VIERNES 17 DE MARZO DE 2000
* Otros dos ex altos oficiales argentinos podrían correr igual suerte
Detienen a ex general por el caso del robo de bebés de desaparecidas
* Ruptura en la poderosa central peronista CGT * Disidentes se oponen a la flexibilización laboral
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 16 de marzo * El ex general Juan Bautista Sasiain, quien ocupara cargos claves durante la ultima dictadura militar argentina (1976-1983), quedó hoy detenido por orden de un juez que investiga el robo de hijos de detenidas desaparecidas durante aquel régimen, y otros dos ex generales podrían correr la misma suerte.
Sasiain quedó detenido después de declarar ante el juez Adolfo Bagnasco, quien lo imputa como responsable en la causa en que se investiga el robo de bebés nacidos en centros clandestinos de detención.
La causa se inició por una denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo y ya han sido procesados en este marco varios jefes militares, entre ellos los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, así como el ex almirante Emilio Massera, los ex generales Guillermo Suárez Mason y Cristino Nicolaides, los marinos Antonio Váñez, Héctor Febres, Rubén Franco y ex capitán Jorge Tigre Acosta.
Sin embargo, Sasiain se acogería al beneficio del arresto domiciliario, al igual que varios de los militares procesados, por ser mayor de 70 años.
Las detenidas eran mantenidas con vida hasta el momento del parto, cuando les quitaban sus bebés para entregarlos a policías y militares que los anotaban como propios, o eran abandonados en orfanatorios.
Se calcula que más de 400 niños fueron robados en estas condiciones, de los cuales existe una lista de más de 260 casos con pruebas y testimonios contundentes, y de estos 66 han podido ser recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Sasiain, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante una parte de la dictadura castrense, fue interrogado sobre los casos que ocurrieron en esa área, donde funcionaron varios centros clandestinos de detención, entre ellos los siniestros "pozos" de Quilmes y de Banfield, la llamada Cacha y también el de la comisaría quinta de La Plata, capital de la provincia.
El también ex jefe de policía de la dictadura negó responsabilidad durante su presentación ante Bagnasco, pero no pudo desvincularse de las acusaciones en delitos co- mo sustracción, retención y ocultamiento de menores, que no son excarcelables ni prescriben, por lo que no entran en las leyes exculpatorias e indultos que beneficiaron a represores tras el regreso de la democracia.
La Operación Cóndor, en el banquillo
El abogado Alberto Pedroncini dijo a este periódico que se esperan ahora las declaraciones que la próxima semana rendirán los ex jefes militares Santiago Omar Rivero y Jorge Olivera Rovere.
Este ultimo será indagado específicamente por lo sucedido en el siniestro campo clandestino de detención Automotores Orletti, clave en la Operación Cóndor, la coordinación criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70. Ambos militares podrían quedar detenidos.
En este contexto, el Senado aprobó, con los votos del oficialismo y de parte de la oposición peronista, los ascensos pedidos por el gobierno de seis militares, aun cuando cinco de ellos figuran en las listas de represores establecidas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y en el libro que ese grupo editó a pedido del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), quien como Fernando de la Rúa pertenece a la Unión Cívica Radical.
La otra noticia del día aquí fue la ruptura de la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyas bases disidentes --más de 600 delegados que representan a 110 gremios-- eligieron como nuevo secretario general al camionero Hugo Moyano.
La fractura de la central obrera que fuera una de las más poderosas y organizadas del continente, comenzó en realidad cuando la mayoría de sus dirigentes --llamados los gordos por su poder económico-- apoyaron las duras leyes que durante el pasado gobierno de Carlos Menem arrasaron con las antiguas legislaciones laborales.
Esta división presenta otro frente de tormenta para el gobierno de De la Rúa, que curiosamente eligió como interlocutores a aquellos mismos dirigentes menemistas a los que se opuso cuando era la fuerza política opositora a Menem.
El gobierno desconoció a Moyano, pero la nueva CGT rebelde tendrá como secretaria administrativa a la legisladora Alicia Castro, quien con otros miembros de la Alianza que ahora gobierna el país (integrada por la centrista Unión Cívica Radical a la que pertenece De la Rúa y el centroizquierdista Frente País Solidario) se opuso en la Cámara de Diputados a la nueva flexibilización laboral promovida por el presidente e impuesta al país por el Fondo Monetario Internacional.
El primer acto propuesto por los nuevos dirigentes cegetistas es una movilización frente al Congreso cuando el Senado deba votar la ley de flexibilización laboral, que cierra lo comenzado por Menem en sus dos gobiernos sucesivos y busca, entre algunos de sus polémicos puntos, alargar el periodo de prueba de los trabajadores de uno a seis meses.
"Vamos a volver a recuperar el sentido de la solidaridad en defensa de todos los trabajadores, que fue el ejemplo de lucha y sacrificio de los obreros argentinos a lo largo de toda su historia... Somos los más castigados por los distintos procesos y por los programas económicos y debemos hacer algo ya por los millones de desocupados y excluidos", dijo Moyano a La Jornada.
El combativo líder de los camioneros, quien junto con Juan Carlos Palacios encabezara el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, terminó de romper con el actual secretario general cegetista, Rodolfo Daer, cuando éste apoyó el nuevo proyecto de reforma laboral de la Alianza