* Garavito: insistirá el PRD en que se hagan públicos nombres de implicados
Necesario, revelar ilícitos del Fobaproa
* Gobierno y PRI se reservaron información privilegiada que usarán con fines electoreros, señala
Andrea Becerril * Los legisladores del PRD insistirán en que se hagan públicos los nombres de quienes cometieron irregularidades e ilícitos en el rescate bancario, y que pasaron luego al Fobaproa, sobre todo ahora que el pleito entre los candidatos del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y del PAN, Vicente Fox Quesada, "prueba que tanto el gobierno como el tricolor tienen información privilegiada de ese fondo que van a utilizar con fines electoreros", advirtió la senadora perredista Rosa Albina Garavito.
Comentó que el PAN se ha centrado en la defensa de su candidato ųcuya familia fue señalada por Labastida como "beneficiaria" del Fobaproaų, aunque lo ético sería que reconociera el error cometido el año pasado, cuando votó conjuntamente con el PRI en la Cámara de Diputados el no hacer pública la lista de créditos ilegales del ahora IPAB, detectada por el auditor Michael Mackey.
El monto de esos créditos suma hasta la fecha más de 110 mil millones de pesos, los que, de acuerdo con la propia Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, "tendrían que devolver quienes abusaron del rescate, en lugar de pasar a deuda pública, como ocurre ahora", agregó.
Dijo que tanto el PRI como el PAN son responsables de que esos recursos sigan sangrando las finanzas públicas y la economía de las mayorías. Conocedora del tema, pues participó en las negociaciones iniciales en el Congreso de la Unión en torno al Fobaproa, Garavito subrayó que desde un principio el PAN se alió al PRI para aprobar el "irregular rescate bancario", la constitución del IPAB y en diciembre del año pasado las trabas para no hacer del conocimiento público los nombres de los beneficiados de manera ilegal.
Empero, añadió, Labastida puso de nuevo el tema a debate y demostró "lo que el PRD denunció siempre: que tanto el gobierno como el PRI se reservaron información privilegiada que van a utilizar con fines electoreros, siempre que lo crean necesario".
El PRI, insistió, se beneficia doblemente, toda vez que puede hacer uso de la información en contra de sus adversarios implicados, sin riesgo de que se den a conocer los ilícitos que cometieron a través de Banco Unión y Banpaís para apoyar las campañas de su candidato presidencial y del ahora gobernador de Tabasco, en 1994.
Dijo que tanto Carlos Cabal Peniche como Gerardo de Prevoisin causaron quebrantos a Banco Unión y Aeroméxico, que ahora están acumulados en el IPAB, organismo que asumió los pasivos del Fobaproa, pero eso se mantiene en secreto debido a la complicidad del PAN, que así lo acordó en diciembre pasado.
La senadora perredista recordó que el PRI hizo todo lo posible por obstaculizar la investigación en torno al Fobaproa, para evitar que salieran a la luz pública malos manejos y desviaciones de los bancos rescatados. De manera sistemática, agregó, los priístas pusieron trabas a las auditorías conseguidas por la oposición y lograron limitarlas seriamente.
En ese sentido, se retrasó lo más posible la entrada del despacho consultor de Mackey, quien empezó sus trabajos en marzo de 1998, casi un año después de que la Cámara de Diputados ordenó las auditorías, y cuando estuvieron listas, a mediados de 1999, con el aval del PAN se logró que la lista de quienes tenían créditos ilegales en el Fobaproa no se diera a conocer.
Además, después de las revelaciones de Cabal Peniche, detenido en Australia en junio de 1999, se dio a conocer la negativa oficial de proporcionar a Mackey la información requerida para la investigación de las operaciones de los fideicomisos constituidos en Banco Unión, a través de los cuales se canalizaron recursos a favor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Indicó que si el PAN no quiere que el PRI siga utilizando en su contra la información privilegiada sobre el Fobaproa, deberá votar conjuntamente con el PRD para que se hagan públicas las listas de Mackey.
Con ello, el Congreso de la Unión podría exigir al IPAB que aplique de inmediato el último párrafo del artículo séptimo transitorio de la ley que rige a ese instituto, en el que se establece la obligación de devolver el monto de las operaciones de crédito involucradas en financiamientos públicos que hayan provocado quebrantos.