DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 2000
* Pleno respeto a derechos humanos, requisito, señala
Castigo ejemplar a delincuentes ecológicos, demanda la Profepa
* Falta capacidad para imponer sanciones, dice Azuela de la Cueva
El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Antonio Azuela de la Cueva, se manifestó por impulsar un derecho criminal ambiental "civilizatorio" con una conciencia de pleno respeto a los derechos humanos, pero en el que se reconozca a los delincuentes ecológicos y se les imponga los castigos que merecen, y que se privilegie "la selectividad de las penas a quienes realmente atenten de manera voluntaria y sistemática contra el ambiente".
Sin embargo, el funcionario reconoció que tanto las autoridades administrativas como el Ministerio Público Federal, "por falta de capacidad profesional no hemos explorado la posibilidad de dignificar el proceso penal como un proceso edificante" para imponer sanciones a quienes cometen delitos ambientales.
Al clausurar el segundo Taller de Análisis de las Iniciativas de Reformas a las Leyes Penales en Materia Ambiental, Azuela de la Cueva se congratuló de que "la comunidad criminológica mexicana" y los ponentes en el encuentro siguen a favor del derecho penal mínimo y explicó que la aplicación de la ley ambiental tiene dos sentidos, que pueden darse juntos o separados: para lograr metas ambientales con un espíritu de eficiencia y para imponer castigos ejemplares con un sentido edificante. La estrategia de la Profepa ųdijoų ha sido utilizar la discrecionalidad administrativa para lograr fundamentalmente metas ambientales.
"Esto no quiere decir que veamos con sospecha la otra dimensión de la aplicación de la ley ejemplar, la del castigo ejemplar y la función edificante cuya expresión más extrema es evidentemente la criminalización de determinadas conductas. Pero no hemos sido capaces de colocar esta segunda posibilidad en su justa dimensión. Tan no la vemos con hostilidad que hemos inundado a la PGR con varios cientos de denuncias para que proceda en consecuencia, porque creemos que en éstas se han cometido delitos ambientales, denuncias que no han progresado", expuso Azuela de la Cueva.
Dijo que comparte la posición a favor del derecho penal mínimo pero consideró que es posible llegar a una posición mesurada "en donde reconozcamos a los delincuentes ambientales y les impongamos como sociedad la pena que merecen, privilegiando la selectividad de las penas a quienes realmente atenten de manera voluntaria y sistemática contra el ambiente". De esta manera, explicó, no se castigaría por delitos contra el ambiente a quienes estén marginados o en situación de debilidad o pobreza, entre éstos campesinos, pescadores o indígenas.
Antonio Azuela propuso realizar otro foro en donde "se siente en el banquillo de los acusados a la autoridad administrativa y al Ministerio Público y nos jale las orejas a ambas autoridades para que profesionalicemos nuestro trabajo y examinar así por qué esas denuncias no han progresado".
"Tenemos un largo camino por andar para efectivamente lograr la conclusión de procedimientos penales que están pendientes, que no hemos sido capaces profesionalmente de llegar a una solución presentable, digna, edificante. Creo que la discusión de más iniciativas en donde lo más fácil es avanzar en la criminalización crea un fantasma que entre más peligroso parece alejarse cada vez más de llegar a sanciones en donde la sociedad pueda leer mensajes de orden jurídico", concluyó el funcionario en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde se desarrolló el taller, organizado por la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, la PGR y la Semarnap. (José Juan de Avila)