DERECHOS HUMANOS: ASIGNATURA PENDIENTE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionará el 6 de marzo para discutir la situación general de los derechos humanos en nuestro país, pero lo haría sólo con la presencia de organizaciones no gubernamentales mexicanas, no con la de representantes del gobierno. Llama la atención que éste, en vez de presentar su propia versión de los hechos, prefiera, aceptando la posición del representante jurídico de las fuerzas armadas, dar como "respuesta" el silencio y la ausencia, reforzando así indirectamente las protestas y acusaciones no sólo de importantes asociaciones civiles nacionales e internacionales sino también del propio gobierno estadunidense.

En efecto, ayer mismo el Departamento de Estado trazó, sin medios términos, un negro cuadro de la situación imperante en nuestro país en materia de derechos humanos y llegó a decir que "una cultura de la impunidad continúa permeando a las fuerzas de seguridad" mexicanas. Aunque, suavizando sus afirmaciones, sostuvo que "generalmente" el gobierno mexicano ha respetado "muchos" de los derechos humanos de sus ciudadanos, el gobierno estadunidense, basándose en los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre esta materia (que en su momento fueron rechazados con indignación por las autoridades nacionales), denunció no obstante la persistencia de la discriminación contra las comunidades indígenas, la persecución y las amenazas a los defensores de los derechos humanos, la corrupción policial, los arrestos arbitrarios, la corrupción judicial, la violación de los derechos laborales y sindicales, la tortura, las matanzas realizadas por personal policial, militar o paramilitar y por caciques locales ligados al Partido Revolucionario Institucional.

Todas estas comprobaciones son en sí mismas graves, pero si se recuerda que en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea México ha aceptado la llamada "cláusula democrática", que autoriza a la UE un derecho de observación sobre la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, la aceptación tácita por parte del gobierno mexicano y de las fuerzas armadas de estas acusaciones de Estados Unidos podría tener consecuencias económicas y políticas internacionales.

Sin duda siempre es posible responder que en aquel país declararon inocentes a los cuatro policías blancos que mataron de 41 balazos a un inmigrante negro, Amadou Diallo, y que la aplicación de la pena de muerte es allí cosa de todos los días y se ejerce "generalmente" en forma racista. También se puede recordar que Washington no piensa en los derechos humanos de los yugoslavos, los iraquíes o los cubanos, víctimas de un bloqueo unilateral e ilegal. Pero la viga en el ojo ajeno no exenta de la tarea de quitarse la que está clavada en el propio.

Es urgente, por consiguiente, que quienes tengan algo que rectificar en este problema vital lo hagan, o declaren su voluntad de hacerlo, y que todos los candidatos presidenciales pongan en primer plano en sus campañas el respeto no meramente verbal y formal a los derechos humanos y su compromiso de defenderlos. Deben recordar, además, que con la mundialización los problemas antaño sólo "internos" son hoy también internacionales, y que la opinión "externa" se convierte en un factor interno que no se puede pretender ignorar.