MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2000
Ť Una materia tan relevante no se debe dejar a la discrecionalidad del Ejecutivo
La iniciativa de Ley Nacional de Archivos será analizada en un foro público de consulta
Ť Hace casi dos años fue presentada por la fracción del PRD en la Cámara de Diputados
Miryam Audiffred Ť La Ley Nacional de Archivos regresa a debate. A casi dos años de su presentación en la Cámara de Diputados -el 28 de abril de 1998- la iniciativa propuesta por la fracción parlamentaria del PRD será analizada mañana mediante el foro público de consulta, organizado por el Comité de Biblioteca e Informática de dicho órgano legislativo.
A realizarse con la participación de Stella María González, directora del Archivo General de la Nación (AGN); Nahúm Pérez, director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; y María Teresa Dorantes, presidenta de la Sociedad para el Desarrollo Científico de la Archivística, entre otros, el acto tendrá el objetivo de difundir la ''lluvia de ideas" que se ha generado en torno de este tema.
''Será como sumar esfuerzos para ayudar a su maduración", asegura el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra.
Partiendo de que se trata de un ordenamiento legal necesario, el también presidente del Comité de Biblioteca e Informática comenta:
''No quisiéramos dejar a la discrecionalidad del Ejecutivo una materia de tal importancia.
''Me parece que los comentarios que se hagan durante el foro pueden servir para normar el criterio de la comisión dictaminadora de la iniciativa."
Ausencia de contexto legal
Esta laguna jurídica -ocasionada por la ausencia de un contexto legal que regule la administración de la memoria documental de México- genera problemas tan graves como el hecho de que, a más de tres décadas de la masacre del 2 de octubre, aún es imposible acceder a los archivos que resguarda el Poder Ejecutivo Federal en el AGN o la Secretaría de la Defensa Nacional.
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la iniciativa de Ley Nacional de Archivos presentada hace dos años señala claramente que ''los ciudadanos mexicanos tienen libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las instituciones".
A lo largo de ocho capítulos, 63 artículos y tres transitorios pugna por la creación de la Comisión de Selección, Dictaminación y Expurgo para definir el tiempo de conservación de los documentos y establecer políticas que permitan homogeneizar la organización científica de los archivos mexicanos señalando, por ejemplo, que la vigencia de la documentación de los archivos federales de la primera edad será de cinco años, a partir de su fecha de generación, mientras que para los de la segunda y tercera edades será de 25 años -después de la primera transferencia debidamente inventariada- y de 30 años -sumados desde la primera edad-, respectivamente.
Defiende la propiedad intelectual y determina que ''las radiodifusoras y televisoras privadas, así como las que dependan del gobierno federal deberán donar y remitir semestralmente a los archivos históricos federales copias de aquellos documentales que hayan difundido por ese medio con un contenido de noticia, información, política, cultura, ciencia y tecnología para que formen parte del patrimonio de los archivos históricos".
Establece, también, algunos delitos y apunta que, además, ''los usuarios que utilicen los fondos documentales de cada uno de los archivos federales de la tercera edad (es decir, históricos) entregarán a éstos dos ejemplares del resultado de su estudio o investigación".
(El foro público de consulta sobre la iniciativa de Ley Nacional de Archivos se realizará mañana, de 11:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro.)