ISRAEL: OTRO TLC INCONSULTO

Ayer, en Jerusalén, el presidente Ernesto Zedillo y su homólogo israelí, Ezer Weizman, atestiguaron la firma de un acuerdo de libre comercio entre México e Israel. El instrumento, que empezó a negociarse de manera informal desde 1994, entrará en vigor el próximo primero de julio, fecha a partir de la cual 83 por ciento de las exportaciones de aquella nación a nuestro país serán liberadas de todo arancel; el resto será desgravado en forma progresiva en el curso de año y medio.

En principio, el TLC México-Israel podría ser positivo para las economías de ambos países, y ciertamente lo será para los consumidores. A la luz de los antecedentes es dudoso, en cambio, que los productores mexicanos resulten beneficiados con el acuerdo. Los terrenos más preocupantes son el agrario y el de la industria alimenticia. Cabe preguntarse, en efecto, si los pequeños y medianos campesinos mexicanos, a quienes los sucesivos gobiernos neoliberales abandonaron a su suerte desde principios de los años 90, serán capaces de competir con una agricultura intensiva, altamente tecnificada, estrechamente articulada con la agroindustria y la industria alimentaria en los procesos productivos y con amplia experiencia en materia de exportaciones a diversas regiones del mundo.

El argumento de que es necesario diversificar las exportaciones nacionales al mercado israelí ųfuertemente dominadas por el petróleo, y significativamente menores que las de Israel a Méxicoų podría ser contraproducente también en el sector industrial, dada la competitividad y productividad en las plantas del nuevo socio comercial.

Más allá de conjeturas económicas ųque lo mismo pueden formularse a favor que en contra de ese nuevo acuerdo de libre comercioų, en el ámbito político interno resultan inadmisibles la discrecionalidad y la falta de consulta a la ciudadanía con que las autoridades negocian y aprueban esos instrumentos comerciales que, para bien o para mal, afectan a grandes sectores de la población.

Independientemente de las atribuciones legales que facultan al Ejecutivo a suscribir tales acuerdos sin más candados y reservas que la aprobación senatorial, y ante la experiencia de los estragos causados en diversos ámbitos de la economía por la adhesión de México al TLC de América del Norte, los convenios similares debieran estar sujetos a una consulta social previa y a un debate incluyente y abierto en la sociedad.