Antonio Gershenson
ƑPromesas impunes?

Ayer, 18 de marzo, se cumplieron 62 años de la expropiación petrolera. El tema de la expropiación mantiene una gran actualidad. Hace apenas unos días, un empresario le preguntó a Fox, candidato presidencial del PAN, sobre la vigencia de sus anteriores declaraciones relativas a la venta de Pemex, casi reclamando su ratificación. La respuesta fue muy clara: que si él ahorita anunciaba que vendería Pemex, nunca llegaría a la Presidencia, y que había que tratar el asunto con extremo cuidado.

Esto nos trae de regreso al tema tratado aquí la semana pasada, en este espacio, sobre la necesidad, aunque también la dificultad, de distinguir entre programas y promesas.

Aunque es obvio que ha habido avances en materia electoral y que ahora hay una competencia que antes no se veía, no tenemos en las leyes nada que impida, sancione o siquiera limite las posibilidades de prometer una cosa y luego hacer lo contrario, o bien, prometer cuestiones contradictorias ante uno y otro públicos.

Es cierto que a medida que la gente se dé cuenta de eso va a actuar en consecuencia, pero no necesariamente los medios de mayor difusión darán un espacio importante para mostrar esas contradicciones.

Sí se debe, conforme a la ley, registrar documentos básicos que incluyan un programa de gobierno. Pero las campañas electorales se pueden desarrollar sin siquiera mencionar los puntos de ese programa, o bien, incluir cuestiones que ni siquiera se apuntaban.

Esto último, por sí solo, es lógico, pues la campaña y el contacto con los ciudadanos pueden dar lugar a nuevos puntos. Pero no hay previsiones legales sobre el agregado de éstos al programa que se registró. Tampoco hay ningún tipo de sanción si un candidato ganador no se ajusta al programa registrado.

Si alguien se vale del engaño para obtener un beneficio económico directo, se le puede procesar por fraude. Pero si el engaño se da para lograr la posición más importante de gobierno de este país, no hay ninguna sanción prevista.

Pemex, como la entidad surgida de la expropiación petrolera, ha jugado un papel decisivo en la vida económica de nuestro país durante estas décadas.

Si la nación vende o conserva a la paraestatal, si se le rescata de los usos meramente fiscales para devolverle su función productiva como su papel medular, si se le reconoce una autonomía de gestión, no son cuestiones menores ni marginales.

La definición ante la cuestión de qué hacer con Pemex, debe ser un punto ineludible en las campañas para la próxima elección general de julio.