La palabra incumplida
* Adelfo Regino Montes *
Han pasado cuatro largos años desde que se firmaron los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. La firma de estos primeros acuerdos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) representó para muchos de nuestros pueblos una luz de esperanza prendida en medio de una inmensa oscuridad. Después de una larga historia de olvido y exclusión, por fin los indígenas mexicanos habíamos llegado a San Andrés para plantear en términos dignos y justos nuestras demandas y reivindicaciones fundamentales.
El 16 de febrero de 1996, se había cumplido puntualmente lo que un dirigente indígena tzeltzal había pronunciado días antes en una asamblea comunitaria: "no se trata de ir a San Andrés a pedir al gobierno que nos entregue razón y corazón, pues éstos son nuestros... se trata de ir allá a dar y oír la voz indígena, la voz del pueblo, la que nadie ni nada puede ni podrá callar". Dar la voz y ser escuchados representaban los logros más profundos del levantamiento armado del EZLN. Y en este marco, el diálogo adquirió mucho mayor trascendencia en la medida en que la voz del EZLN, era la voz de numerosas comunidades y organizaciones indígenas de México.
Frente a nuestro optimismo, pronto llegó el pesimismo. Frente a la palabra y al diálogo, pronto llegaron el silencio y la violencia. Frente a la posibilidad del reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, el gobierno optó por el paternalismo, el asistencialismo y las políticas de caridad. Entonces la palabra perdió su valor y el diálogo se marchitó como la primavera. Al incumplir su palabra empeñada, Ernesto Zedillo hirió de muerte a todo el proceso de negociación. Desde entonces, según la visión gubernamental, los acuerdos de San Andrés son letra muerta y, en todo caso, un buen pretexto para la ofensiva política y militar.
De igual modo, los acuerdos de San Andrés y la propuesta de reformas constitucionales de la Cocopa fueron un buen pretexto para desatar fantasmas en contra del EZLN y de los pueblos indígenas. Ante las propuestas de autonomía y territorio indígena se dijo que dicha iniciativa atentaba contra la unidad y la soberanía nacional. Frente a la demanda del reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, se afirmó que los pueblos querían fueros y privilegios. Sin embargo, el gobierno sabe que ningua de sus aseveraciones anteriores tiene fundamento real.
Entonces la reforma constitucional, legal e institucional sobre derechos indígenas en el plano nacional quedó pendiente y, aunque el gobierno sugirió astutamente la conveniencia de realizar reformas constitucionales y legales en el plano de las entidades federativas para reconocer los derechos indígenas, lo cierto es que en un régimen jurídico centralista como el mexicano, de poco pueden servir estos avances por cuestiones de anticonstitucionalidad e inconstitucionalidad. Por esta razón muchas de estas normas sólo existen de manera declarativa.
A pesar de que el gobierno afirme que está cumpliendo con los acuerdos de San Andrés al crear nuevos municipios en Chiapas, al instaurar juzgados de paz en las comunidades y al asignar recursos financieros a los pueblos, vía Progresa, Procampo, Alianza para el Campo, entre otros, avanza una política etnocida que está destruyendo la organización económica, política, jurídica y social de las comunidades. La bilateralidad para el cumplimiento y la ejecución de los acuerdos de San Andrés ha estado ausente en las acciones que el gobierno ha instrumentado. La Cosever --instancia encargada de verificar y dar seguimiento a los acuerdos de San Andrés-- no ha funcionado hasta el día de hoy.
Al incumplirse la palabra y los acuerdos, se ha descartado el diálogo como medio de solución de los grandes problemas nacionales. Esto ha pasado con los acuerdos de San Andrés. Esto está pasando hoy día en la UNAM, dada la solución de fuerza que se dio a la huelga, pero una sociedad no puede vivir sin palabra ni diálogo. Somos sociedad precisamente por la facultad de pensar y de llegar a acuerdos. Y México necesita de un diálogo verdadero para reconstruir a nuestro país. La utilización de la fuerza policiaca, paramilitar y militar no es más que una simple salida que conduce a un abismo profundo. Los mexicanos debemos esforzarnos por no llegar a ese abismo, procurando que la palabra y el pensamiento orienten nuestras acciones hacia una mayor dignidad y justicia. *