José Antonio Rojas Nieto
Petróleo y nación

Hace un año se debatía fuertemente sobre la propuesta gubernamental de reforma eléctrica nacional. Luego de casi 10 meses quedó evidenciado que se trataba de una propuesta improvisada, inmadura y débil, fruto de una improcedente imitación de procesos de cambio impulsados en países con condiciones y tradiciones sociales y políticas muy diferentes a las nuestras. Pero más que eso, se demostró que era una iniciativa que impulsaba una privatización que rompía con el consenso tradicional del carácter nacional de la industria eléctrica, y que en los hechos se orientaba a sustituir el monopolio estatal del mercado eléctrico por monopolios privados en las diversas regiones del país. La revisión de esa propuesta gubernamental y el análisis de fracaso en la modernización de la petroquímica, mostró la necesidad de profundizar la discusión sobre cuatro aspectos centrales de nuestra vida política y económica nacional, cuya definición podría orientar no sólo la forma de reorganizar el sector eléctrico mexicano, sino la industria petrolera integral y -aún más- un desarrollo nacional que hasta hoy -desde el punto de vista mayoritario de la sociedad aunque ya no del gobierno-, ha considerado la expropiación petrolera y la nacionalización eléctrica como referentes esenciales. Por eso urge la discusión sobre la propiedad nacional de los recursos naturales y las rentas económicas derivas de su explotación; el control estatal de las áreas estratégicas para el desarrollo nacional; el fundamento y las formas de la rectoría del Estado; y, finalmente, la concepción y la práctica de la soberanía.

El primer punto es el señalado en el artículo 27 de la Constitución, y según el cual corresponde a la Nación, la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y en el cual se funda el dominio directo del petróleo y del gas natural y de su industrialización. Por ello, sólo a la Nación, a través del Estado -sin concesión alguna-, corresponde la propiedad original de los recursos naturales y el usufructo de la renta económica derivada de su explotación. El abuso de este principio condujo a la violenta gravación de Pemex, que ha representado la más grande regresión fiscal de nuestro desarrollo económico, y que en este sexenio -dígase lo que se diga- ha implicado la petrolización más intensa de los ingresos públicos. El segundo punto es el de las áreas estratégicas señaladas en el artículo 28 de la Constitución, entre las que se encuentran el petróleo, sus refinados, la petroquímica y la electricidad, que en este sexenio se han intentado no sólo abandonar sino entregar al capital privado. El tercero es el relativo a la rectoría estatal, que exige la creación coherente y responsable de instituciones y normas que la garanticen. Finalmente, el cuarto, consecuencia indudable de los tres anteriores, es el de la soberanía nacional. Es incuestionable que la expropiación de 1938 y la nacionalización eléctrica de 1962 no sólo ratificaron las concepciones de Nación y al Estado de la fortaleza económica necesaria para enfrentar las presiones y los ánimos -internos y externos- por socavar la autodeterminación.

Hoy, con el pretexto de un incuestionable proceso de internacionalización de la economía y la sociedad, se ha impulsado una forma subordinante de ingreso a esa internacionalización, que se ha traducido en un intento continuo y profundo por desnacionalizar y privatizar al máximo nuestros recursos propios, transfiriendo la fortaleza económica del Estado a organismos y grupos privados nacionales y extranjeros. Y sin el debido y completo respaldo nacional -como todo proceso democrático requeriría- se ha intentado socavar estos principios tradicionalmente considerados como núcleo esencial de nuestro proyecto nacional, alterando a raíz el perfil de nuestro proyecto de desarrollo, el que pese a todas las diferencias existentes, hasta hace algunos años se apoyaba en el reconocimiento de estos principios constitucionales.

Hasta el día de hoy la política gubernamental oficial en materia de petróleo, gas natural y electricidad ha intentado -con éxito en algunos casos y fracaso en otros- romper con esta tradición, y ha impulsado una nueva concepción política que se separa de los conceptos tradicionales de Nación y Estado plasmados en la Constitución. Por eso su ánimo de modificarla. ƑRealmente es lo que queremos?