MARTES 21 DE MARZO DE 2000
Ť Denuncian campaña para instalar la "mano dura"
Impunidad y crisis social, causas de la inseguridad en Argentina
Ť Más de 4 millones de desocupados y deserción escolar de 60%
Stella Calloni, corresponsal/I, Buenos Aires, 20 de marzo Ť El rostro de la violencia se dibuja aquí todos los días, con hechos que demuestran el irreparable daño que dejó la impunidad tras la más cruenta dictadura que gobernó Argentina (1976-83), por una parte, y la tragedia social provocada por el actual modelo económico neoliberal, abriendo las puertas a leyes de seguridad similares a los edictos dictatoriales.
Los atentados con bombas del pasado 17 de marzo en dos escuelas de esta capital y de la provincia de Buenos Aires, y una ola de amenazas contra otros edificios, incluyendo el histórico Teatro Colón, dejaron la sensación de que algunos grupos -que estarían conformados por ex agentes de seguridad- intentan crear un clima de miedo y desestabilizar la imagen del actual gobierno.
La bomba de alto poder que estalló en el colegio de la comunidad armenia, a unas horas de la ceremonia que recordó la voladura hace ocho años de la embajada de Israel, no era precisamente casera. Sus componentes, según información oficial, sólo pueden salir de los depósitos de las fuerzas de seguridad.
Estos atentados ocurrieron justamente el día en que el presidente Fernando de la Rúa prometió utilizar todo el peso del poder para esclarecer los nunca resueltos atentados contra la sede diplomática israelí y el de la sede de la mutual israelita argentina AMIA, que en julio de1994 dejó casi un centenar de muertos.
Los familiares de las víctimas acusan al gobierno de Carlos Menem, quien tuvo dos periodos consecutivos (1989-1999), y a la Corte Suprema, integrada por una mayoría de amigos del ex mandatario peronista, de no haber querido o podido esclarecer los hechos, en los que aparecieron involucrados varios policías de la provincia de Buenos Aires, algunos de ellos procesados.
Para analistas locales, los recientes atentados, que no dejaron víctimas, intentan enrarecer el clima de la campaña electoral, a dos meses de la elección del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hace unas semanas el ministro del Interior, Federico Storani, había advertido sobre la posibilidad de "campañas sucias destinadas a instalar más dramáticamente la cuestión de la seguridad en la carrera electoral porteña", recuerda el matutino Página 12.
El tema se ha instalado a través de una ola de delincuencia que recrudece sorprendentemente cuando los sectores de ultraderecha quieren imponer legislaciones más severas. Pero también ha venido de la mano con la herencia de la impunidad, que mediante leyes exculpatorias dejó libres a criminales responsables de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Cuando recientemente el nuevo gobierno de la Alianza (centristas y centroizquierdistas) tomó medidas para depurar el ministerio del Interior y otros sectores de seguridad, donde en los últimos años encontraron cobijo figuras claves de la represión, hubo una serie de advertencias en los medios sobre esta nueva "mano de obra desocupada", que pasaría a engrosar las filas de 50 mil hombres armados de las agencias de seguridad, que ningún poder controla.
Graymond Martin, experto de Naciones Unidas en temas de seguridad, y consultor del gobierno porteño cuando el acual presidente De la Rúa era alcalde, estima que antes de tener más atribuciones, la Policía Federal debe demostrar su capacidad. La idea de que en la capital se copien las leyes de seguridad que logró imponer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el pernista Carlos Ruckauf, con su política de "mano dura y tolerancia cero", produce severos temores.
De todas las propuestas para modificaciones en las leyes de seguridad, la que menos gusta a la gente es la de dar mayores poderes a los policías y especialmente la de "interrogar" -en Argentina sinónimo de tortura- a los sospechosos o presuntos delincuentes en el lugar donde son detenidos. Es exactamente el esquema que utilizó la última dictadura, que dejó unos 30 mil desaparecidos.
Pero al tocar el tema de la seguridad, pocos hacen alusión a la grave situación social que incluso llevó a que el propio Banco Mundial advirtiera que 27.5 por ciento de los jóvenes argentinos entre 15 y 25 años están desocupados, aunque datos locales y sindicales elevan esa cifra a 44 por ciento.
En la Argentina del 2000 existen más de 4 millones de desocupados y subocupados; 75 por ciento de los que trabajan lo hacen "en negro" y sin ninguna cobertura; 50 por ciento de las muertes de jóvenes entre 15 y 19 años se debe a causas violentas.
La deserción escolar de jóvenes entre 15 y 19 años llega a más de 60 por ciento, y a nivel de la escuela primaria es tan alarmante que se acerca a cifras de principios de siglo, cuando sólo los pudientes asistían a la escuela. Pero no todos abandonan por la extrema pobreza de sus familias: muchos se van también por discriminación. La propaganda, especialmente televisiva, muestra que los delincuentes son pobres y morenos, aunque algunos datos oficiales señalan que hay "patotas" (bandas) de jóvenes de clase media que incluso "delinquen por diversión".
Esa discriminación, en buena parte por la forma publicitaria en que se ha mostrado la violencia social, incidió en un retorno del racismo. Una investigación realizada por una cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires reveló que 60 por ciento de la población se confiesa racista. Las investigaciones también permiten asegurar que para lograr que la sociedad "pida a gritos una mano dura", hay que crear las condiciones.
Es fácil lograrlo en un país donde los responsables del mayor genocidio de la historia argentina no tienen castigo y los corruptos siguen apareciendo como "referentes" del éxito en muchas revistas de moda, en un país donde cualquier ex represor desocupado puede formar parte de un pelotón para azotar barrios y ciudades, y sembrar la idea de la inseguridad absoluta.