DOMINGO 19 DE MARZO DE 2000
* Las cuentas de depósito no serían modificadas
Buscará PRD eliminar el secreto bancario en operaciones activas
* Evitar las transacciones irregulares, el próposito de la iniciativa
Para eliminar el secreto bancario en operaciones financieras activas, porque hasta ahora ha servido sólo como pretexto para encubrir operaciones irregulares y ya no tiene justificación preservarlo, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de reformas al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuyo objetivo primordial es detener la comisión de ilícitos en el citado sector y cerrar los espacios a la impunidad.
"Es realmente intolerable que en una economía globalizada haya una situación donde el brazo de la ley no pueda ir detrás de las transacciones financieras", establece el texto de la propuesta del grupo parlamentario perredista, rubricado por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Carlos Heredia Zubieta.
En la exposición de motivos, el proyecto del Partido de la Revolución Democrática postula un acuerdo nacional e internacional para esclarecer "qué significa, a quién protegemos y qué se resguarda de quién" con el secreto bancario, figura que, argumenta, está bajo tensión por la facultad del Estado para realizar la recuperación de recursos fiscales.
Puntualizan los legisladores perredistas que resulta singular que siendo de interés público la recaudación de los haberes que pertenecen al Estado, éste pueda ser burlado por una persona que, aprovechando el sigilo bancario, esconda sus haberes, ingresos y actividades a modo de incumplir sus obligaciones.
El difícil acceso a la información bancaria, explican, en varios casos impide concretar las investigaciones realizadas a personas sospechosas de incurrir en delitos que pueden clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos que afectan a las instituciones financieras mexicanas, como lo reportó Michael Mackey en su informe sobre auditorías al Fobaproa.
La bancada del PRD asegura que de aceptarse su propuesta, la supresión del secreto bancario en las operaciones por las cuales los bancos otorgan créditos a los demandantes de fondos prestables, "incrementará la confianza del público en los intermediarios financieros, dado que estos se verán sujetos a un mayor escrutinio de los agentes económicos, por lo que deberán adoptar prácticas crediticias acordes con el mercado, desechando hábitos viciados como los autopréstamos, los créditos relacionados y todas aquellas operaciones que representan un conflicto de interés por los vínculos especiales que pudieran existir entre la institución financiera y el acreditado..."
Sin embargo, la iniciativa perredista prevé que en todos los casos sea preservado el secreto bancario para las operaciones pasivas, o sea para depósitos, inversiones y todas las transacciones patrimoniales entre particulares y empresas e instituciones financieras.
Unicamente podrá ser develada la información cuando el cliente lo autorice, por una problemática jurisdiccional en que la autoridad lo ordena o por una penal, en los casos de representación legal, y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) acepte la solicitud de autoridades hacendarias federales para efectos fiscales.
El secreto bancario, según la propuesta del PRD, no regiría cuando la información sea requerida por jueces y tribunales, el fiscal de la nación (PGR), en casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores públicos o de quienes administren o hayan administrado recursos del Estado o de organismos a los que éste otorga soporte económico, e incluso si lo solicita el propio procurador general de la República o el gobierno de un país con el que exista convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico de drogas o el terrorismo, o movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos; el presidente de una comisión investigadora del Poder Legislativo, y el titular de la CNBV.
También postula prohibir a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de los mismos o se trate de supuestos consignados anteriormente. (Humberto Ortiz)