MARTES 7 DE MARZO DE 2000

Ť El gobierno británico deberá rembolsar al ex dictador los gastos de su defensa

Una corte chilena dio inicio al trámite de desafuero de Pinochet

Ť Tardará unos dos meses la reforma constitucional que podría beneficiar al senador vitalicio

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 6 de marzo Ť Una nueva batalla legal para lograr que Augusto Pinochet sea juzgado por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura que encabezó de 1973 a 1990 comenzó hoy, cuando una corte chilena dio inicio al trámite de desafuero del senador vitalicio, sin embargo, los parlamentarios buscan una alternativa que libraría al anciano ex general de hacer frente a la justicia aun si dejar de ser senador.

En Londres los jueces de la máxima corte civil ordenaron al gobierno británico que le rembolse al ex dictador los costos legales de su batalla legal de 16 meses para evitar ser extraditado a España. Aún no quedó claro cuál será el monto de la cuenta final que los contribuyentes británicos tendrán que pagar, aunque algunos medios de prensa hacen cálculos de hasta 24 millones de dólares.

A su vez, el abogado Fernando Barros, quien actuó como vocero del ex dictador en Londres, advirtió en Santiago que enjuiciar a Pinochet equivale a enjuiciar a las fuerzas armadas, lo que traería "inestabilidad al país".

"Lo que aquí ha impedido que las fuerzas armadas puedan dedicarse a su rol, es pretender imponer la visión de que aquí hubo una acción de atropello por parte de éstas (...) Lo que aquí hubo fue una reacción de las fuerzas armadas frente a una situación de caos político instituicional", agregó, en alusión al cruento golpe del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende.

Pinochet tiene ya 67 querellas en su contra, incluyendo cinco nuevas presentadas hoy por el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto. Una de las causas busca aclarar el paradero de 12 personas, entre ellas una mujer embarazada, y otra el destino de un suboficial del ejército que fue detenido al intentar asilarse en la embajada de Venezuela tras el golpe de Estado.

Estas nuevas causas deben ser investigadas por el juez Juan Guzmán Tapia, quien hoy se encargó de presentar la solicitud de desafuero de Pinochet ante la Corte de Apelaciones. Si se le retira la inmunidad parlamentaria, Pinochet, puede apelar ante la Corte Suprema, pero si el desafuero es rechazado, el caso del ex general quedará archivado para siempre.

El pedido de desafuero se basó en la desaparición de 19 personas y la ejecución de otras 53 en manos de la llamada Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió varias ciudades chilenas y ordenó el fusilamiento de decenas de opositores, un mes después del golpe. La Corte de Apelaciones debe acoger o rechazar la petición del juez Guzmán después de escuchar los alegatos de los abogados demandantes y la defensa del ex presidente de facto. La resolución que adopte podrá ser objetada por algunas de las partes, para que el veredicto final quede entonces en manos de la Corte Suprema.

Pero este proceso podría demorar hasta dos meses, advirtieron hoy abogados de derechos humanos, ya que el éxito del desafuero depende de las presiones militares y de una carrera contra reloj ante una reforma constitucional que lograría que Pinochet abandone el Senado con sus privilegios intactos.

"La reforma constitucional puede tardar un par de meses, el tiempo que esperamos ganar con el desafuero", dijo el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras. Si la reforma es aprobada "antes de que termine el desafuero, efectivamente podría ser la impunidad", agregó.

La víspera, el canciller Juan Gabriel Valdés anticipó que si el ex dictador se retira de la vida política "es muy problable" que no esa enjuiciado. Este lunes opinó, sin embargo, que "no se puede aceptar al general Pinochet como si no hubiera pasado nada, como si su periodo en el extranjero hubiera sido un pequeño traspié y lo dicho por el mundo no tuviera ninguna importancia".

Por lo pronto, el presidente Eduardo Frei enfrenta los últimos cinco días de su gobierno en medio de las tensiones provocadas por el solemne recibimiento del ejército a Pinochet a su regreso el pasado viernes de Londres, que provocó ya la suspensión de la mesa de diálogo entre militares y organizaciones humanitarias destinadas a aclarar la muerte de los desaparecidos.

Al dar cuenta de la virtual suspensión de los trabajados, el ministro de Defensa, Eduardo Pérez Yoma, expresó: "No hay quiebre, pero después del viernes, estamos ante un nuevo escenario". Los abogados de las organizaciones humanitarias exigen que los militares rindan cuentas sobre el operativo bélico desplegado para recibir a su ex jefe antes de volver a las conversaciones.

El gobierno, "molesto" con el recibimiento del ejército

El ministro secretario general de la presidencia, José Miguel Insulza, calificó como una "provocación" la recepción del ejército y aseguró que el gobierno quedó con sensación de "molestia", al tiempo que el portavoz del gobierno Carlos Mladinic sostuvo que trasladar a Pinochet "en helicóptero, con las puertas abiertas y apuntando con metralletas no corresponde a un país que está viviendo en paz y democracia". Agregó que "no estamos para recibir llamados de atención o amenazas".

El ex dictador, quien se encuentra en su residencia en el oeste de Santiago, se mantenía hoy en silencio, pero senadores derechistas que hasta el vienes aconsejaban su retiro de la vida política dijeron ahora que tiene aún mucho que aportar a la transición democrática. "Desde el punto de vista jurídico es un senador y puede ejercer su derecho cuando quiera", sostuvo el senador derechista Hernán Larraín.

En cambio, uno de los hijos del ex dictador, Marco Antonio, señaló que el proceso de recuperación de su padre es lento y que "no hay ninguna posibilidad de que vaya a ir a la próxima ceremonia de juramento del nuevo presidente" Ricardo Lagos el próximo sábado. Y en otra declaración que fue interpretada como "conciliadora", dijo alegrarse de que "en Chile hayamos logrado la democracia".