JUEVES 16 DE MARZO DE 2000
* Protestan defensores por anomalías en el proceso y la resolución "en paquete"
Formal prisión a 11 zapotecas de Yalálag
* Los acusan de la muerte de Roberto Limeta, en los hechos del 7 de marzo en el palacio municipal
Blanche Petrich * El juez sexto de lo penal en Oaxaca, Roberto Diego López Hernández, dictó ayer auto de formal prisión en contra de 11 zapotecas de la comunidad de Yalálag, entre ellos seis miembros del Consejo de Ancianos, acusados de dar muerte a Roberto Limeta Mestas, durante un enfrentamiento que se produjo el pasado 7 de marzo por el control del palacio municipal de ese poblado de la Sierra Juárez.
Los defensores de los detenidos se inconformaron de inmediato en contra de la decisión del juez, y mediante un comunicado protestaron por la resolución "en paquete" tomada en perjuicio de los inculpados, sin especificar el grado de presunta responsabilidad de cada uno.
"Por la simple lectura del auto ųseñaló el abogado defensor Adelfo Reginoų decimos que es una decisión que cumple una consigna política, o proviene de una ignorancia profunda sobre la teoría jurídica".
En un documento, el grupo de defensores ųRegino, Hugo Aguilar Ortiz y la abogada Brenda Reina Lópezų expuso lo que considera "irregularidades" que contienen los expedientes en los que el juez basó su dictamen. Señala que en el cuerpo de la resolución se citan los nombres de los 11 detenidos como si tuvieran las mismas inculpaciones y la misma situación jurídica. En el caso de los testigos reproduce el mismo esquema, citando "en paquete" a las 12 personas que acudieron a testificar, como si todos hubieran vertido la misma declaración.
Sin embargo, en el desglose de los testimonios, las versiones difieren en su contenido, y sólo coinciden en un punto, en mencionar al dirigente comunitario, Joel Aquino, como autor del homicidio. Aquino no fue apresado porque no se encontraba en el lugar de los hechos, y a pesar de ello, se dictó una orden de aprehensión en su contra, lo mismo que contra la dirigente de la Unión de Mujeres Yalaltecas, Juana Vásquez.
Por el contrario, está el caso de uno de los detenidos, Nilo Cruz Márquez, quien no tiene señalamiento directo alguno, ya que ųargumenta la defensaų llegó al escenario de la balacera después del enfrentamiento. A pesar de que ningún testigo de cargo lo menciona ni acusa, figura en el "paquete" de consignados. Hay casos similares: a Zenón López Agustín sólo lo menciona uno de los testigos, y a dos de los ancianos, Camerino Aquino y Samuel Molina, únicamente los señalan dos.
Otra anomalía que hacen notar los abogados es que en la declaración ministerial a todos los inculpados se les considera "confesos", sin que existiera esa confesión de partes. Denuncian también que en el trámite de la declaración preparatoria ante el Ministerio Público, la autoridad no les facilitó, conforme a su derecho, un traductor, siendo que nueve de los 11 detenidos son monolingües. Varias de las confesiones fueron hechas bajo tortura, y el juez les concedió valor probatorio, lo mismo que a la versión de la Policía Judicial. Y por el contrario, desestimó, "por parciales", las versiones de los testigos de descargo.
La balacera de la semana pasada se produjo cuando cerca de 40 yalaltecos, simpatizantes de la asamblea comunitaria que durante 18 años había gobernado el municipio, pretendió ocupar el ayuntamiento que mantenían ilegalmente en su poder, sus rivales, desde hacía ya dos meses. A los pocos minutos de la "recuperación", el bando opuesto pretendió desalojar a los nuevos ocupantes. Aunque hay evidencias de que ambos grupos iban armados, la Policía Judicial no detuvo a ningún integrante de uno de los bandos en conflicto.
Coordinadora 11 de Octubre
En otro comunicado hecho llegar a este diario, integrantes de la llamada Coordinadora 11 de Octubre, del Valle de México, demandaron "castigo para los autores materiales e intelectuales" del asesinato de Roberto Limeta, y aseguraron que "la aplicación de la justicia es el punto de arranque para la reconciliación de un partido fracturado".
En este texto, sus autores consideran a Joel Aquino y a Juana Vázquez como "eternos defensores del indigenismo", ya que en las dos últimas décadas "han hecho de la lucha indígena un modus vivendi". Al primero lo acusan de cacique, "por haber estado detrás del poder en las últimas dos décadas". Este grupo de oaxaqueños protesta, asimismo, por el manejo informativo que le ha dado La Jornada al caso de Yalálag, con el cual, "el crimen está siendo escamoteado y el grupo que sufrió el atentado aparece como el violento".
Respecto a la salida política que las autoridades de Oaxaca ofrecieron al conflicto, instalando este lunes al administrador municipal provisional, en espera de que se realicen nuevas elecciones vigiladas por el Instituto Electoral Estatal. Urbano Fabián, miembro de esta coordinadora, afirmó que es "un paso positivo. Todo lo que sea solución es bueno". Afirmó que la coordinadora cuenta con cerca de mil integrantes en el DF, entre yalaltecos y sus descendientes, y que es una organización de enlace con grupos similares que hay en Oaxaca y Los Angeles. Aseguró que la agrupación no tiene relación con ningún partido, "aunque a título individual, algunos militen en distintas organizaciones". Esta coordinadora apoya, desde sus lugares de residencia, a los dirigentes Onésimo Cuevas, Abel Cristóbal y Felipe Mulato, a quien Fabián describió como "líderes naturales que se inconformaron con el grupo de Joel Aquino".