JUEVES 23 DE MARZO DE 2000
* Provida insiste en rechazar cualquier forma que atente contra un ser humano
Persisten expresiones encontradas en torno al tema del aborto
* ONG denuncian que una menor violada en BC será madre, por negarle la práctica de un legrado
Angeles Cruz * Las opiniones de organizaciones civiles en torno al aborto nuevamente salieron a colación ayer, cuando en diferentes foros hubo manifestaciones encontradas sobre este problema de salud pública.
Por un lado, se denunció que una niña tendrá un hijo producto de una violación cuando por ley tenía derecho a la interrupción del embarazo. En tanto, Provida insiste en su oposición a "cualquier forma que atente contra la vida".
En Mexicali, Baja California, Paulina, de 14 años de edad, concluirá el próximo mes un embarazo consecuencia de una violación. Además de la agresión física, la menor fue víctima de la violación de sus derechos humanos, pues a pesar de que el hecho fue denunciado y en tiempo se obtuvo una orden del Ministerio Público para abortar, la misma no se cumplió por la intervención del director del Hospital General de Mexicali, Ismael Avila, y del procurador de Justicia estatal, Juan Manuel Salazar.
Organizaciones no gubernamentales denunciaron que el primero antepuso sus creencias personales a su obligación social de brindar la atención médica que se le requería, además de que promovió la injerencia de Provida en el caso, cuyos integrantes "hostigaron" a la menor y a su madre.
Las desinformaron con el supuesto de que si se practicaba el aborto la joven sufriría una hemorragia masiva, quedaría estéril e incluso podría perder la vida, mientras que el procurador Juan Manuel Salazar "se prestó a llevar a la menor con un sacerdote para que la convenciera de no abortar".
En conferencia de prensa, ONG afirmaron que el gobernador de Baja California, Alejandro González, se niega a investigar y a sancionar a los funcionarios responsables de que no se haya interrumpido el embarazo. Silvia Reséndiz, de la Agrupación Alaide Foppa, de Mexicali, comentó que el procurador Salazar es cuñado del mandatario estatal panista.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la citada agrupación señalaron que la Procuraduría de Derechos Humanos bajacaliforniana emitió una recomendación sobre este caso al gobernador, en la cual además del deslinde administrativo y penal de responsabilidades, solicita que a través de un fideicomiso se garantice a la menor y a su hijo educación, vivienda, vestido y atención médica "hasta el momento en que se encuentren en condiciones de sostenerse por sí mismos, permitiéndoles con ello el pleno ejercicio del derecho a una vida digna".
Dicha recomendación solicita que también se investigue a Carlos Astorga, director del Instituto de Salud del estado, al personal médico que intervino en el asunto, así como a Juan Manuel García, subprocurador de zona, y a Norma Alicia Velázquez, agente del MP especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
Las ONG informaron que se presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y posteriormente el caso se llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los motivos de Provida
Por otra parte, el Comité Nacional Provida reiteró ayer su oposición a todo lo que "atente contra la vida. Ninguna razón es suficiente para matar a un inocente". Rocío Gálvez, vicepresidenta de la agrupación, se refirió a los casos de embarazo producto de violación y dijo que ni en estos casos es permisible el aborto.
"La mujer debe recibir atención psicológica y siempre tendrá la posibilidad de dar al bebé en adopción".
Aseguró que Provida ha comprobado que es más rápida y mejor la recuperación de una mujer que tiene a su bebé con respecto a la que decide abortar.
Por otra parte, informó que Provida enviará una carta al gobernador del estado de México, Arturo Montiel, para solicitarle que no avale la resolución del Congreso local para ampliar las causales permisibles de aborto.
En días recientes, los legisladores mexiquenses aprobaron reformar el Código Penal. Se adicionó una fracción al artículo 251 para que el aborto no sea punible "cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos y mentales graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre".
Según Provida, con esta reforma a la ley "se deja desprotegidos a los más débiles y en adelante con cualquier pretexto se realizarán abortos. Además, no habrá sanción para los médicos que quiten la vida a los bebés".