SABADO 26 DE FEBRERO DE 2000
* La impunidad sigue presente, cita un informe del Departamento de Estado
Persisten en México serios abusos en materia de derechos humanos
* Asesinatos extrajudiciales, desapariciones y tortura, entre ellos, señalan en Washington
* Los esfuerzos para mejorar esta situación han tenido un ''éxito limitado'', agregan
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 25 de febrero * El Departamento de Estado sostuvo hoy que en México persisten serios abusos de derechos humanos, entre ellos asesinatos extrajudiciales, desapariciones y tortura.
''Los esfuerzos del gobierno (mexicano) para mejorar la situación de los derechos humanos han tenido un éxito limitado'', afirmó el Departamento de Estado en su informe anual sobre la situación del respeto a las garantías a nivel mundial. ''Aunque el gobierno ha sancionado a algunos funcionarios públicos, oficiales de policía y miembros de las fuerzas armadas, una cultura de impunidad continúa permeando a las fuerzas de seguridad''.
La sección sobre México ųde 52 páginas, en el documento de más de milų inicia reconociendo que el gobierno mexicano ''generalmente ha respetado muchos de los derechos humanos de sus ciudadanos''. Pero esa breve afirmación es seguida por una larga lista de los ''serios problemas'' que persisten, incluyendo la corrupción de la policía, el arresto y detención arbitrarios, la ineficacia y corrupción judicial, la discriminación contra comunidades indígenas, amenazas contra los promotores de derechos humanos y límites a los derechos laborales.
Gran parte de la sección mexicana en este informe es una crónica de las violaciones de los derechos durante el último año, y se incluyen amplias referencias al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), varias organizaciones regionales y los informes de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas en esta materia.
''La Constitución prohíbe la tortura, sin embargo, ésta continúa siendo un problema serio'', afirma el informe, y señala que los tribunales siguen permitiendo el uso de declaraciones y confesiones obtenidas mediante presiones físicas. ''Las autoridades fiscalizan y castigan a pocos oficiales por tortura, y esta impunidad induce la práctica'', señala.
El informe se centra en abusos de los derechos humanos relacionados con el rubro del narcotráfico, particularmente en el norte del país, aunque incluye una mención al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, así como la desaparición de casi 200 mujeres en Ciudad Juárez desde 1993. También precisa que ''miembros de las fuerzas de seguridad, tanto militares como policías, han cometido matanzas extrajudiciales, políticas y otras''.
Añade que la violencia políticamente motivada continúa azotando los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, e incluye una amplia sección del conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la presencia militar en el estado de Chiapas. Se señala que los militares mexicanos continúan negando responsabilidad en los abusos cometidos en 1994, y ''se alega que grupos civiles armados, controlados por jefes políticos locales ligados de alguna manera con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cometieron muchas violaciones de derechos humanos'' en la entidad chiapaneca. Después de comentar la iniciativa de paz del gobierno, de septiembre de 1999, el informe dice que ''los militares continúan manteniendo una presencia amplia a través del estado, en respuesta al alzamiento del EZLN....''.
Amenazas a promotores de
organismos no gubernamentales
Por otro lado, se destacan los ataques a grupos defensores de derechos humanos, como los casos del Centro Pro y la abogada Digna Ochoa, así como las amenazas recibidas por otros promotores, pero a la vez se argumenta que una amplia gama de estas organismos no gubernamentales (ONG) operan ''en gran medida sin restricción gubernamental''.
Otros rubros tratados en el informe incluyen una creciente libertad de la prensa, abusos de los derechos humanos de las mujeres, los menores de edad, indígenas y minorías religiosas. Además, hay una amplia discusión sobre los ataques contra sindicatos y los límites impuestos a los derechos laborales.
Finalmente, el Departamento de Estado ha intentado contextualizar estos informes anuales en materia de derechos humanos, al incluir los temas sociales y económicos generales.
En la introducción a la sección del informe del Departamento de Estado sobre México, el gobierno estadunidense señala que la economía mexicana se recupera de la crisis de 1994. Agrega que aparentemente en el intento de explicar la fuente de algunas tensiones en México, ''la distribución del ingreso permaneció desigual; 20 por ciento más rico de la población recibió aproximadamente 60 por ciento del ingreso total, mientras 20 por ciento de abajo obtuvo menos de 5 por ciento''.