Ť La Liga de los Derechos del Hombre afirma tener pruebas al respecto
Intercambian Argentina y Chile informes de espionaje
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 22 de febrero Ť La policía de Argentina y la de Chile han estado intercambiando en los últimos años información sobre tareas de espionaje que involucran seguimientos de personas, intervenciones telefónicas y de correos electrónicos, así como vigilancia domiciliaria, denunció la Liga de los Derechos del Hombre de Argentina.
De acuerdo con documentos que tienen en su poder abogados de ese organismo, estas acciones fueron realizadas por la Brigada de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (BID) de Chile y el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Pero estos no son los primeros datos de espionajes coordinados que se denuncian, advierten los abogados Carlos Zamorano y Rodolfo Yanzón.
En este contexto es que varios letrados advierten también sobre los alcances del nuevo proyecto de Ley de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que podría ser aprobado por consenso entre el justicialismo (peronismo) que gobierna ese estado y el gobierno nacional de la Alianza (de socialdemócratas y centroizquierdistas). Estas leyes aumentan el poder de acción de la policía al permitir las revisiones de bolsos y automóviles, la retención de personas, los interrogatorios prejudiciales y el aporte de "elementos de juicio" por parte de los organismos policiales, lo que remite a los operativos de la pasada dictadura militar (1976-83).
Pero el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf espera que su proyecto de ley no sólo sea aprobado, sino además que se extienda a todo el país para evitar que "los delincuentes crucen las fronteras" de su provincia para refugiarse en otras. Tanto Ruckauf como su ministro de Seguridad, el ex coronel golpista Aldo Rico, han sostenido que una vez puesta en marcha la ley "no alcanzarán las cárceles", pero nada han dicho sobre la corrupción de la policía de la provincia, sobre la cual pesan acusaciones que van desde robos a asesinatos, ni sobre el aumento de la pobreza y el desempleo.
Sobre la coordinación policial entre Chile y Argentina, los abogados Zamorano y Yanzón basan su denuncia en un intercambio de correspondencia entre los aparatos de inteligencia de ambos países que revelan seguimientos a personas que van desde los cuatro chilenos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que se fugaron de una cárcel de Santiago en diciembre de 1996, a militantes de derechos humanos y periodistas.
En ambos países numerosas líneas de teléfonos fueron controladas bajo el pretexto de buscar a los militantes del FPMR. Entre los documentos figura la solicitud de funcionarios de la Policía Federal Argentina para averiguar identidad, domicilio, profesión, actividades y vínculos de familiares y amigos de quienes hubieran realizado llamadas desde Argentina a 41 teléfonos de usuarios chilenos y otros ubicados en Suiza, España y Cuba.
En Argentina, la causa abierta por el pedido de captura internacional librada contra los cuatro chilenos en febrero de 1997 está en manos de Norberto Oyarbide, un allegado al ex presidente Carlos Menem ahora suspendido por denuncias de corrupción, y remplazado por Gabriel Cavallo.
El listado de los teléfonos cruzados entre ambos grupos policiales corresponden a organizaciones de derechos humanos, integrantes históricos y ex simpatizantes del FPMR, familiares y amigos de los fugados, así como organismos humanitarios. Este espionaje llevó a la detención en Argentina el año pasado de Claudio Molina Donoso, uno de los cuatro evadidos, aunque ya había sido ubicado desde finales de1998, se lo dejó libre para seguirlo y ubicar así a sus amigos y contactos.
Para los abogados de la Liga, la coordinación entre ambos organismos de inteligencia afecta derechos constitucionales como la inviolabilidad de las comunicaciones. Las investigaciones de distintos letrados que tuvieron acceso a la documentación demuestran que existió intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina, ya que hay documentos membretados que se refieren a las "conexiones" entre argentinos y miembros del FPMR.
La policía chilena, por su parte, habría pasado informes sobre las llamadas "colaterales", en su mayor parte de organismos humanitarios, mientras habría recibido de sus pares argentinos los nombres de quienes han visitado a presos en las cárceles locales, las placas de los automóviles utilizados por éstos y las direcciones de casas que visitaron los familiares de los chilenos en busca de ayuda.
Incluso se menciona a un ciudadano de nombre vasco, Mikel Korta, que suponen pertenece a "una colateral" del grupo armado vasco ETA.
Durante las pasadas dictaduras que gobernaron el Cono Sur, todos los organismos humanitarios eran considerados "colaterales" de diversos grupos políticos opositores y muchos de sus miembros están hoy desaparecidos. También en esos años, las policías y militares de los países de la región coordinaron sus acciones represivas en un pacto de muerte, para llevar adelante la denominada Operación Cóndor.