Orlando Delgado Selley
La banca comercial a ocho años de privatización/ III

E n cuanto a los servicios que ofrecían los bancos, los administradores privados se encontraron una situación en la que la oferta de nuevos servicios bancarios era prácticamente inexistente. En realidad, los bancos funcionaban solamente con los servicios típicamente asociados a la captación y al crédito, esto es, cuentas de cheques, remesas, cobro inmediato y giros; por ello, el grado de "bancarización" de la economía resultaba extremadamente limitado. La propuesta de los nuevos dueños se orientó, inicialmente, a la modernización tecnológica en los sistemas de comunicación bancaria, tanto interna como interbancaria, buscando que la operación bancaria pudiera funcionar nacionalmente con comunicaciones en tiempo real. Ello, por supuesto, implicó inversiones cuantiosas en equipo y en sistemas.

Estas inversiones permitieron que estructuras completas del back office pudieran ser eliminadas, como las áreas de remesas y de cobro inmediato, provocando una reducción que alcanzó a más de la cuarta parte del personal ocupado en los bancos. Así, con 74.6 por ciento del personal se operó un crecimiento de la cartera que incrementó, como señalamos, el riesgo en 120 por ciento, un aumento en el número de sucursales, que pasaron de 4 mil 14 en 1992 a 4 mil 789 en 1994, un aumento, además, de casi 200 mil cuentas y particularmente de un millón 200 mil cuentas de cheques adicionales, con la derrama operativa que esto implica.

Las acciones instrumentadas tenían un objetivo preciso; incrementar las utilidades netas para resarcir a los accionistas por los recursos invertidos, lo que al tiempo hacía atractivo el negocio bancario para nuevos inversionistas. La rentabilidad obtenida resultó satisfactoria, lo que puede ilustrarse con dos indicadores: el margen de utilidad neta y el cociente de utilidad neta a precio de compra. El primer indicador mide la relación entre dos flujos: las utilidades y los ingresos financieros; por ello, revela la proporción de los ingresos provenientes de la operación bancaria básica que resta, luego de cancelar todos los gastos. Este margen de utilidad fue de 6.5 en los años 1992-94, en tanto que en los años "estatales" fue, en promedio, de 3.1; el crecimiento del margen de utilidad neta resulta elocuente.

En cuanto al segundo indicador, la evolución de la utilidad fue notable: 3 mil 960 millones de pesos en 1991, año en el que nueve bancos ya eran privados, 6 mil 267 de pesos en 1992, 8 mil 792 millones de pesos en 1993 y cayó a 3 mil 653 millones de pesos en 1994. En total, 20 mil 692 millones de pesos (considerando sólo la mitad de las utilidades de 1991), lo que comparado con el precio nominal de los 18 bancos privatizados (37 mil 856 millones de pesos), muestra que los nuevos banqueros pudieron "recuperar" 54.6 por ciento de su inversión original, lo que verdaderamente se parece a una hazaña homérica y que muy pocos pueden presumir.

La crisis

El inicio de la nueva administración gubernamental fue desastrosa para los bancos y, por supuesto, para el grueso de la población. Los "errores de diciembre", que derrumbaron el tipo de cambio, condujeron a la implantación de una política monetaria restrictiva que utilizó la tasa de interés como instrumento para contener las importaciones y la demanda de crédito, con el consiguiente impacto sobre la demanda agregada. Esto, por supuesto, al incrementar el costo del crédito para todos los usuarios, complicó el cumplimiento de las obligaciones de pago; además, la contracción de la actividad económica se vio reflejada inmediatamente en los niveles de empleo; se redujeron en 814 mil 465 los puestos de trabajo, de diciembre de 1994 a diciembre de 1995, haciendo que algunas deudas no pudieran ser cubiertas, dada la desaparición de la fuente de ingreso.

Para los bancos, aunado al incremento en la cartera vencida, se dio una situación particularmente grave, ya que una de las fuentes de financiamiento utilizadas durante el difícil año de 1994, fue el fondeo en moneda extranjera, a través de colocaciones de obligaciones subordinadas, o simplemente bonos de largo plazo, que sustituían el fondeo nacional que se había encarecido sensiblemente, como resultado de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, la rebelión zapatista, etcétera. De hecho, prácticamente desde la llegada de los administradores privados, en 1991 y 1992, la captación directa había ido resultando insuficiente para fondear la expansión del crédito: el primer año se pudo financiar toda la cartera, en tanto que en 1992 sólo se financió 85 por ciento del saldo crediticio, al año siguiente el financiamiento "barato" sólo cubrió 80 por ciento y para 1994 apenas llegó a 56 por ciento. Esto obligó a los bancos a financiarse en el mercado secundario, que no solamente resulta más caro, sino que los plazos de las operaciones se acortan si la situación es volátil, lo que se traduce en un encarecimiento del costo del dinero, que puede convertirse en una espiral cada vez más gravosa.

Esto provoca, de nuevo, incrementos en el costo del crédito que dificultan enormemente la situación de los acreditados. Pero, los problemas no se derivaban solamente del impacto de la crisis en los bancos y en sus clientes; a ello, habría que agregar los determinantes de la crisis particular de los bancos que, según reconoció el Banco de México (Informe anual 1995), se localizaban en dos aspectos fundamentales: la insuficiencia de capital, acentuada por el crecimiento de la cartera vencida que, además, no estaba adecuadamente provisionada; la existencia de bancos que operaban con fuertes problemas ocultos en su contabilidad y con administradores que actuaban al margen de la normatividad.