MIERCOLES 15 DE MARZO DE 2000

Ť Rechazan las FARC el plan de privatizaciones del gobierno de Pastrana

Repunta la ola de violencia en Colombia

Ť Paro armado del ELN en el estado de Arauca; bloqueos de carreteras en Antioquia y Santander

Afp, Dpa, Ap y Reuters, Santafé de Bogotá, 14 de marzo Ť La ola de violencia repuntó en Colombia con saldo de 19 muertos y 14 heridos en atentados guerrilleros y masacres por parte de paramilitares de derecha, al tiempo que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rechazaba el plan de privatizaciones del gobierno del presidente Andrés Pastrana.

"Estas privatizaciones son salidas violentas que afectan todavía más la precaria situación de las comunidades más pobres del país, a las que se les imponen alzas en las tarifas --de los servicios públicos-- que sólo benefician a los inversionistas privados y a las transnacionales", asentó la mayor insurgencia de la nación sudamericana en un comunicado de prensa.

Aseveró que la política gubernamental de privatizaciones "busca afianzar el modelo neoliberal, los compromisos asumidos con la banca y el Fondo Monetario Internacional y el pro yanqui Plan Colombia", de lucha militar antidrogas, por lo que instó a denunciar esto en las audiencias públicas de paz y por salidas democráticas a la situación política.

Las FARC se oponen en concreto a la venta de las compañías estatales del sector eléctrico y de las empresas públicas de Cali, en tanto que con anterioridad el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha venido rechazando también dicha política con sabotajes contra el sistema de electricidad y bloqueos de autopistas, además de acciones armadas contra tropas del ejército.

Este día el ejército recibió la orden de redoblar la vigilancia en el centro del país y la zona petrolera fronteriza con Venezuela, ante sendos anuncios de las FARC y del ELN de llevar a cabo un "paro armado" a partir de este martes y hasta el jueves, al parecer para aprovechar que las centrales obreras harán una huelga general de 24 horas en algunos días más.

Las FARC dijeron que efectuarán su paro en Cundinamarca y las autoridades temen que los insurgentes se infiltren en la huelga de los trabajadores estatales, pues en los últimos días esa guerrilla incursionó en localidades campesinas de la región y secuestró a un alcalde y otras personas e incendió varios vehículos.

A su vez, el ELN decretó un paro armado en el petrolero departamento de Arauca, en la conflictiva zona fronteriza con Venezuela, donde opera la multinacional estadunidense Occidental (Oxy), y efectuó varios bloqueos de carreteras en Antioquia y Santander con la quema de cinco autobuses y un remolque de carga.

Ataque rebelde fallido

Mientras, las autoridades acusaron a las milicias urbanas de las FARC de un fallido ataque contra la sede de la cuarta brigada del ejército en Medellín, cuando el grupo hizo estallar tres cilindros de gas en las cercanías y provocó la muerte de dos civiles y heridas a otros 14, pues el sistema de propulsión que utilizó le falló.

Los artefactos se desviaron y cayeron sobre una empresa de seguridad privada, lo que causó la destrucción de 12 automóviles que se encontraban allí estacionados y daños a viviendas y comercios en un sector residencial de la zona.

Con este atentado son tres los que las milicias lanzaron contra la misma sede militar, y en el anterior realizado en julio causaron 10 muertos y 30 heridos.

Asimismo, se reportó que dos niños murieron en otro fallido ataque de las FARC en un caserío montañoso ubicado a unos 50 kilómetros de la capital del país, en tanto que los paramilitares de derecha mataron a ocho campesinos en Magdalena, a otros cuatro en Antioquia y tres paramilitares murieron en choques armados con el ejército en Caquetá.

En tanto que un informe oficial atribuía a las guerrillas 84.8 por ciento de las violaciones contra los derechos humanos cometidas en los últimos cuatro años, el procurador general de la república, Jaime Bernal Cuéllar, abogó en favor de la suspensión de procesos penales y la excarcelación para paramilitares de derecha que se sometan a la justicia, y además dialogar con ellos.

Por su parte, la Procuraduría General anunció la suspensión provisional de 17 miembros de inteligencia y contrainteligencia de la policía política (DAS) y abrió una investigación disciplinaria contra otros 14, en relación al caso de irregularidades en un decomiso de armas que al parecer era para un grupo paramilitar de derecha.

Por último, el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Kompass, criticó la carencia de una política clara del gobierno del presidente Andrés Pastrana en la protección de los derechos hu- manos, al señalar que no se ve una respuesta coherente en la materia.