Aburto, el asesino solitario, única certeza tras 6 años
El caso Colosio, en el punto de partida
* Nada se ha probado de la presunta coautoría de políticos o del hampa
José Galán y Gustavo Castillo * Después de seis años, la investigación del caso Colosio está en el punto de partida: Mario Aburto cometió el homicidio. Confesó su culpa y purga una sentencia de 45 años en prisión. No hay nada más.
Hasta hoy, a 72 meses del asesinato de Luis Donaldo Colosio, no existe prueba jurídica que demuestre la coparticipación de personajes políticos o del crimen organizado ųcomo se ha venido especulando todo este tiempoų en la muerte del candidato del PRI a la Presidencia de la República. Ninguna hipótesis ha podido ser comprobada.
Desde su creación en 1994, la fiscalía especial ha indagado 940 pistas y formulado 323 dictámenes con apoyo de instituciones científicas nacionales e internacionales. También ha desahogado mil 969 comparecencias ante el Ministerio Público Federal, desde testigos oculares hasta unos 120 políticos de los primeros círculos del poder nacional, como el ex presidente Carlos Salinas y el actual mandatario Ernesto Zedillo.
Por su parte, la Procuraduría General de la República recab 538 informes de diversas autoridades, incluso de la FBI en busca de esclarecer la verdad.
Actualmente, el fiscal Luis Raúl González Pérez trata de obtener testimonios de presuntos narcotraficantes en Estados Unidos, Perú y Colombia, en el marco de las dos únicas líneas de investigación vigentes: el entorno político durante la campaña presidencial de 1994 y el narcotráfico.
El caso ha ocupado ya a dos presidentes, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo; a cuatro procuradores: Diego Valadés, Humberto Benítez Treviño, Antonio Lozano Gracia y Jorge Madrazo Cuéllar; a cuatro fiscales: Miguel Montes, Olga Islas, Pablo Chapa y Luis Raúl González Pérez.
La historia del asesinato ha tenido diversos giros para encontrarse ahora como al principio: del asesino solitario a la acción concertada y retorno al asesino solitario. Luego a la existencia de dos tiradores, y de nuevo al asesino solitario.
Sin embargo, González Pérez no ha podido hallar el gozne que ligue a Mario Aburto con presuntos autores intelectuales del crimen, trátese de políticos o narcotraficantes. Tampoco nexos con otros personajes que en los dos primeros años del homicidio estuvieron encarcelados o bajo sospecha de ser copartícipes.
Nueve fueron los detenidos y acusados de instrumentar con Mario Aburto el asesinato, pero ninguno fue condenado: Othón Cortés Vázquez, Héctor Hernández Tomassini, José Rodolfo Rivapalacio Tinajero, Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer, Fernando de la Sota, Alejandro García Hinojosa y Alberto Carrillo Cuevas.
La tarde del crimen, Carlos Salinas ordenó al procurador Diego Valadés trasladarse de inmediato a Tijuana y hacerse cargo de las investigaciones.
Actuación de los fiscales
Sólo cuatro días estuvo al frente de ellas, lapso marcado por la confusión y sin respaldo de las técnicas criminalísticas. Fue el tiempo que le tomó al ex mandatario designar un fiscal del caso. En primera instancia se propuso a Santiago Oñate Laborde, pero la oposición de Diana Laura Riojas a ese nombramiento hizo que la responsabilidad recayera en el jurista Miguel Montes García.
Además, la Procuraduría estatal de Baja California "es prontamente rebasada y no acierta a tomar el control inmediato de las circunstancias, lo que da pie a la intervención de diversas autoridades de manera inconexa", diría en 1997 Luis Raúl González Pérez, durante su informe de labores.
Para este fiscal, el día del asesinato, "elementos del Estado Mayor Presidencial detuvieron a Mario Aburto y posteriormente lo pusieron a disposición de la PGR, pero conservaron por algunas horas el arma homicida y la ojiva encontrada en el lugar de los hechos". Luego resultaría que, según Chapa Bezanilla, la ojiva "fue lavada" y "sembrada".
Agentes judiciales estatales detuvieron a Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, muy parecido a Aburto Martínez. Fue investigado por haberle resultado positiva la prueba de Harrison y tener en su chamarra una mancha de sangre de dos centímetros de diámetro. Fue puesto en libertad bajo reservas de ley.
Raúl Loza Parra, subdelegado de la Policía Judicial Federal (PJF) en Baja California, realizó el primer interrogatorio a Aburto Martínez "sin orientación criminalística", diría Luis Raúl González Pérez en el citado informe.
Destaca que durante los días subsecuentes al homicidio no existió coordinación entre el personal ministerial y pericial que practicó la reconstrucción de los hechos; la necropsia del cuerpo de Luis Donaldo Colosio se realizó "ante un grupo numeroso de personas que impidió la adecuada fijación de fotografías del cadáver y los peritos no establecen el plano de sustentación, indispensable para determinar la trayectoria de los dos disparos".
Empero, durante la gestión de Diego Valadés, es consignado el asesino confeso Mario Aburto y se sientan las bases para su posterior condena.
El 28 de marzo, Miguel Montes García inicia su labor como fiscal y en principio sustenta la tesis de la "acción concertada". El mismo día de su toma de cargo consigna a Tranquilino Sánchez Venegas como copartícipe del asesinato. El 4 de abril presenta ante un juez a Rodolfo Rivapalacio y Vicente y Rodolfo Mayoral, como cómplices del magnicidio.
Para el 2 de junio de 1994, aseguró Luis Raúl González, el fiscal Montes García "comienza a abandonar la tesis de la concertación y hace público que sus investigaciones no habían aportado nuevos elementos de prueba", pero es hasta el 14 de julio de ese año, y fecha en que renuncia a su cargo, cuando "considera agotada la investigación": para él y su equipo Mario Aburto era el autor material e intelectual del homicidio.
Montes García sustuvo la hipótesis de que el cuerpo del malogrado candidato priísta giró 90 grados sobre su eje luego de recibir la primera bala en la cabeza y ello permitió que Aburto disparara por segunda ocasión. Sin embargo, la teoría fue considerada insostenible y tres fiscales después se asegura que Aburto sí realizó los dos disparos.
El cambio brusco de posición en lo concerniente a la hipótesis de la concertación dejó una secuela de insatisfacción colectiva respecto al curso de las investigaciones.
El 18 de julio de 1994, Olga Islas de González fue designada segunda fiscal del caso. No asume una postura específica respecto a la existencia o no de otros probables autores o partícipes en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, y se condena a 42 años de prisión, en primera instancia, a Mario Aburto. Luego, se amplió a 45 años.
Pablo Chapa Bezanilla fue nombrado tercer fiscal el 16 de diciembre de 1994. Dos meses después da un vuelco a las investigaciones y asegura que un segundo tirador disparó contra Colosio. Por este hecho consigna a Othón Cortés Vázquez, quien luego de un año de reclusión obtuvo su libertad.
En los últimos tres años y medio, Luis Raúl González Pérez ha desechado la coparticipación de integrantes de cuerpos de seguridad en el homicidio; desmintió las versiones de un segundo tirador, y aun cuando no cancela la posibilidad de un crimen de Estado, no ha encontrado un hilo conductor que lo lleve a sustentar esta teoría.
No ha encontrado depósitos bancarios a nombre del homicida confeso, tampoco ligas con ninguno de los que en su momento fueron involucrados y asegura que no hubo dolo en las primeras indagatorias para ocultar pruebas que demostraran que el homicidio se cometió desde las altas esferas del poder.