MARTES 7 DE MARZO DE 2000
Ť Agentes de BC lo detuvieron el 4 de enero en el sitio del crimen
Un jefe de la PJF estaría implicado en la ejecución de Avila Valenzuela
Ť La minuta de la reunión entre gobernador, SG y PGR revela que el comandante es sospechoso
Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 6 de marzo Ť La minuta de la reunión que a puerta cerrada sostuvieron el martes pasado el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano; el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, y el gobernador panista Alejandro González Alcocer, revela que el comandante Leopoldo Rodríguez, de la Policía Judicial Federal (PJF), es sospechoso de haber participado en los hechos del pasado 4 de enero, cuando fue ejecutado el coordinador jurídico del Grupo Beta, Rafael Avila Valenzuela.
En dicha reunión, Madrazo Cuéllar pidió al gobierno estatal los expedientes en los que se involucre a oficiales de la PJF en hechos delictivos para que sean analizados por la contraloría interna de la dependencia y se llegue "hasta las últimas consecuencias".
El procurador de Baja California, Juan Manuel Salazar Pimentel, indicó que Leopoldo Rodríguez fue retenido varios minutos el 4 de enero por agentes ministeriales, porque estaba en el sitio donde acababan de ser acribillados Avila Valenzuela y Fidel Guzmán González, frente al hotel Conquistador, en el bulevar Agua Caliente.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), Mariano Herrán Salvatti, reconoció que se ha tenido poco éxito en la búsqueda de las cabezas de la organización Arellano Félix. De acuerdo con el documento filtrado a un diario local, señaló que existe una unidad fronteriza de investigación que tiene 33 elementos y ha reforzado los trabajos de investigación de los Arellano Félix, pero sin lograr la confiabilidad.
La reunión se realizó el 29 de febrero en el despacho privado del gobernador González Alcocer. Ahí, el mandatario expuso su preocupación por la alta incidencia delictiva en la que está presente el uso de armas de fuego y la comisión de delitos en los que existe la influencia de drogas, por lo que solicitó un programa más puntual de atención al uso de armas de fuego y explosivos.
También dijo que el Grupo de Coordinación ha sido un buen mecanismo para evitar fricciones entre corporaciones, pero no se ha pasado a la etapa de inteligencia por falta de confianza para compartir información específica.
A su vez, Diódoro Carrasco mencionó que una vez escuchados los informes de los asistentes a la reunión, se llegó a un paquete de propuestas para destrabar y solucionar el problema, como son: restablecer los criterios de coordinación y confianza, concluir el mapa de riesgos y la agenda de prioridades. El punto de arranque deberá ser el control de confianza y la realización de una agenda de trabajo conjunto, como fortalecer las operaciones anfibias, instalar las agencias del Ministerio Público mixtas, designar un secretario ejecutivo para el Programa Nacional de Seguridad Pública y revisar las averiguaciones previas por homicidios violentos.