MIERCOLES 15 DE MARZO DE 2000
Ť El pliego petitorio continúa en discusión
A un año de aprobarse el RGP, la UNAM sigue en conflicto
Ť Remociones, violencia y presos, entre las consecuencias
Karina Avilés Ť Al cumplirse hoy un año de la aprobación del Reglamento General de Pagos (RGP) por el que se aumentaron las cuotas en la UNAM, y que fue uno de los motivos que desató la huelga más larga de la historia de la universidad, el conflicto sigue latente y todavía existen puntos sin resolver.
La universidad de hoy ya no es la misma a la de hace un año. Se abrogó el reglamento de cuotas, se suspendió el que establecía los pagos voluntarios, se regresó a las cuotas de 20 centavos, cayó un rector, entró la Policía Federal Preventiva, fueron encarcelados cerca de un millar de estudiantes, desaparecieron dos secretarías de la UNAM, tres coordinaciones, y se han realizado más de una decena de remociones en puestos estratégicos.
No obstante, los ahora siete puntos del pliego petitorio siguen como entonces, como tema de discusión de un conflicto que no termina. Hoy, a 365 días de distancia, la UNAM del rector Juan Ramón de la Fuente enfrenta todavía los brotes de un problema que está en los pasillos, los salones y los edificios.
Bien lo reconoció el entonces rector Francisco Barnés de Castro cuando a poco más de la mitad de la huelga señaló en una entrevista radiofónica que si hubiera sabido lo que ocasionaría la aprobación del RGP hubiera tomado un camino diferente.
Fue demasiado tarde. En medio de fuertes protestas y reclamos de los estudiantes y de algunos consejeros universitarios, el 15 de marzo de 1999 en una sesión efectuada en el auditorio Ignacio Chávez del Instituto Nacional de Cardiología, el Consejo Universitario (CU) aprobó el RGP por el que un estudiante de licenciatura debería pagar unos 680 pesos semestrales y el de bachillerato 510 pesos. Por mayoría simple y en menos de tres minutos el RGP fue aprobado, aunque al final la votación quedó con 59 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.
Ese día, la inconformidad por la manera de sesionar del consejo fue denunciada por un representante estudiantil que leyó un documento firmado por 28 consejeros alumnos y siete maestros, donde afirmó que ''se violó el derecho a discutir sobre los puntos de la convocatoria y se puso en tela de juicio la legalidad de los acuerdos''.
Después de aquel lunes que algunos de los estudiantes recuerdan como el inicio de un fin que aún no llega, sobrevinieron una serie de acciones para organizar, preguntar y establecer la huelga en la universidad.
Así, el 20 de abril de 1999, 223 mil 495 alumnos no pudieron tomar sus clases por el primer día de paro. Días después, Barnés de Castro dijo contar con ''la paciencia necesaria'' para encontrar una vía adecuada de solución.
Al paso de las horas, los días y los meses se fue gestando una preocupación en la que tanto autoridades como estudiantes se encuentran estancados para hallar una solución.
Empieza la temporada de movilizaciones
Para el 7 de junio el rector Barnés presentó una nueva propuesta: las cuotas serán voluntarias. Sin embargo, esta iniciativa no logró eco en el Consejo General de Huelga (CGH). Comenzó la temporada de los mítines --uno de ellos encabezado por Barnés--, las marchas antiparistas, las manifestaciones, los pronunciamientos de ambas partes y los intentos de acercamiento, que al final terminaron en el fracaso. Las posturas irreconciliables se enfrentaron una y otra vez.
Entre tanto, los hechos de violencia se incrementaban. El primer enfrentamiento se dio entre granaderos y paristas en un Conalep que fue utilizado como sede alterna, al sur de la ciudad, en la Calzada de las Aguilas. Los huelguistas denunciaron la presencia de porros infiltrados que fueron los primeros en lanzar piedras a los uniformados.
La desesperación en la comunidad ante los pocos visos de solución fue aumentando. El 19 de noviembre toma posesión como rector el ex secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente. Después de reunirse por varias semanas con miembros de diferentes comunidades, presenta una propuesta que de acuerdo con las autoridades ''da respuesta a los seis puntos del pliego petitorio'' y que consiste en regresar a las cuotas de 20 centavos, suspender las relaciones de la UNAM con el Ceneval hasta que se discuta en el congreso, no dar marcha atrás en las reformas del 97 --pase automático y permanencia en la institución-- realizar un congreso y un programa de recuperación que será determinado por los consejos técnicos de cada plantel.
El CGH afirma que esos planteamientos no dan solución a sus demandas. El domingo 6 de febrero ingresa la PFP en la universidad. A la fecha, hay 111 alumnos presos y el consejo estudiantil se mantiene firme en demandar solución a sus exigencias.
Ť Miembros de la comisión de seguridad del Consejo Universitario, sin acuerdo
La presencia de la PFP extremaría tensiones
Karina Avilés y Alma Muñoz Ť Mientras el Consejo General de Huelga (CGH) reclamó que las autoridades universitarias quieren convertir a la máxima casa de estudios ''en un cuartel permanente de la policía militar'', miembros de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario (CU) mostraron profundas diferencias sobre la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la universidad.
Lizette Jacinto y Carlos Rey Espinosa coincidieron en que la propuesta de la permanencia de la PFP en la institución sólo extremaría el conflicto en vez de sofocarlo, pero Héctor Herrera preguntó: ''Ƒcómo debe darse esa vigilancia? Eso es lo que vamos a estudiar. No podemos estar como el otro día en rectoría (en la toma de la torre). Imagínense que llega cualquier gente o locos que se meten así (con violencia). Pues no, tiene que haber alguien que los reporte o los detenga. La autonomía no significa extraterritorialidad. La autonomía es académica y administrativa y por tanto sí pueden entrar elementos de seguridad''.
Por su parte, José Núñez Castañeda, director de la ENEP-Acatlán, también de la comisión, señaló que ''la universidad requiere tener un mínimo de seguridad en las personas y en las cosas'' debido a que, entre otros motivos, hay algunos problemas de delincuencia interna.
En entrevista, los cuatro integrantes de la comisión del CU emitieron sus opiniones y en algunos casos propuestas sobre uno de los temas más complejos de la UNAM.
El consejero José Núñez Castañeda manifestó su acuerdo en que es necesario hacer una revisión de la Dirección General de Protección a la Comunidad, y recordó que universidades de otros países cuentan con policías privadas, policías universitarias y existen instituciones en donde no las tienen. Por lo tanto, dijo, ''hay muchos esquemas que hay que revisar y ver con cuidado''.
Por su parte, la consejera alumna Lizette Jacinto consideró que utilizar a la PFP para actuar en cualquier momento en la universidad significaría una violación a la autonomía. ''Simplemente es un no rotundo a su entrada'', recalcó.
Lo necesario, dijo, es analizar las funciones de la dirección mencionada, ya que una de las cosas para las que ha servido ''es para ser orejas'' y señalar a los universitarios. Jacinto se manifestó por una revisión profunda de la actuación de dicha dirección, sobre todo, en los acontecimientos de la Prepa 3.
Propuso que en un lugar de existir un cuerpo de ''espionaje'' debería haber campañas de prevención como un servicio a la comunidad en el mejor espíritu universitario y destacó que desde ''hace un año y medio'' la comisión del consejo no se reúne.
Entre tanto, Héctor Herrara León indicó que la comisión de seguridad a la cual pertenece ''estudia los contextos de seguridad que debe tener la universidad''.
A pesar de recordar que la legislación universitaria niega la entrada a cualquier gente armada, ''un representante de la autoridad sí puede hacerlo'' y eso es lo que se va a estudiar como comisión, sobre todo porque después de cualquier movimiento social ''siempre queda en el ambiente cualquier problema y éste va a finalizar cuando exista un cambio integral en el manejo de nuestra universidad, lo cual se manejará en el congreso universitario''.
Por su parte, Carlos Rey Espinosa, consejero representante de los trabajadores, manifestó que ''por ningún motivo puede estar la PFP en la UNAM, y sobre todo después de las consecuencias que trajo a raíz de su entrada en la institución''.
''Eso sería prácticamente sitiar a la universidad y extremaría el conflicto en vez de sofocarlo. No es lo mejor ni lo más convincente''. El STUNAM ha planteado que las diferentes acciones en cuanto a la seguridad deben responder al marco de la legislación universitaria y del país, en busca de que no provoquen un conflicto mayor. Planteó un programa integral de seguridad que considere distintas líneas de acción, como la de protección civil.
Por último, consideró que es urgente que la comisión de seguridad del CU se reúna para analizar las consecuencias de la entrada de la PFP y establecer las alternativas que permitan resolver de manera integral el problema.
''La UNAM no es cuartel militar''
El CGH expresó que ''la máxima casa de estudios se encuentra en manos de un puñado de ineptos que ahora requieren un cuartel permanente de la policía militar que los proteja y les resuelva todo contratiempo con la comunidad universitaria''.
Al referirse al tipo de régimen que ''pretenden imponer en la universidad y en el país'', señaló que ''el ejército sitiando a las universidades es uno de los rasgos característicos de una dictadura, eso es lo que hizo Pinochet en Chile''.
Ť De nuevo, un grupo de alumnos exige que dimita
Acusan de cobros indebidos a la directora de la Preparatoria 3
Ť Estudiantes se manifiestan contra el titular de Derecho
Alma E. Muñoz y Karina Avilés Ť En medio de un ambiente de insistentes rumores, que aseguraban que el Consejo General de Huelga (CGH) tomaría ayer las sedes directivas del nivel medio superior universitario, grupos estudiantiles de la Preparatoria 3 y de la Facultad de Derecho realizaron actos de protesta para, en el primer caso, exigir de nuevo la destitución de la directora del plantel, Ramona Damián Adán, y, en el otro, obtener la posición del director Horacio Castellanos respecto a la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la UNAM, el pasado 6 de febrero.
Los preparatorianos, procedentes del plantel 3, agrupados en el Frente Estudiantil Justo Sierra ųdonde igual confluyen estudiantes paristas que antiparistasų, además de acusar a su directora de ser "culpable" de los hechos violentos suscitados en sus instalaciones el primero de febrero, también la responsabilizaron de la violación de los acuerdos previos sobre el calendario de exámenes extraordinarios, así como de aplicar cobros irregulares por servicios escolares.
Unos cuarenta activistas plantearon tales reclamos ante el director general de la Escuela Nacional Preparatoria, Héctor Herrera León, quien por su parte les exigió pruebas sobre sus afirmaciones. Al grupo estudiantil se sumaron también maestros del plantel, así como algunos padres de familia. Luego de escucharlos, el funcionario ofreció que enviará sus denuncias al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, para que sea él quien determine las acciones a seguir.
Entre las imputaciones que, como vocera del grupo, formuló la maestra Alicia Aguirre Monroy contra la directora de la Preparatoria 3, están "el cobro de servicios como estacionamiento, credenciales, uniformes deportivos y 300 pesos como bono de cómputo en el periodo 98-99".
Por otra parte, alrededor del mediodía, un centenar de huelguistas de la Facultad de Derecho realizó un mitin frente la dirección del plantel.
Como lo han demandado desde hace varias semanas, su presencia ahí fue para exigir a Horacio Castellanos que defina su posición sobre la entrada de la PFP a Ciudad Universitaria, el encarcelamiento de sus compañeros, la reducción de la matrícula de la escuela y una explicación sobre el acta administrativa que levantó en contra de la alumna Laura Chávez, quien supuestamente agredió al estudiante Gustavo Arias el viernes pasado.
Crucifixión frente a la BMV
Alma E. Muñoz Ť Padres de familia de los universitarios detenidos en el Reclusorio Norte trasladaron ayer las tres cruces de madera, en las cuales diariamente se crucifican, a la Bolsa Mexicana de Valores para exigir la libertad y total desistimiento de cargos en contra de los estudiantes presos.
Desde las 12 horas llegaron los paterfamilias al edificio bursátil para, además, continuar con la extracción de sangre, con la cual realizan pintas, exigiendo el cumplimiento a sus demandas.
A pesar de que poco a poco van saliendo presos del penal, precisaron que no se retirarán de la explanada de la rectoría hasta lograr la libertad de todos aquellos alumnos que fueron detenidos el primero y el 6 de febrero pasados.
Y reiteraron que su protesta la trasladarán en los próximos días a diversos puntos de la ciudad para "concientizar" a la gente sobre la lucha que iniciaron a partir del ingreso de la PFP a Ciudad Universitaria.
Frente a la Bolsa Mexicana de Valores, pocas personas se movilizaron. Sin embargo, hasta las 14 horas, cuando concluyó la crucifixión, realizaron brigadeos informativos sobre los motivos que originaron el conflicto en la UNAM.
Los padres de familia resaltaron que el rector De la Fuente "no ha logrado que la normalidad regrese a Ciudad Universitaria porque el movimiento estudiantil continúa en lucha y pide el cumplimiento a sus siete puntos del pliego petitorio, en donde se incluye la libertad de todos los presos políticos".
Ayer se crucificaron las señoras Belén García y Yolanda Sánchez, además de la estudiante de la Facultad de Veterinaria Karina Ruiz. Se extrajeron sangre Juan Hurtado, Cecilia Delgado, Carlos Cordero, Antonio Heredia y Belén García para pintar sobre un pedazo de cartulina: šLibérenlos ya!
Hoy, las tres cruces retornarán a la explanada de rectoría para repetir la acción en el contexto del festival musical que organiza el CGH a las 11 horas.
Ť Sólo quedarían 25
El viernes podrán obtener su libertad 86 miembros del CGH
Gustavo Castillo y José Galán Ť Las autoridades de la Preparatoria 3 presentaron ayer ante el segundo juzgado de distrito en el Reclusorio Norte la petición de sobreseimiento del delito de robo en favor de 86 miembros del Consejo General de Huelga (CGH), quienes así podrán obtener su libertad bajo caución el próximo viernes.
De esta forma, sólo quedarían en prisión para el próximo fin de semana 25 miembros del CGH, entre ellos los supuestos líderes Alejandro Echevarría, El Mosh, Alberto Pacheco, El Diablo, Mario Flavio Benítez, Higino Muñoz y Jorge Martínez Valero, así como Elizabeth Manley y Leticia Contreras.
Javier Cruz, del equipo de abogados de la defensa, informó que, además, permanecerían en prisión Eduardo Ortega Celaya y René Escamilla Tirsch, acusados de preparar bombas molotov, pero advirtió que hoy solicitarán que se les otorgue el beneficio de la libertad bajo caución.
Este miércoles fueron citados a comparecer ante la juez sexta de distrito en materia penal, María Elena Leguízamo Ferrer, los 12 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que elaboraron el parte informativo que sirvió a la Procuraduría General de la República (PGR) para documentar las acusaciones de motín, terrorismo, robo específico, lesiones agravadas, despojo, daños en propiedad ajena, sabotaje y asociación delictuosa, en contra de 174 integrantes del Consejo General de Huelga, detenidos en la Preparatoria 3 el pasado primero de febrero, y de los cuales 85 continúan presos en el Reclusorio Norte.
A las nueve de la mañana está programa la audiencia; sin embargo, en otras tres ocasiones los agentes policiacos no han acudido al juzgado para ampliar sus declaraciones ministeriales, "la PFP ha enviado oficios argumentando que están comisionados fuera de la ciudad de México y que por esa razón no pueden comparecer", informó el abogado de los paristas de la UNAM Javier Soto.
El litigante informó que, en caso de que los policías no acudan al citatorio, "se solicitará una medida de apremio para el comisionado de la Federal Preventiva, Wilfrido Robledo, consistente en una sanción económica, o bien un arresto administrativo por 36 horas".