VIERNES 17 DE MARZO DE 2000

* Los acusarán de delitos ambientales, asegura la Aric Independiente

Emplazan a indígenas a abandonar 12 asentamientos de los Montes Azules

* SRA, Profepa y gobierno de Chiapas intentan persuadir a los grupos que huyeron del conflicto armado, o serán desalojados

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 16 de marzo * Cientos de indígenas de la selva Lacandona que en 1994 asentaron sus poblados en la reserva Montes Azules, fueron emplazados por las autoridades a abandonar el lugar antes de ser desalojados. Los acusan de "estar afectando el ecosistema de la zona", por lo que en las últimas horas se presentaron demandas penales en su contra, por "delitos ecológicos".

Durante los últimos tres meses, una comisión interinstitucional formada por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el gobierno de Chiapas, han intentado "persuadir" a 12 núcleos poblacionales que huyeron del conflicto armado y a principios de 1994 se asentaron la reserva Montes Azules, de que abandonen el lugar antes de ser desalojados.

La propuesta, según Antonio Azuela de la Cueva, delegado de la Profepa, es reubicarlos "en algún otro terreno", para lo cual este jueves deberían concentrarse todos los pobladores de los 12 ejidos en el municipio Comitán, para de ahí "repartirlos" a otras regiones.

Sin embargo, los presidentes ejidales de los doce poblados sostuvieron una asamblea el pasado fin de semana, y acordaron no continuar las negociaciones relativas a su reubicación.

Mario Hernández Pérez, representante de los ejidatarios, explicó que sólo los habitantes de cuatro de los 12 poblados aceptaron ser instalados en otra región, pero a cambio exigen que se regularice la tenencia de la tierra de los otros ocho.

Estos ocho ejidos se comprometen a respetar el medio ambiente de la reserva (más de un millón de hectáreas), y no entrar en confrontación con los indígenas lacandones que exigen su salida. Para ello piden a las autoridades proyectos productivos que les sirvan como alternativa de sobrevivencia.

Presentan denuncias

Sin embargo, este día las autoridades rechazaron la petición e informaron a los ejidatarios que presentaron denuncias penales por delitos ecológicos en su contra, por lo que en las próximas horas se llevaría a cabo un operativo de desalojo.

El delegado de la Profepa dijo que urge reforestar la reserva, "porque ahí se localiza casi la mitad de las especies de aves que existen en el territorio nacional, 40 por ciento de los mamíferos y más de 10 por ciento de los anfibios; además de la cuenca con mayor captación de agua de México, que alimenta a los ríos Grijalva y Usumacinta".

Explicó que en los últimos 14 años se ha erosionado 40 por ciento del territorio de la reserva, lo que significa la pérdida de 33 mil hectáreas al año, y que el principal factor que ha incidido en este problema es el crecimiento demográfico de la región.

Influye también, dijo, la falta de opciones de desarrollo para la población y las secuelas de la política de colonización que predominaron en el pasado, y que se refleja en la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva y el uso de agroquímicos. Agregó que el problema no es sólo por los 12 núcleos agrarios que pretenden reubicar, sino que en los alrededores de las tierras de la comunidad lacandona ųque se dice guardián de la reserva ecológicaų existen otros 50 núcleos ejidales que llegaron antes de 1994, por lo cual se les respetará la tenencia de la tierra.

Antonio Azuela señaló que "la colonización de la selva está concluida, (y) no debe alimentarse ningún tipo de expectativa social al respecto". Por lo tanto, se protegerán los derechos de propiedad de la comunidad lacandona, manteniendo el área libre de nuevas ocupaciones.

Y mientras prosigue el proceso de "desocupación", personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal de Caminos (PFC), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), la Profepa, y las secretarías de Gobierno y de Ecología, instalaron el Comité Interinstitucional de Inspección y Vigilancia Forestal, y colocaron casetas de vigilancia y control de la selva Lacandona, en previsión de nuevas invasiones y para resguardar a las especies animales y forestales.

Los indígenas amenazados de desalojo responsabilizaron al titular de la SRA, Eduardo Robledo Rincón, de cualquier acción en su contra, y lo acusaron de desplegar un operativo militar.

* Las autoridades preparan una intervención militar

Matilde Pérez U. * Con el fin de desalojar de la reserva de la biósfera de Montes Azules, Chiapas, a cerca de 400 familias indígenas de doce poblados, y así concluir con el añejo conflicto agrario que mantienen con la comunidad lacandona, los gobiernos estatal y federal acusarán a los posesionarios de "delitos ambientales", aseguraron dirigentes de la Asociación Rural de Interés Colectivo (Aric) Independiente y Democrática.

Informaron que el pasado 9 de marzo, personal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y del gobierno de Chiapas llegaron en helicóptero al ejido Candelaria y entregaron una carta en la que advierten a los pobladores que presentarán denuncias por "delitos ecológicos" contra quienes no acepten el convenio de reubicación propuesto por esa secretaría y la de Medio Ambiente, además del gobierno estatal.

Los dirigentes Nicolás Hernández, Javier Jiménez y Miguel Cruz, entre otros, comentaron que personal de la SRA y del gobierno chiapaneco advirtieron a los habitantes de los doce poblados que deben aceptar la propuesta oficial del convenio de reubicación, que consiste en la entrega de 20 mil pesos para la compra de tierra y apoyos en vivienda y producción de básicos, o ųsegún su versiónų serían acusados de "delincuentes ambientales" y sujetos a la "aplicación de la ley".

"Se prepara un desalojo militar", aseveraron los dirigentes de la Aric, organización a la que están afiliadas las familias de los doce poblados que desde hace cuatro años tratan de llegar a un acuerdo acerca del añejo conflicto agrario con los lacandones.

Ante la amenaza de ser encarcelados, los pobladores exigieron al gobierno de Chiapas, a la SRA y a la Semarnap que respeten la minuta de trabajo firmada el 31 de enero pasado, en la cual ambas secretarías se comprometieron a resolver las demandas de entrega real de 5 hectáreas por familia, vivienda y servicios, y apoyos técnicos y económicos para la producción. Los indígenas acordaron rechazar, como poblados, cualquier acuerdo con la SRA y la Semarnap, y que la Aric Independiente y Democrática realice la negociación.

Aclararon que la "nueva" propuesta de las autoridades estatales y federales "sólo tiene un nuevo lenguaje, pero no hay ningún compromiso institucional. Lo cierto es que la amenaza de un desalojo y de ser acusados por delitos ambientales se está preparando", insistieron.

Las familias de los doce poblados comentaron que propusieron a la SRA y a la Semarnap la reubicación de cuatro núcleos poblacionales y la regularización agraria del resto, siempre y cuando se entreguen a cada familia 5 hectáreas de tierra y el total de los apoyos técnicos y económicos.