SABADO 18 DE MARZO DE 2000
Ť Expertos de la CNBV y la Procuraduría Fiscal revisan los expedientes
No se encubrirá a nadie, asegura el secretario ejecutivo del IPAB
Ť Debe acabarse con la sensación de que hay impunidad y que se oculta algo, expresa Corta
Ť Llama a los diputados a que den a conocer nombres de quienes se beneficiaron ilegalmente
Antonio Castellanos Ť El secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Vicente Corta, afirmó que conjuntamente con expertos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) se revisan expedientes de préstamos que podrían involucrar en hechos ilícitos a funcionarios bancarios y empresarios. No se encubrirá a nadie, sea alto o mediano funcionario público o privado, aseguró.
Debe acabarse con la sensación de que hay impunidad y de que se oculta algo. Si la información hasta ahora divulgada no satisface a la sociedad, los diputados deben dar a conocer los nombres de quienes se beneficiaron de manera ilegal con créditos relacionados o fraudulentos que fueron a parar, primero, a la panza del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y después al IPAB, agregó.
En entrevista con La Jornada, Corta expresó que eso es socialmente sano, pero el alcance de la reforma al secreto bancario -que, dijo, debe mantenerse para los que invierten, para quienes tienen sus depósitos y eliminarse para aquellos que cayeron en cartera vencida y que se niegan a pagar, aun teniendo capacidad- corresponde exclusivamente al Legislativo.
El caso Taesa
Al respecto aseguró que, en el caso de la aerolínea Taesa, podría determinarse la quiebra fraudulenta, y adelantó que en las próximas semanas la Procuraduría General de la República (PGR) podría librar tres órdenes de aprehensión en contra de acreditados que defraudaron a la banca y que cargaron su deuda al IPAB.
El informe del auditor Michael W. Mackey fue revisado por peritos contables y jurídicos contratados por el IPAB, y ahora su reporte es analizado por funcionarios de la CNBV y la Procuraduría Fiscal para ayudar a determinar si algunas de las conductas que aparecieron en los informes de los auditores del instituto son irregulares, precisó.
Corta manifestó que el IPAB busca que las denuncias que se presenten estén bien fincadas para que los indiciados no salgan libres por fallas en los procedimientos, y dio seguridades de que se trabaja con celeridad. Para ello, se firmó un acuerdo con funcionarios de la PGR, a fin de que todas las denuncias que se relacionen con créditos irregulares sean atendidas de manera expedita.
El titular del IPAB afirmó que se pidió a los peritos contables y jurídicos la revisión de todos los expedientes. Toda la información que tuvo un signo de ilegalidad fue remitida a las autoridades competentes para que aporten elementos adicionales y ver en qué casos se puede proceder de manera jurídica.
Dijo: ''Al IPAB le ofende e indigna que haya acreditados que, pudiendo hacer frente a sus obligaciones, no pagan sus empréstitos. Por ello, se deben buscar los mecanismos que nos permitan cobrar y que los responsables no eludan sus compromisos, como es el caso del capitán Alberto Abed, dueño de Taesa. Por eso es probable que se determine la quiebra fraudulenta'' de la aerolínea.
Explicó que los bancos hacen esfuerzos para acreditar toda la documentación y será una decisión del Poder Judicial si el señor Abed va a la cárcel. Por ahora, se debe recordar que se encuentra arraigado y se siguen las acciones jurídicas en las que participan todos los acreedores, incluidos los miembros del sindicato.
El instituto, añadió, está por la transparencia de la información. Considera que si la información hasta ahora divulgada no satisface al Poder Legislativo y a la sociedad en su conjunto, los diputados deben decidir dar a conocer los nombres de quienes se beneficiaron de manera ilegal con la crisis de la banca.
En el caso del secreto bancario, reiteró que debe mantenerse para los depósitos y eliminarse para los créditos que están en cartera vencida y que después de un plazo razonable no se han puesto al corriente. Una persona que está al corriente, debe tener la seguridad de que su crédito seguirá protegido por el secreto bancario, expresó.
Es importante, dijo, que el marco legal en la medida en que no afecte el buen desempeño del sistema financiero y de la economía del país, se adecue para tratar de atender la preocupación de la sociedad, porque ciertamente hay malestar debido a que muchos multimillonarios no han pagado, mientras la carga la soportan los contribuyentes.
El secretario ejecutivo del IPAB sostuvo: ''Nosotros no hemos dado información individual. Hemos actuado en todos los casos con absoluto rigor, porque además en el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados se acordó que de conformidad con la legislación en vigor, no podría darse información protegida por el secreto bancario''.
Dedicación en el cobro
Ahora, explicó, con secreto bancario o sin él, el IPAB actúa con toda dedicación en el cobro de los créditos a través de los bancos y las administradoras. Se acaba de enviar a las intermediarias los nuevos contratos para que administren la cartera que tienen por cuenta del IPAB, y en ellos se establecen sanciones para aquéllos que no actúen diligentemente en la cobranza.
Durante la entrevista, Corta afirmó que si la reforma al secreto bancario se diseña bien, podría ser un elemento adicional de persuasión para que quienes no han pagado lo hicieran, y con ello se lograra una mayor recuperación de los pasivos del instituto.
Dio seguridades de que en los casos donde se encuentren conductas ilícitas, la institución que representa lo denunciará de inmediato ante la CNBV o inclusive directamente ante la PGR, para que se actúe desde el punto de vista jurídico.
El funcionario recordó que fue decisión del Congreso de la Unión no considerar los pasivos del IPAB -que a diciembre de 1999 ascendían a 725 mil millones de pesos- como deuda pública. ''Nosotros respetamos ese hecho, pero se debe reconocer que elevarla a deuda pública podría significar una reducción en su costo'', apuntó.
Luego, se refirió a la lista que entregó el auditor canadiense Michael Mackey, y expresó que es la misma la que tienen los diputados. ''Nosotros, indicó, no la tenemos encriptada, pero tampoco podemos divulgarla porque actualmente está protegida por el secreto bancario'', aunque aclaró que tampoco es posible precisar si coincide con la que dio a conocer la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Dolores Padierna.
Corta hizo notar que el proceso del rescate bancario se entenderá mejor con el paso del tiempo. Por ahora, se puede decir que la gente no perdió sus ahorros. Eso tiene un valor social, humano y económico. La segunda parte que se debe apreciar es que se mantuvo la actividad económica. Se han alcanzado niveles de crecimiento que no se observaban hace muchos años, aseguró.
Fusiones bancarias, señales positivas
Las calificadoras, indicó el funcionario, dan señales positivas para México. Vemos fusiones como la que se proyecta entre BBV y Bancomer. Es importante que extranjeros inviertan mil 200 millones de dólares en una sola transacción, y lo hacen porque México es un mercado en el que se ve que hay un potencial importante de crecimiento.
Según Corta, los primeros indicios de recuperación del sistema financiero se verán cuando los bancos retomen su función de prestar en condiciones favorables para que los financiamientos se paguen y se beneficien los bancos y los acreditados.
Es importante, planteó por último, que se apruebe el marco legal pendiente en el Congreso de la Unión, para que también se pueda sancionar a quienes actúen de manera incorrecta. Se deben fincar responsabilidades y dar seguridad a la sociedad de que no hay impunidad dentro de un sistema de seguros de depósitos que sólo proteja a pequeños y medianos ahorradores, concluyó.