Emilio Pradilla Cobos
Equidad informativa y mercado político

EN VARIAS OCASIONES, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CNIRT) se ha comprometido pública y solemnemente a que los medios de comunicación garantizarán la equidad en la información sobre las campañas electorales. Todo indica que esta promesa no se ha cumplido, ni para la campaña a la Presidencia de la República, ni para la de jefe de Gobierno del Distrito Federal. Tanto las mediciones hechas por el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), como las que diaria y semanalmente publica el diario Reforma, sobre los tiempos dedicados a los candidatos en los noticieros y otros espacios de opinión, muestran la abierta parcialidad de los medios a favor de los candidatos del PRI-gobierno federal (Francisco Labastida Ochoa y Jesús Silva Herzog) y, en segundo lugar, de los de la Alianza por el Cambio -PAN y PVEM- (Vicente Fox Quesada y Santiago Creel Miranda). Bastante atrás quedan los de la Alianza por México (Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Andrés Manuel López Obrador); la presencia de los otros tres partidos es casi insignificante.

Un tratamiento cuantitativo similar o más desigual aún se observa en la mayoría de los diarios nacionales o locales, incluyendo al diario Reforma.

Cuando analizamos la calidad de la información, la brecha se hace más profunda y contraria a la igualdad democrática. Las prácticas son conocidas: las tomas orientadas a mostrar u ocultar, según el caso, la convocatoria de los candidatos; el uso de la voz del candidato o la sustitución por la de los reporteros; la selección de las partes del mensaje, según quien los emita; los comentarios favorables o desfavorables de los "informadores" convertidos en jueces y dueños de la opinión pública; la selección a conveniencia del discurso de campaña o la entrevista "de banqueta"; el privilegio del planteamiento programático o de la respuesta a ataques o a las preguntas banales.

En general, los medios han privilegiado en la información electoral, las banalidades: ataques personales, descalificaciones, palabrería fatua, problemas de los equipos de campaña y partidos; así, los medios juegan con la despolitización de los electores y reproducen una cultura política de la superficialidad.

Las razones de las preferencias mediáticas son obvias: el sometimiento interesado al aparato de Estado federal y sus conocidos favores; las inclinaciones "naturales" de la mayoría de los empresarios de los medios hacia el PRI y el PAN, que promueven el mismo proyecto neoliberal; su oposición a cualquier propuesta de cambio real, en el caso de los candidatos del PRD.

Los neoliberales han tratado de convencernos de que la economía de mercado es la mejor para el despliegue de la democracia; los hechos lo niegan. El mercado político, el marketing publicitario, que sustituye a la discusión política directa con los electores, funciona como un instrumento más del poder del Estado y del capital para dominar a los electores y sus intereses objetivos.

Pero al mismo tiempo, entra en una profunda contradicción con aquella frase trillada de que "el cliente siempre tiene la razón", emblemática del capitalismo.

Los partidos políticos en campaña están gastando sumas multimillonarias en publicidad en los medios de comunicación, que reportarán a esas empresas enormes ganancias; estos recursos provienen del presupuesto federal y los locales, y son aportados por los contribuyentes, los cuales son los verdaderos "clientes" de la información.

Por ello, los contribuyentes tienen todo el derecho de exigirles a las empresas mediáticas que den información electoral equitativa, de calidad, con los mismos criterios para todos, sin descalificaciones, sobre los temas fundamentales y no sobre las banalidades, frivolidades y hechos y palabras de mal gusto a que nos tienen acostumbrados algunos de los candidatos.

Las organizaciones de la sociedad, a nombre de los contribuyentes que pagan las campañas y las ganancias de las empresas mediáticas, deben jugar un papel nodal en la defensa del derecho democrático a la información, para evitar que los medios secuestren a la opinión pública.

Ni siquiera es válido, en términos de la democracia, que los empresarios de los medios suplanten a los ciudadanos, por los partidos y definan su cobertura en función de lo que cada uno paga por publicidad -lo que tampoco hacen-, y peor aún que lo hagan con base en los beneficios esperados de los posibles futuros gobernantes.