VIERNES 24 DE MARZO DE 2000

* "Una burla", la carta de 8 puntos que les envió la dependencia, consideran médicos


Rechazo a respuesta de la Ssa sobre trasplantes

Angeles Cruz * Las inquietudes planteadas por médicos y funcionarios de instituciones de salud públicas y privadas respecto de la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos, tuvo como respuesta una hoja enviada por la Secretaría de Salud (Ssa), en la cual la dependencia delineó los "puntos sustantivos" de su proyecto, entre ellos que la donación de órganos sea "automática" a la muerte de las personas, salvo que expresamente se hubieran manifestado en contra de ello.

El escueto documento consta de ocho puntos ųcada uno de tres líneas en promedioų y fue enviado a los médicos mediante la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario para que conozcan la propuesta de la Ssa y opinen al respecto. Al menos, dijeron los galenos, "eso entendemos porque es lo que hemos solicitado desde el principio para terminar con las especulaciones".

En esa hoja, que de entrada fue considerada por los médicos como una burla, la dependencia señala que el "consentimiento presunto" significa que quien no declare que no desea donar sus órganos al morir, "se entenderá que su intención es la de ser donador. El derecho a perpetuarse".

Enseguida insiste: "Los individuos tendrán siempre la opción de donar, pero mientras no manifiesten lo contrario, se considerarán donadores".

El documento explica que la "declaración de no donador" se dará "con las formalidades que se consideren necesarias para no dejar duda sobre la voluntad del individuo. Comprobación de no oposición".

El texto no dice nada acerca de la participación de los familiares del fallecido en lo referente a la donación, que es lo que los médicos trasplantistas demandaron el pasado miércoles en la mesa redonda organizada por la Asociación Nacional de Hospitales Privados.

En esa ocasión los especialistas dejaron claro, a título personal, su desacuerdo con el "consentimiento presunto" porque atenta contra la autonomía y el derecho de decisión de las personas.

Señalaron que una medida de esta naturaleza sería contraproducente e incluso comentaron que el único país del mundo donde el "consentimiento presunto" realmente se aplica es Bélgica, cuya población es similar, en cantidad, a la de Ciudad Nezahuacóyotl. Es decir, explicaron, se trata de una nación desarrollada que no tiene las mismas necesidades de México.

Ni siquiera en España ųprimer lugar mundial en materia de donación y trasplante de órganosų se aplica el "consentimiento presunto", porque si la persona fallecida no es encontrada en la lista de no donadores, se pregunta a la familia y es ésta la que finalmente decide, puntualizaron.

El escueto documento de la Ssa apunta que la iniciativa de reforma de ley propone la incorporación de nuevas tecnologías para confirmar la muerte, y la muerte cerebral, lo cual significa que habrá mayor confiabilidad en el diagnóstico.

También plantea dar cabida a la posibilidad de obtener órganos de personas que fallezcan por asistolia.

Más adelante se refiere al "establecimiento material del consejo nacional de trasplantes y de los consejos estatales de trasplantes con la estructura necesaria para su correcto funcionamiento".

En opinión de médicos trasplantistas consultados sobre el particular, este punto podría ser el único relevante, porque se trata de formalizar la infraestructura para la donación de órganos. "Lo malo es que no se explica cómo o con qué recursos".

Otro de los puntos sustantivos de la iniciativa tiene que ver con procurar las medidas necesarias para brindar una mayor transparencia en las listas de espera y en la distribución de órganos. Sin embargo, igual que en el anterior, éste es un planteamiento general que no despejó las dudas de los médicos acerca de lo que implicaría la mayor transparencia.

Finalmente, el documento propone reforzar la vigilancia de la gratuidad de los órganos y establecer sanciones y penas severas para aquellas personas que hagan mal uso de los órganos humanos, considerándolo un delito.