Orlando Delgado Selley
La banca comercial, a 8 años de privatización/ V

El año en el que el negocio bancario pasó a la nota roja de los diarios fue 1998. Desde el momento en que el Ejecutivo presentó la propuesta de convertir los pagarés Fobaproa en deuda pública, inserta en una iniciativa de mayor alcance que reformaba diversos aspectos del marco regulatorio, el tema de reflexión obligada fue el funcionamiento de los bancos y la discrecionalidad utilizada en la aplicación del "rescate" bancario. El primer resultado de la discusión que se llevaba a cabo en la Cámara de Diputados, fue que el debate rápidamente rebasó los ámbitos de San Lázaro.

No parece necesario describir los distintos temas que se abordaron en el largo proceso de discusión, lo que importa es solamente pasar revista a lo que se demostró y a los acuerdos que dieron fin al debate y que crearon el IPAB. El primer dato incuestionable fue que el proceso de privatización entregó algunas instituciones a personas que care- cían de la solvencia moral necesaria para conducir una institución financiera. Segundo: la mecánica de pago propuesta por las mismas autoridades que ejecutaron las ventas, alentó que los accionistas de ciertos grupos compradores hicieran uso indiscriminado de los recursos que los ahorradores les habían entregado, para cumplir con los compromisos de pago de los bancos que compraron. Tercero: la expansión del crédito que se dio, careció completamente del control indispensable en cualquier préstamo, lo que elevó considerablemente el riesgo al que se sometía a las instituciones.

Cuarto: las autoridades supervisoras no quisieron enterarse de los problemas que se estaban generando, tanto por operaciones irregulares en varios bancos, como por el descontrol con el que se prestaba, con el argumento de que la liberalización financiera aplicada implicaba que fuera el mercado el mecanismo regulador del funcionamiento bancario y no la intervención discrecional de la autoridad. Quinto: las autoridades hacendarias y la supervisión demoró la intervención en algunas instituciones, por razones completamente ajenas a la lógica bancaria, provocando que los actos ilícitos crecieran, con lo que esto significa en materia de los costos del salvamento instrumentado. Sexto: la autoridad subestimó la profundidad de la crisis bancaria, estableciendo programas de apoyo a los bancos y a los deudores que crecieron desmesuradamente, sin que se tomaran las medidas necesarias para mantenerlos bajo control.

Séptimo: en el programa de compra de cartera a cambio de capital, la autoridad actuó discrecionalmente, comprando a unos bancos montos de cartera mucho mayores que a otros, así como remunerando los pagarés con arreglo a tasas de referencia distintas, en base a una apreciación subjetiva de los requerimientos de cada institución. Octavo: en los bancos intervenidos, la actuación de los interventores, los sueldos que se pagaron y los compromisos acordados para poder vender las sucursales, estuvieron absolutamente a discreción de las autoridades, sin que hubiese ninguna consideración del Legislativo, ni de dependencias distintas a Hacienda, Banco de México y la Comisión Bancaria.

Noveno: existieron operaciones de crédito a empresas fantasma con el fin de contribuir a las campañas políticas del partido oficial, con recursos de los ahorradores, sin que la autoridad estuviese interesada en revertir. Décimo: la liberalización financiera que aplicaron nuestros tecnócratas olvidó plantear escenarios de fracaso del programa, lo que les llevó a modificar solamente las leyes financieras, dejando incólume las de quiebras y de suspensión de pagos. Decimoprimero: olvidaron además que los tribunales mexicanos no se caracterizan por la pulcritud en la observación de los procedimientos legales, lo que incluso fue utilizado por el Banco Mundial para ejemplificar la manera en que la corrupción puede destruir un programa de reforma. Decimosegundo: para las autoridades el fracaso no fue de la concepción, ni de la supervisión, sino de la instrumentación, de la honorabilidad de los banqueros; por eso, han ido abriendo el sistema bancario a la participación de los bancos extranjeros, pretendiendo con ello mejorar la gestión empresarial bancaria.

Pese a esto, en diciembre de 1998, las bancadas del PAN y del PRI votaron aprobando el paquete de propuestas presentada por el Ejecutivo, con algunos matices que no afectaban el sentido de las reformas: El arreglo que se concretó fuera del recinto legislativo, fue presentado como un logro panista; en su propaganda los diputados de Acción Nacional festejaron que habían logrado reducir en un 50 por ciento el monto del pasivo del Fobaproa, lo que resultó una enorme mentira, ya que no sólo no se redujo, sino que aumentó desorbitadamente.