VIERNES 17 DE MARZO DE 2000
* Emilio Pradilla Cobos *
Autoridad metropolitana
En la reunión de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, celebrada el 6 de marzo con la participación de la jefa de Gobierno del Distrito Federal y del gobernador del estado de México, hubo dos hechos importantes para el futuro de la gestión pública y el desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
El primero fue el anuncio de los acuerdos por los cuales se integran a la Comisión Ejecutiva los 16 jefes delegacionales del DF y los presidentes municipales de 28 municipios conurbados del estado de México; y el inicio del estudio para integrar a la comisión a los municipios conurbados todavía ausentes de este órgano de coordinación: 30 más, según diferentes analistas. El segundo, el pronunciamiento de Rosario Robles sobre la necesidad de abrir el debate nacional sobre la conveniencia de reformar la Constitución para otorgarle funciones expresas a la comisión y darle carácter obligatorio para las entidades que forman la ZMVM a los acuerdos tomados por ella; es decir, convertirla en autoridad metropolitana. Ha llegado la hora de reabrir el debate que se inició a principios de la década de los noventa.
A mediados del siglo XX, el patrón concentrador y centralizador del crecimiento demográfico y económico, llevó a que la ciudad de México desbordara sus límites, avanzara sobre los municipios colindantes del estado de México y entráramos en la fase de metropolización. Aunque los grandes problemas derivados del crecimiento y el funcionamiento de la metrópolis, como el suministro de agua, la contaminación ambiental, la evacuación de aguas pluviales y usadas, la vialidad y el transporte, el crecimiento económico, la planeación urbana y su control, son comunes, su gestión está separada entre dos entidades federales y múltiples demarcaciones, además tienen marcos legales distintos. No existen mecanismos claros para definir la corresponsabilidad en el financiamiento de grandes obras de infraestructura de beneficio mutuo.
Los fenómenos sociales como la delincuencia, el desempleo y el ambulantaje, así como sus actores, no respetan fronteras territoriales, tienen gran movilidad entre jurisdicciones; en tanto que su combate o solución y los agentes públicos que los enfrentan están limitados por ellas y aplican normatividades distintas. El Distrito Federal recibe diariamente a más de 7 millones de personas provenientes del estado de México y otras entidades, que trabajan, compran y consumen servicios en él, pero no pagan impuestos al fisco para cubrir su costo; al mismo tiempo, los municipios conurbados son el lugar de residencia de la mayor parte del crecimiento demográfico de la metrópolis, incluyendo los defeños que emigran a la periferia urbana.
Por lo anterior, la creación de una autoridad metropolitana colegiada y políticamente plural, compuesta por los gobernantes electos de las entidades federativas y sus demarcaciones, que dentro del respeto irrestricto a las soberanías particulares acuerde sobre las acciones que requieren las distintas partes de la metrópoli, incluyendo la planeación del desarrollo y la gestión de las grandes infraestructuras y servicios y establezca las participaciones equitativas para su financiamiento y homologue normatividades, es una necesidad inaplazable de la nueva realidad contemporánea.
La Comisión de Coordinación Metropolitana actual, con su composición ya acordada y la fructífera experiencia de sus comisiones operativas sectoriales, es ya el embrión, la prefiguración de esta autoridad. Habría que darle estatuto constitucional, dotarla de funciones y reglamentar los ámbitos de su capacidad decisoria obligatoria para todas las demarcaciones que forman la metrópoli. Este punto debe estar en la agenda del próximo Congreso federal.
Como lo señaló Rosario Robles en su discurso, y está incluido en el Programa de Gobierno 2000ų2006 de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial de la Alianza por México, esta autoridad metropolitana podría ser creada constitucionalmente para todas las zonas metropolitanas del país, en particular para Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala y la Comarca Lagunera, entre muchas otras. Es un requerimiento de la realidad actual de las grandes ciudades y de la modernización de la administración pública mexicana.