Gustavo Leal F.*
Ƒ Libres y soberanos?

Inicialmente tratada por O'Gorman y Cosío Villegas, la actual crisis del centralismo mexicano muestra un país que ha crecido constituyendo entidades relativamente ricas y entidades pobres; un proceso histórico polarizado: Ƒes libre y soberano cualesquier estado que dependa económicamente de su federación?

V. Herrera, director de la agencia Standard and Poor's México, afirma que nuestros estados "dependen en 90 por ciento de las participaciones federales, lo que los hace más vulnerables a los ciclos económicos de ella y crea un incentivo a no desarrollar una base local de impuestos". No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se retirará, a partir del primero de abril, del mandato con el que podía deducir las participaciones a los estados que no cubrieran sus créditos. De tal suerte que sólo aquellas entidades disciplinadas y con el menor costo de fondeo para sus proyectos --que estimarán como requisito las calificadoras de deuda ya registradas-- podrán acceder, por riesgo diferenciado, al crédito bancario. Las calificaciones se otorgarán a los estados con mejores balances, finanzas sanas e índices de deuda manejables, premiándolas con menores tasas de interés para nuevos créditos, toda vez que los anteriores no requieren calificación aunque sí aquéllos sujetos a renovación (revolventes) y algunos vencimientos.

En el México del 2000 hay estados muy endeudados, otros sin deuda pero con poco desarrollo local --por lo cual, de endeudarse, tendrían serios problemas para pagar-- y algunos en mejor situación que dependen fuertemente de los ingresos federales.

ƑQué panorama enfrentarán las entidades con deuda creciente por causa del cumplimiento de sus obligaciones en materia de pensiones a los trabajadores a sus servicio, sin considerar la componente de atención a la salud? Tres institutos de pensiones (Baja California, Chihuahua y Aguascalientes) reconocen la urgencia de modificar sus esquemas de jubilación, contando para ello con la participación del gobierno federal en calidad de coordinador y convocante de una reforma integral. Cada vez se incorporan más trabajadores activos a las filas de los jubilados y una parte mayor del presupuesto se destina a este subsidio. Aunque no mañana, llegará el momento en que no se podrá liquidar el 100 por ciento de ellas y entonces sonará la campana que llame al auxilio federal. En mayor o menor medida, el asunto lo comparten la mayoría de los estados. Modificaciones aisladas pueden conducir a un mosaico incoherente de políticas de arranque-freno-corrección-parálisis. Nuevo León, por ejemplo, propuso a Hacienda recompensar monetariamente vía "subasta holandesa" al personal activo que mude desde el sistema tradicional al de cuentas individuales para evitar el colapso de sus finanzas.

La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha diagnosticado que "hay un grupo en quiebra técnica, que tiene que subsidiar el gobierno federal, un segundo al que les estallará el problema en cinco o seis años y un tercero con los estados que no tienen problema de corto plazo". En otro estudio, ahora con la Secretaría de la Contraloría, reconoce que a enero de 1998, los "pasivos por pensiones actuales y futuros de 29 estados representan 49 por ciento de la nómina y que la edad promedio de los trabajadores activos es de 37.5 años. El tamaño del déficit actuarial representa entre 7 y 10 por ciento del producto interno bruto"

Pero vuelve a deslindarse: "si bien Hacienda no tiene competencia en los sistemas de pensiones estatales, sí tiene conocimiento de la situación que guardan. Sin embargo, los estados son territorios libres y soberanos en términos constitucionales, por lo que la Federación debe respetar la legislación interna de cada uno. Coadyuva en los trabajos técnicos para la definición de un sistema óptimo y que fuese generalizado, pero nada más". Una solución, aclara A. Salinas Ruiz, asesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requeriría la "homologación con el sistema de pensiones nacional, en lo referente a factores como los requisitos de años de cotización y edad mínima de retiro". Luego, dependiendo de la situación financiera de cada estado, señala, es factible instrumentar una privatización de los esquemas de pensiones que podría en algunos casos, coexistir con el viejo esquema, tal como se realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En teoría, resulta espléndido escudriñar la robusta complexión de un adulto y, curioso, la de jóvenes esmirriados y escuálidos disfrazados de adultos. Pero en los gobiernos, lo sabio proviene casi siempre de mezclar derechos y responsabilidades posibles, más aún cuando se trata de federalismos "realmente existentes", como el del México contemporáneo.

* Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco