JUEVES 23 DE MARZO DE 2000
Cara amnesia
* Luis Linares Zapata *
Súbitamente, el Fobaproa-IPAB ha vuelto a ocupar el centro de la actualidad del país. Pero, debido a causas todavía no muy claras, sus consecuencias parecen no estar afectando, como debía ser el caso, a los principales responsables de esta inmensa tragedia nacional. Y en verdad que puede ser catalogada como una real tragedia sólo por los costos económicos involucrados. Pero los de naturaleza social son también trascendentes, pues tienen que ver con la calidad de la vida en común, la justicia, con el aprovechamiento y transparencia de los bienes públicos, del respeto a la ley, con la cultura democrática y hasta con contenidos de ética pública y personal.
A los mexicanos les tomará unos 20 o más años de penurias presupuestales hacer frente al enorme monto de la deuda causada por el quiebre financiero: unos 800 mil millones de pesos.
El gobierno actual se las ha manejado de tal manera que su responsabilidad en tales hechos se ha ido diluyendo hasta casi convertirse en un heroico salvamento del sistema de pagos, de los aho-rradores y una valiente solución a la crisis que azotó a la nación. Crisis que, según tal recuento oficial, apareció de pronto, por raras y etéreas causas, sin actores que la empujaran y que fue enfrentada con decisión y patriotismo por funcionarios hacendarios, eficientes banqueros y legisladores conscientes. Todos ellos han sido ya premiados por su contribución. Unos conservando sus bancos; otros, presidiendo consejos, comisiones de diputados o gozando de sus riquezas y, los demás, firmes y risueños en sus puestos en el gabinete o en el banco central.
Muy a pesar de los esfuerzos de muchos ciudadanos por apresar el problema en todas sus facetas, magnitudes y consecuencias, cada vez se confunde más a la sociedad. Y, por consecuencia derivada, el costo electoral de lo sucedido es, para la incomprensión histórica del presente, casi nulo, a juzgar por las encuestas de las simpatías del electorado. Los partidos y la po-pularidad que muestran sus distintos candidatos no tienen relación alguna con el rol que han jugado en el enorme quebranto. Tal parece que todos y cada uno de los que tendrán que pagar la deuda contraída sufren de amnesia y que en realidad no hay culpables.
La presente discusión se ha centrado, en estos días de búsqueda de votantes, en la publicación o no de las listas de aquellos créditos y sus beneficiarios que la auditoría del canadiense Michael Mackey identificó como responsables directos o laterales de actos irregulares e ilegales. Juntos, llegan a 72 mil millones de pesos, más los intereses acumulados desde entonces para acá. Una cantidad estratosférica e impensable para un mortal común. No se trata de publicar nombres solamente. Tampoco se habla de cantidades menores, como se ha querido dar a entender al precisarse algunos de los fraudes ya perseguidos o de cartera indebidamente pasada al Fobaproa y que debe regresarse a los bancos vivos. Se está hablando de 25 por ciento del total de cartera rescatada de la banca nacional y de sólo unos 2 mil 500 sujetos de créditos impagados (20 millones cada uno en promedio). El resto para dar el gran total (800 mil mdp) lo forman las intervenciones y saneamiento de bancos y cajas de ahorro, pérdidas de la banca de fomento, programas de salvamento (el carretero incluido) y, sobre todo, los elevadísimos intereses acumulados que se les pagan a los bancos y con los cuales sobreviven con gran comodidad y utilidades.
El PRI y los mandones del gobierno que les marcan la ruta han decidido no dar a conocer los nombres de esos 2 mil 500 be-neficiarios de créditos llamados Reporta-bles por el auditor. Es decir, personas y organizaciones que no han liquidado sus obligaciones y que recibieron los préstamos y apoyos en condiciones irregulares o abiertamente ilegales. Se alega que, en esas listas encriptadas por Mackey, hay muchos "inocentes" que ni saben que están allí. También se alega el secreto bancario para mantener alejados de los ciudadanos, y aun de los diputados, esas identidades. Pero ninguna de esas razones tiene real sustento. No hay tales inocentes. Tampoco hay trabas en la ley de instituciones financieras, ni en las normas del IPAB que impidan el conocimiento preciso y completo de lo sucedido. Menos aún hay legitimidad frente a la sociedad que tendrá que pagar el desaguisado.
Se trata del dinero del contribuyente el que se usará para hacer frente a las irregularidades ya auditadas y reportadas. Se involucrarán cuantiosos bienes públicos, no de dineros privados o de ahorradores y, por tanto, se tiene que saber a quiénes se salvará, quiénes trampearon y se han apropiado indebidamente de esos recursos. Nadie puede invertir 72 mil mdp sin conocer todos y cada uno de los detalles de la operación que los requiere. Nada queda a resguardo del escrutinio público cuando se emplean tan enormes cantidades de los haberes nacionales. Si hay por ahí alguna norma, costumbre o prurito que lo contradiga, entonces y de inmediato, hay que dero-garla, modificarla o exorcizarla. *