secretario estatal de educación, y el hermano mayor de éste es director del Instituto de Educación."
Mencionó que la rectora les pidió tiempo para ver la situación. "Pero insistimos en que debía haber una declaración de la UPN para rechazar y lamentar que se pretenda utilizar a nuestra institución para solucionar un conflicto político encaminado a cerrar El Mexe". Además, "sería violatorio al decreto de creación de la UPN, dado que no tiene entre sus funciones la de formar docentes, y por tanto es improcedente tratar de convertirla en escuela normal".
Incluso, añadió, la comunidad de la UPN envió un documento al director de la normal de El Mexe. "En él se rechaza tajantemente que se nos utilice como mecanismo de presión para resolver el problema, y que de no dar marcha atrás plantearíamos la situación al Consejo Académico".
Egresado de la normal rural de San Marcos, en Zacatecas, y ex secretario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, para Navarro el caso de la normal hidalguense tampoco está aislado de la política educativa del actual gobierno. "Forma parte del proyecto privatizador que se refleja en la disminución al gasto educativo y, consecuentemente, en el deterioro de la calidad de la educación, así como de las condiciones laborales y de actualización del magisterio".
Para Navarro, las normales rurales han estado sujetas a presiones para desaparecerlas. "Han sido forjadoras de movimientos sociales campesinos y estudiantiles democráticos, y entonces se les ha considerado semillero donde se forman maestros adversos social y políticamente al sistema."
Pero resulta "aterrador" que se pretenda cerrarlas, cuando la "propia SEP ha reconocido que 50 por ciento de los niños no concluye la enseñanza primaria, en particular de las zonas rurales del país, por su incorporación muy temprana al trabajo".
Admitió que se necesitan cambios en las normales rurales, pero de otra manera y no con salidas policiacas o su cierre.
Ť Admite el gobierno de Hidalgo que las armas eran de la DGSPT; "no se usaron"
La policía disparó, insisten vecinos de Tepatepec
Claudia Herrera Beltrán, enviada, Tepatepec, Hgo., 21 de febrero Ť "Si hubiéramos tenido armas, los policías no habrían salido vivos". Así es la ira de María Elena, que prefiere reservarse su apellido e identificarse como "del pueblo", y de decenas de vecinos de la normal rural de El Mexe, que a tres días de la refriega con granaderos se desgañitan para desmentir al gobierno de Hidalgo y aseguran que los agentes sí dispararon.
"Los que traían las armas eran los policías; cortaban cartucho y disparaban al aire o nos amenazaban directo a la cara", concuerdan lugareños y hasta los doctores del pequeño centro de salud de la colonia Lázaro Cárdenas, que tuvieron que esconder y dar consulta a 18 personas -según el parte médico- perseguidas por los granaderos el sábado pasado, cuando los habitantes recuperaron la que llaman su escuela.
Las voces de coraje se multiplican entre campesinos de ropas humildes y hablar franco, porque en el operativo se desató la peor represión que recuerden: mujeres, ancianas y hombres aún muestran contusiones y hematomas en cabeza, brazos y piernas; 10 niños aún padecen las secuelas de los gases lacrimógenos. "En mis 58 años que tengo, ningún gobernador había hecho eso", resume Liborio Granados.
Tres días después del frustrado operativo de la policía hidalguense para adueñarse del plantel educativo, los habitantes de Tepatepec siguen irritados y amenazantes: "šEl pueblo se va a calmar, pero primero que ellos se aplaquen!", gritan, y acusan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de haber solapado la represión.
Caminar por el antiguo casco de la ex hacienda de El Mexe es toparse con la indignación. Padres, tíos o abuelos de los normalistas no se arredran. Hacen guardia en las cuatro puertas de acceso a la escuela, llevan "un taquito" a los jóvenes, limpian el viejo edificio que padece ya los estragos de más de un mes de resistencia estudiantil y algunos hasta mantienen palos y piedras en la mano, "por si quieren regresar".
"Que le den gracias a Dios de que no se usaron los machetes y los guingaros (instrumentos de labranza), porque nos esta-ríamos lamentando todos. Ni ellos ni nosotros estaríamos vivos", insiste un joven.
Uno jornalero extiende su mano y muestra dos cartuchos hallados en las patrullas incendiadas en el interior de la escuela para impedir la huida de los policías. "Qué más pruebas quieren que los cartuchos quemados", insiste, y le hace segunda otro: "ƑUsté cree que como campesinos íbamos a traer armas de alto poder?" Se refería al reporte oficial del gobierno: tres escopetas calibre 12, seis armas largas Vector, un lanzagranadas de gas, una escuadra calibre 9 milímetros y 433 cartuchos útiles calibre R 15.
Los de Tepatepec sostienen que las armas fueron utilizadas, y desafían al gobierno, que asegura que no hubo disparos. Los momentos y los lugares cambian, pero las versiones coinciden en que se escucharon tiros. Doña María Elena vio cuando dos policías "cortaron cartucho y comenzaron a disparar al aire", y Ernestina presenció cuando a otro se le cayó la pistola. Josefina hasta se atrevió a desarmar a un guardia: "Le di una cachetada", luego de que los hombres lo habían arrinconado en una esquina. Para evitar ser acusados de "guerrilleros", finalmente los vecinos entregaron las armas el domingo pasado.
Según los testimonios, el enfrentamiento entre vecinos y policías ocurrió poco después de las seis de la mañana del sábado, cuando corrió la voz de que los muchachos habían sido desalojados con violencia y trasladados a Pachuca. "šDíganme quién tiene a mi nieto, dónde se lo llevaron!", les exigió Manuela Zacarías, de 58 años, que se sostiene con un bastón porque fue pateada por dos granaderos cuando se puso "necia" y les dijo: "De aquí no pasan".
Una vez que los granaderos se posesionaron del plantel, los pobladores de la colonia Hernández, ubicada a la salida de El Mexe, impidieron el paso a la fuerza pública. Los de la colonia Lázaro Cárdenas, que apostados a un lado del canal del desagüe intentaron entrar a la escuela, fueron correteados. En su desesperación, las "mujeres mayores" se refugiaron en casa de la señora Alvara, pero los vidrios fueron apedreados por sus perseguidores, y luego una granada de gas lacrimógeno fue arrojada; aún está al pie del árbol en el que cayó.
Por momentos las distintas narraciones se confunden, por la desesperación de contar lo que sucedió. "šMi hija está enferma de calentura!", grita por un lado una señora con delantal verde. "A mí me pegaron y me gasearon", susurra Adelina. "A don Pancho también le dieron un macanazo", recuerda otra. "Fue un piedrazo", corrige Juana Cortés.
El reporte del centro de salud de Lázaro Cárdenas, proporcionado por los doctores Julio César Bautista y Daniel Guerrero, indica que Antonio Telésforo Cruz (57 años) presentó traumatismo craneoencefálico y dos heridas en la frente y el brazo que fueron cerradas con 20 puntadas. Luis Pérez (22 años), cinco puntadas por una herida en la frente, y Angel Torres (52 años), con fractura en el brazo derecho. Además, cinco lesionados leves y 10 intoxicados con gas lacrimógeno.
Tempestad sin calma
La tensión persiste en El Mexe. Los vecinos una y otra vez amenazan con volver a perseguir policías en caso de que la escuela "del pueblo" no se reabra, y acusan una y otra vez de "asesino y represor" al gobernador Manuel Angel Núñez Soto.
Carlos Camacho, corresponsal, Pachuca, Hgo., 21 de febrero Ť El gobierno del estado admitió que las armas entregadas ayer por vecinos y alumnos de la Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe son de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito (DGSPT), pero aclaró que no se utilizaron en el operativo de recuperación de la escuela, el sábado por la mañana, sino que las llevaban 28 granaderos que acudieron a "auxiliar" a sus compañeros retenidos por el pueblo.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Miguel Angel Osorio Chong, y la procuradora de Justicia, Flor de María López González, adelantaron que se inició una averiguación previa en contra de quien resulte responsable por los delitos de incitación a la violencia, lesiones, daño en la propiedad y daño al patrimonio gubernamental, por los hechos ocurridos durante el operativo policiaco y la posterior retención de 68 agentes.
Agregaron que durante la refriega resultaron heridos de bala los agentes Gregorio Martínez Márquez y Jorge Arteaga Zamora, mientras que José Gustavo Márquez Ortiz fue internado en la clínica del ISSSTE de esta capital, con una fractura en la cabeza provocada por una piedra.
Osorio dijo que se realiza una investigación minuciosa sobre las personas que incitaron a la población a reunirse, con los argumentos de que en El Mexe se estaba masacrando a los estudiantes y los granaderos habían violado a las muchachas.
Respecto a si se fincará responsabilidad al presidente estatal del PRD, Luciano Cornejo Barrera, y el alcalde del municipio de Francisco I. Madero, Martiniano González López, señalados como unos de los incitadores a la violencia, respondió que en la investigación se determinará si son o no responsables.
Advirtió que el gobierno "no negocia con la ley", por lo que los ocho normalistas encarcelados desde enero pasado seguirán sujetos al proceso que se les sigue por los delitos de secuestro, robo calificado y asalto agravado.
La procuradora indicó que nadie ha presentado denuncia contra el gobierno y la policía, como se había especulado.
La historia oficial
En la cárcel de Molango continúan los alumnos Paulina Martínez López y Rufino Vázquez Hernández; en el penal de Pachuca, Oscar Hernández Tolentino, Fortunato Cuervo Bautista, Griselda Mendoza Sánchez y Miguel Angel Santiago Hernández, y en Tulancingo, Elder Lara Covarrubias y Octavio Castillo Amador, uno secretario general del comité estudiantil izquierdista de la normal de El Mexe y el otro integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Sin embargo, los alumnos de El Mexe reclaman la libertad de 14 estudiantes.
Durante la conferencia de prensa, Osorio Chong hizo "una reseña" de lo que ocurrió el sábado en El Mexe:
Unos 400 granaderos fueron acompañados por cinco observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, así como varios notarios públicos, que "dieron fe de que la gente no iba armada".
En la toma de la escuela se detuvo a 169 personas, entre estudiantes y padres de familia que "estaban dormidos"; todos fueron trasladados en camiones, mientras un grupo de agentes resguardaba el plantel.
Cuando el otro grupo se retiraba, en Lázaro Cárdenas unos 30 vecinos se le cruzaron, pero no pasó de ser "un incidente", aunque más adelante otros habitantes se enfrentaron a los granaderos y hubo golpes, cristales rotos y fueron detenidas otras 20 personas, para un total de 189, que fueron enviadas a la Procuraduría General de Justicia. Allí había concluido el operativo, que duró de las 6:45 a las 9 horas, y durante el cual se ordenó revisar las 50 hectáreas del plantel, pues se supo que había tambos con gasolina, de las pipas que retuvieron los alumnos desde enero. "Pero, la verdad, no se encontró nada".
Osorio refirió que telefónicamente le pidió al alcalde Martiniano González informar a la gente sobre el operativo y desmentir las versiones de masacre y violación. Pero la multitud arremetió contra los granaderos.
La tarde del sábado, "por indicaciones del señor gobernador", Osorio se trasladó a Actopan, donde comenzó a negociar con ocho personas, entre ellas el presidente estatal del PRD, con quienes se plantearon tres puntos: la excarcelación de los 189 detenidos, que por la noche salieron libres bajo fianza; la libertad de los ocho alumnos sujetos a proceso, cosa que se negó, y que la escuela quedara a cargo de padres y alumnos, lo cual se aceptó.
Osorio refirió que hay versiones de que en el conflicto de El Mexe están involucrados representantes del CGH de la UNAM y del Frente Popular Francisco Villa, "que nada tienen qué ver con ese asunto". Agregó que una comisión de alumnos y padres de familia se reuniría a las 18 horas con funcionarios de Gobernación y del Instituto Hidalguense de Educación, para revisar y buscar soluciones.
Por otro lado, Armando Azpeitia, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Hidalgo, informó que profesores de los municipios de Actopan, San Salvador, Mixquiahuala, Progreso, Tezontepec de Aldama y Francisco I. Madero se organizan para apoyar en su lucha a los estudiantes de El Mexe.
Ť Primera mesa de diálogo en torno al conflicto
Acuerdan liberar a tres de los ocho normalistas de El Mexe
Carlos Camacho, corresponsal; Claudia Herrera Beltrán, enviada, Pachuca, Hgo., 21 de febrero Ť En la primera mesa de diálogo entre autoridades gubernamentales y educativas y representantes de alumnos y vecinos de la normal rural de El Mexe se acordó la liberación de tres de los ocho estudiantes presos y la creación de una comisión responsable de plantear la excelencia académica, con el fin de que la escuela se reabra lo más pronto posible.
Después de tres horas de acusaciones mutuas, los asistentes -reunidos en el palacio de gobierno- fijaron los tiempos para instalar la comisión que empezará sus trabajos el próximo miércoles; los funcionarios gubernamentales señalaron que los tres estudiantes detenidos saldrán de la cárcel este martes, bajo las reservas de la ley.
Luego de los hechos de violencia del jueves y el sábado pasados, estas pláticas significaron un avance "importante", según las autoridades estatales. Sin embargo, los padres de familia insistieron en que no se podrá dar un balance positivo en tanto no se defina una fecha para la reapertura del centro educativo.
El subsecretario de Gobierno, Juan Carlos Alva, se quejó de que mientras se dieron los primeros acercamientos firmes, estudiantes de las normales rurales de Atequiza, Jalisco, y Panotla, Tlaxcala, se trasladaron a El Mexe, y "no sabemos con qué intenciones".
María Elena Hernández respondió que obedeció a que en las noticias se enteraron de que el gobierno iba a endurecer su postura, y aclaró que no son zapatistas, sino gente que llegó a apoyar a los estudiantes.
Hortencia Hernández denunció que los 170 alumnos que están en la Universidad Pedagógica Nacional viven en "condiciones de secuestro", pues no los dejan salir del hotel y de la escuela ni comunicarse con sus familiares.
Los representantes estudiantiles advirtieron sobre el riesgo de que se pierda el semestre que, de acuerdo con el calendario escolar, terminó el jueves pasado, por lo que hicieron un llamado para que se agilicen las negociaciones para reanudar las clases.