SABADO 18 DE MARZO DE 2000
Ť Ofrece De la Rúa impulsar el esclarecimiento de los ataques de 1992 y 1994
Dos bombazos en el aniversario del atentado a la embajada israelí
Ť Lamenta el presidente argentino la fractura en la CGT Ť Investigan por corrupta a ex funcionaria
Ap, Dpa, Afp y Reuters, Buenos Aires, 17 de marzo Ť El estallido de dos bombas y al menos tres amenazas de artefactos explosivos, que resultaron falsas alarmas, coincidieron este viernes con el octavo aniversario del atentado contra la embajada de Is- rael en Buenos Aires, en tanto que el presidente Fernando de la Rúa se comprometió a impulsar el esclarecimiento de los ataques contra la comunidad judía en 1992 y 1994, que dejaron más de cien muertos.
Los estallidos de este día no provocaron heridos ni muertos y ninguna organización se los adjudicó, pero el gobierno no descartó que estén vinculados con los ataques ocurridos el 17 de marzo de 1992.
El ministro del Interior, Federico Storani, consideró que pudo haber sido un forma de llamar la atención porque hoy se inaugura una plaza en homenaje a las víctimas de la destrucción, en el mismo lugar donde estuvo la embajada.
Las explosiones de este viernes causaron daños materiales en las fachadas de un escuela de la comunidad armenia y de un colegio de al enseñanza básica en Quilmes, en la periferia de Buenos Aires.
El teatro Colón, una de las salas más importantes del mundo, tuvo que ser desalojado por la policía tras ser recibida una llamada telefónica en la que una voz masculi- na dijo: "Amenaza de bomba... desalojen".
Otras dos amenazas de colocación de explosivos, también falsas, fueron recibidas en una empresa telefónica, y otra en una escuela primaria en la periferia de la capital.
Storani expresó su condena, repudio y preocupación por el ataque contra el colegio armenio San Gregorio El Iluminado, que dañó la puerta de acceso y la escalera, y sobre el cual, afirmó, no se recibió ninguna advertencia.
El ministro señaló que las bombas se pueden tomar como un acto de intimidación por el octavo aniversario del atentado a la embajada de Israel, pero señaló que el gobierno no puede concluir que exista una campaña sistemática y organizada para enrarecer las campaña para los comicios en Buenos Aires, el 7 de mayo.
No obstante, tras reconocer que existen indicios de que interesados podrían intentar crear un clima enrarecido, reforzó la vigilancia en los centros educativos públicos y privados de todo el país.
Mientras tanto, en un acto por el aniversario del ataque a la embajada israelí, en el barrio de Recoleta, donde se inauguró la plaza en memoria de los muertos de ese episodio, De la Rúa afirmó que se pondrá a disposición todo lo que el Estado pueda poner para recabar toda la información, los datos y las pistas.
Sostuvo que los ataques terroristas que destruyeron las sedes de la representación israelí, y dos años más tarde la Asociación Mutual Israelita Argentina, son todavía una herida abierta para todos los argentinos.
El embajador de Israel, Yitzhak Aviran, cuestionó duramente a la Corte Suprema de Justicia a cargo de la instrucción de la causa y reclamó un avance en las averiguaciones sobre la conexión local del atentado, luego de que en 1999 la corte identificó al grupo terrorista Jihad Islámica como el autor del ataque.
Por otra parte, el presidente argentino lamentó más tarde la fractura de la Confederación General del Trabajo (CGT), al expresar su deseo de que las instituciones no tengan divisiones.
"No queremos desarticular a las organizaciones sindicales, ni perjudicarlas", sostuvo de la Rúa en la ciudad de Rosario.
Tras expresar que el gobierno no tiene que reconocer a la CGT ni dejar de reconocerla, dijo que el Ministerio de Trabajo se maneja con los sindicatos constituidos a la hora de resolver los conflictos laborales.
El secretario general del sector sindical más cercano al gobierno, Rodolfo Daer, dijo hoy, sin embargo, que en menos de lo que se piensa habrá nuevamente unidad en el movimiento sindical.
En otro asunto, la Cámara Federal ordenó hoy investigar a María Julia Alsogaray, ex funcionaria del gobierno de Carlos Menem acusada por la presunta comisión del delito de violación de funciones públicas, así como a Mario Marco Naón, quien dependía de ella, por enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la empresa automotriz italiana Fiat suspendió por ocho días a sus mil 50 empleados de la planta de la provincia de Córdoba, debido a una caída en la demanda de autos; sólo percibirán el 55 por ciento de sus salarios.