La Jornada martes 29 de febrero de 2000

ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Hay una alta dosis de encono personal en el prolongado enfrentamiento que en Campeche han sostenido José Antonio González Curi y Layda Sansores. No puede ser de otra manera en una tierra de nadie como aquélla, en la que tanto el poder constituido como su oposición provienen de un tronco común y se acusan uno a otra de realizar prácticas negativas que, en el fondo, parecen similares.

El apellido Sansores

Layda, como es sabido, es hija del ex gobernador Carlos Sansores Pérez, quien además fue presidente nacional del PRI y uno de sus personajes prototípicos en cuanto a ortodoxia, una especie de dinosaurio de museo.

En esa condición, la actual senadora perredista es la heredera de ese grupo de interés y, como tal, ha peleado con todo el peso de la fortuna familiar por el espacio político (ahora llamado PRD) desde el cual aspira a la retoma del poder. Layda está a punto de dejar la senaduría a la que llegó por la vía del sol azteca, y busca ser postulada a una diputación federal por una demarcación de aquella entidad.

El motivo exacto del episodio que estalló el domingo fue la elección del candidato perredista a senador, cargo que pretendía, en nombre de los sansoristas, Alvaro Arceo Corcuera, que declinó a última hora por considerar que los comicios internos estaban cargados a favor de Abraham Bagdadi Estrella, quien ha mantenido un permanente y ríspido litigio al interior del PRD contra el grupo de Sansores, supuestamente bajo el patrocinio del gobernador.

El guardaespaldas de Salomón Azar

González Curi, a su vez, es fundamentalmente un heredero o socio o cómplice del grupo que le dejó el poder, el de Salomón Azar García, un burócrata de medio pelo que pasó de ejercer una delegación federal en la región a la candidatura priísta y a la gubernatura, impulsado entre otras circunstancias por su relación personal de amistad con Luis Donaldo Colosio.

Azar ejerció el poder al estilo salvaje, que en el sureste ha ido incubando resentimientos y violencia: aplastando a los adversarios, entregando el poder y sus prebendas a unos cuantos conjurados y haciendo los negocios necesarios para repetir a nivel local el esquema salinista de la conjunción de los poderes económico y político. González Curi llegó a la gubernatura por otro acto de abandono político del presidente Zedillo. Se dejó a Azar la ingrata tarea de indagar quién podría ser gobernador y llevarlo a ese cargo. Azar se consiguió, por tanto, más un guardaespaldas que otra cosa, y habilitó a José Antonio como su opción de continuidad.

Lucha permanente por el poder

Esos dos grupos se acusan de cosas parecidas: caciquismo, corrupción, antidemocracia, uso de la política para satisfacción de necesidades económicas y revanchismos personales.

Del choque de esos dos grupos ha habido noticia nacional con frecuencia. Una fue, desde luego, la propia elección de gobernador, a la que concurrieron González Curi y Sansores, y en la que ésta denunció de diversas maneras el fraude electoral que es muy creíble se realizó en su contra. A pesar de los graves indicios de esa conjura oficial para cerrarle el paso, Layda no recibió respuesta jurídica satisfactoria: González Curi quedó como gobernador.

Tiempo después, la senadora descubrió y dio a conocer con gran difusión el funcionamiento de un caro y eficaz sistema de espionaje de llamadas telefónicas previsiblemente organizado por el gobierno estatal. A pesar de que se ubicaron con precisión los domicilios desde donde se hacía ese trabajo, de que se conocieron los aparatos electrónicos del caso y de que se llegó a retener a los operadores de esa red, nada sucedió: una vez más reinó la impunidad.

Manos de gobernadores priístas en el PRD

Ahora, en vísperas de que el PRD eligiese a sus candidatos, entre ellos a senador, que es de importancia estratégica para el grupo sansorista, éste denunció la injerencia abierta del gobernador en apoyo del adversario interno de más peso de Layda, Abraham Bagdadi. Nada habría sucedido, de nueva cuenta, y es posible que ni siquiera los órganos perredistas de vigilancia interna hubiesen hecho mucho caso de las denuncias de la senadora, entre otras cosas porque su figura no cuenta con el respaldo pleno de la directiva nacional y los personajes cumbre, entre otras causas debido al persistente apoyo que Sansores dio a la disidencia interna de Porfirio Muñoz Ledo, con todo y que la senadora prefirió a última hora seguir en el sol azteca y jurar fidelidad cardenista, en lugar de seguir a Porfirio a su aventura parmista actual.

Pero sucedió que González Curi cometió un error grave, que en cualquier nación civilizada conllevaría cuando menos su caída del poder y su sujeción a proceso penal. Apenas ayer se hablaba en este espacio del espionaje cibernético mundial a cargo del sistema Echelon y del espionaje pedestre (o bicicletero, aunque se mueva en Suburban) de nuestros políticos mexicanos, con sus orejas premodernas. El gobernador campechano se erigió el domingo en todo un censor delincuente.

Enojado porque un camarógrafo de la senadora viajaba a bordo de la muy conocida (en Campeche) camioneta de esa legisladora, tomando registro de la supervisión alegre que el gobernador hacía de los buenos operativos con los que se estaba favoreciendo a su candidato a senador en la contienda perredista, José Antonio arremetió delincuencialmente contra quienes al tomar imágenes no transgredían ninguna ley y los persiguió hasta la propia casa de la señora Sansores (metiéndose para ello en contra del sentido de una de las calles), ordenando a sus acompañantes, que son jefes policiacos, que detuvieran a como diese lugar al camarógrafo inoportuno.

En el cumplimiento de ese arresto que luego sería adjudicado a "un incidente de tránsito", los policías desenfundaron pistolas, hubo versiones de que se dispararon balas al aire y de que se lanzaron gases lacrimógenos, y a punto estuvo la sangre de ser derramada, en un episodio que pudo haber terminado en la agresión física de los sansoristas contra el gobernador (hubo quien llamaba a lincharlo) o en la agresión de los policías contra las decenas de apasionados seguidores de Layda.

La historia no puede ser sacada de contexto: en el sureste hay abandono político. Los gobernadores hacen y han hecho lo que quieren, entre el abandono y la complicidad de los políticos del centro del país. Allí está Mario Villanueva. Allí está Víctor Cervera Pacheco. Allí está Roberto Madrazo. Allí está Roberto Albores Guillén. Allí está González Curi. Y, al mando de la nave, Ƒquién?

Una herencia de Oscar Espinosa

Una de las previsiones que tomó en su momento el jefe del ex DDF Oscar Espinosa Villarreal, para cualquier riesgo futuro, fue colocar en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Comisión de Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa a una persona de sus confianzas: la contadora Araceli Pitman. En ella, y en esa oficina, se toparon muchos de los esfuerzos perredistas que pretendían fundamentar para fines judiciales la evidente, pero difícilmente demostrable, corrupción durante el imperio de Oscar.

Sin embargo, la mayoría perredista de la ALDF, que coordina Martí Batres, ha logrado destrabar el andamiaje de las complicidades villarrealistas. Por principio de cuentas, se ordenó el establecimiento de un triunvirato en la citada contaduría, para evitar que el poder se concentrara en la funcionaria nombrada por Espinosa.

Ante esa medida, la contadora Pitman buscó el amparo de la justicia federal, pretendiendo que se echara abajo la decisión de los asambleístas. Rechazada su pretensión, y reducido su poder en dos terceras partes, la contadora prefirió renunciar a su cargo, con lo que ha reconocido el triunfo legal de los asambleístas y la percepción de que su interés principal era la preservación de los secretos y los privilegios de su anterior promotor y jefe.

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