SABADO 11 DE MARZO DE 2000
Ť México pide al organismo mil 211 mdd; son parte del blindaje financiero
Privatizaciones por $37 mil millones a cambio de préstamo del FMI
Ť Se destinará al pago de deuda pública; el gobierno se compromete a ahorrar ingresos petroleros
Roberto González Amador Ť El gobierno de México solicitó ayer al Fondo Monetario Internacional (FMI) la entrega de recursos por mil 211 millones de dólares, que forman parte del llamado blindaje financiero acordado en julio de 1999. A cambio de recibir el dinero, que será empleado para pagar deuda pública, la administración del presidente Ernesto Zedillo se compromete ante el organismo a concretar este año privatizaciones con valor de 37 mil millones de pesos, eliminar los aranceles extraordinarios a países con los que no existe un acuerdo de libre comercio y a mantener un estricto control sobre el gasto público.
En una "carta de intención" dirigida a Stanley Fischer, director-gerente encargado del FMI, el gobierno ofrece que en lo que resta del año las autoridades mexicanas "mantendrán un contacto estrecho con el Fondo y lo consultarán para la adopción de cualquier medida que pueda requerirse para alcanzar los objetivos del programa", resumidos en "promover un crecimiento sostenido de la producción y el empleo, atender las necesidades prioritarias de la población y continuar con la disminución de la inflación".
Recortes al gasto público
La "carta de intención", suscrita por Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, y José Angel Gurría Treviño, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es acompañada de un Memorándum de políticas económicas, en el que la administración del presidente Zedillo ofrece al organismo, a cambio de recibir los recursos, "ahorrar" los ingresos que se reciban por encima de las metas originales (principalmente por la venta de petróleo) y anticipa que una "eventual pérdida de ingresos sea compensada por ajustes al gasto público".
En julio de 1999, el gobierno mexicano suscribió con el FMI un Acuerdo de Derecho de Giro (conocido como Stand By Arrangement), con vigencia hasta noviembre del 2000, por el que obtuvo de ese organismo recursos por cuatro mil 153 millones de dólares al tipo de cambio vigente entre el dólar y los Derechos Especiales de Giro (DEG, la unidad monetaria en que el organismo entrega sus préstamos).
Según Hacienda, el monto conjunto obtenido del FMI permitirá que del total de los vencimientos pendientes con éste, que eran de cinco mil 900 millones de dólares en junio de 1999, más de dos terceras partes sean pagados entre los años 2003 y 2005.
Los recursos del FMI formaron parte del Programa de Fortalecimiento Financiero 1999-2000, conocido como blindaje financiero, que permitió al gobierno obtener capital por 16 mil 900 millones de dólares en forma de líneas de refinanciamiento y comercio exterior y otros seis mil 800 millones de dólares de líneas contingentes al amparo del Acuerdo Financiero de América del Norte (NAFA, por sus siglas en inglés).
El blindaje fue descrito por la Secretaría de Hacienda, el 15 de junio de 1999, cuando anunció que lo negociaba, como "la conclusión de los trabajos de refinanciamiento de la deuda externa pública por lo que resta de la presente administración".
Hacienda dijo ayer que de los cuatro mil 153 millones de dólares comprometidos con el FMI, se han desembolsado a la fecha mil 384 millones de dólares.
Una vez que el directorio del organismo apruebe el memorándum enviado ayer, agregó Hacienda, México tendría a su disposición otros mil 211 millones de dólares. El saldo, mil 558 millones, estaría disponible "a lo largo del año en curso", señala, aunque el acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de noviembre próximo, último día de la administración del presidente Zedillo.
En el Memorándum de políticas económicas, el gobierno mexicano planteó al FMI que en vista del cambio de administración el primero de diciembre y en el contexto de la incertidumbre asociada al entorno internacional actual, el Ejecutivo reconoce "la importancia de mantener la disciplina en el manejo de la política macroeconómica de los años recientes y fortalecer las reformas estructurales".
El gobierno mantiene un estricto compromiso con su programa de privatización, del que espera obtener "mediante distintas operaciones" ingresos por 37 mil millones de pesos durante este año. Entre ellas, destaca la venta de 49 por ciento de la Aseguradora Hidalgo, así como la desincorporación de tres grupos aeroportuarios regionales, operaciones que se "encuentran sumamente avanzadas".
En el documento, la administración zedillista informa al FMI que pretende "mejorar aún más" la base estructural del sistema tributario, con el fin de reducir la vulnerabilidad de las cuentas fiscales a las variaciones del precio internacional del petróleo.
A diferencia del memorándum de junio pasado, no hay mención a la intención de permitir la participación de capital privado en la industria eléctrica.
El documento de ayer señala que el gobierno pretende ejercer un control estricto sobre el gasto. Además, se compromete a evitar que el gasto público se concentre en el inicio del año, "a pesar de que se enfrentan presiones extraordinarias asociadas a la organización y logística del proceso electoral y del censo nacional de población y vivienda".
Reconsideración de leyes financieras
También establece que el gobierno considera que la legislación financiera recientemente enviada al Congreso es importante para mejorar la relación deudor-acreedor y para restaurar la función de intermediación financiera del sistema bancario.
En ese sentido, las autoridades mexicanas ofrecen al FMI "hacer su mejor esfuerzo" por que las leyes financieras sean reconsideradas por el Congreso, junto con iniciativas para modernizar los registros públicos y anticipa que "en este contexto se concluirá el estudio para modernizar el sistema judicial".
El Memorándum de políticas económicas señala que la estrategia de manejo de la deuda del gobierno para el 2000 prevé acudir a los mercados internacionales de capital en la primera parte del año para cubrir las necesidades de financiamiento y aprovechar las condiciones de liquidez existentes, así como para reforzar el blindaje de la economía en la transición a la siguiente administración.
Como parte de la estrategia de reducir los costos y ampliar el vencimiento de la deuda pública, el gobierno informa al FMI que se está instrumentando una estrategia financiera integral para reestructurar las obligaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y otros pasivos resultantes del rescate bancario.