* Es la posición oficial de la PGR, asegura Joaquín González Casanova

México debe suscribir el Estatuto de Roma

* La SRE solicita resolver primero las contradicciones entre la CPI y las leyes nacionales

Jesús Aranda * La "posición oficial" de la Procuraduría General de la República (PGR) es de que México debe suscribir cuanto antes el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI) sostuvo Joaquín González Casanova, director general de Protección de los Derechos Humanos de la PGR.

Al participar ayer en los trabajos del Seminario sobre justicia penal internacional, convocada por ONG, que lanzarán este viernes una campaña nacional para la firma y ratificación del Estatuto de Roma, González Casanova añadió que una vez que México se suscriba a este convenio, el Ejecutivo debe de enviar al Congreso de la Unión las propuestas de reforma constitucionales y legales necesarias para homologar nuestras leyes con el Estatuto.

Las palabras del representante de la PGR, que aunque primero dijo que hablaba "a título personal", y después agregó que compartía plenamente el punto de vista oficial de la dependencia, con- trastan con las del embajador emérito Sergio González Gálvez y de José Humberto Castro Villalobos (del área de la consultoría jurídica de la cancillería), quienes en este mismo foro destacaron no sólo las objeciones que en materia de política exterior llevaron a México a no firmar la convención en 1998, sino que también plantearon que antes de que nuestro país se suscriba al tribunal de- bían resolverse las contradicciones legales que hay actualmente entre la legislación de la CPI y la Constitución y leyes secundarias nacionales.

Sin embargo, para González Casanova, cuestiones como tener que reconocer la supremacía del estatuto sobre las leyes nacionales con relación a los casos específicos tratados en la convención; las dudas que hay sobre la posibilidad de que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito ųlo cual prohíbe la constituciónų; la extradición y entrega de nacionales, que la legislación internacional considere la cadena perpetua y nuestra legislación no; la intervención abierta o no de un fiscal de la CPI en territorio nacional, cuando el monopolio de la investigación la tiene el ministerio público.

También que para la CPI no exista inmunidad de ningún funcionario ųempezando por los jefes de Estado y parlamentariosų, mientras que la legislación mexicana si considera la inmunidad para altos funcionarios y legisladores.

Estos y otros temas, añadió el funcionario de la PGR podrían dar lugar a una legislación específica al respecto, o bien, dijo podrían ser reformados por el Congreso, una vez que México firme el estatuto.

Y ya después de que se lleven a cabo las modificaciones legales pertinentes, entonces sí, el Senado de la República estaría en condiciones de ratificar este instrumento; el cual, por cierto, ya fue firmado por 94 países y ratificado por seis naciones.

Por otro lado, este viernes la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Coalición por la Corte Penal Internacional y otras ONG lanzarán la campaña nacional para la firma y ratificación del Estatuto de Roma, el cual tiene como principal objetivo castigar de manera individual a quienes cometan delitos de lesa humanidad, genocidio, narcotráfico y crímenes de guerra.