VIERNES 17 DE MARZO DE 2000

* Vicente Corta: necesario, reformar la ley del secreto bancario

Informar sobre anomalías, responsabilidad del Legislativo

Antonio Castellanos * El secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Vicente Corta, afirmó ayer que este organismo se mantendrá ajeno a toda presión política, y manifestó que no se opondrá si los legisladores deciden dar a conocer los nombres de los titulares de créditos irregulares; esa será su responsabilidad, precisó.

El funcionario expresó que si se hacen reformas legales al secreto bancario, éste debe permanecer para los depósitos, para los inversionistas y para los ahorradores, y abrirse en el caso de créditos que se considere hayan sido otorgados al margen de la ley. El Poder Legislativo determinará en qué supuestos la información puede hacerse pública.

Agregó que en los casos en que se descubrieron actuaciones indebidas, se ha procedido a presentar denuncias y a sancionar a quienes infringieron la ley.

Hay acreditados, reconoció, que abusaron y, en esos casos, las autoridades competentes, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los propios bancos han fincado responsabilidades.

Sobre la emisión de bonos del IPAB, consideró que es una de las acciones más importantes que se han adoptado para reducir el costo de los programas de apoyo a los ahorradores. Se calcula que cada año, según se mejore el perfil de la deuda, se reducirá el costo en un punto porcentual, lo que representaría unos 8 mil millones de pesos anuales.

Al respecto, informó que el IPAB tiene previsto recuperar unos 20 mil millones de pesos en el 2000. A la fecha se llevan unos 5 mil millones. Se ha vendido la cartera de Banco Unión, Banco Mexicano y ya se cerró la de Banca Serfin.

Asimismo, se venderá la cadena hotelera Camino Real, en las próximas semanas. En mayo, Serfin. Todo lo que se obtenga será sumado a lo que se capte con los bonos para reducir el costo fiscal de la deuda.

Corta insistió en que el IPAB ha respondido con transparencia a las solicitudes del Congreso, y planteó que en el punto de acuerdo no se solicitó información nominativa; incluso, en el documento emitido por los legisladores se destaca que en todo momento "se deberán proteger los derechos de terceros".

Sobre el asunto, manifestó que el listado que solicitan los legisladores con los nombres de los créditos es información que ellos tienen. La auditoría al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue realizada por orden del Poder Legislativo, que contrató a un auditor, y éste les dio el resultado, del cual existe una copia en el IPAB, pero tampoco la puede divulgar porque está protegida por el secreto bancario.

Consultado sobre la lista que algunos legisladores han dado a conocer, declaró desconocer los detalles: "Habrá que revisarla, pero casi podría anticipar que no es exactamente la que entregó el auditor".

Es evidente que el IPAB no solapará ninguna acción irregular y hará las denuncias penales que sean necesarias, abundó. En el instituto hay más de un millón de créditos, pero no se cuenta con información individual.

Reiteró que las autoridades "sólo pueden hacer aquello que expresamente les está permitido, y los ciudadanos lo que no les está prohibido. Lo que sí se percibe entre la sociedad en el caso de la ley del secreto bancario es que ésta debe reformarse para que cierta información pueda hacerse pública. Ese sentimiento lo comparte el IPAB", finalizó.