JUEVES 30 DE MARZO DE 2000

Ť La PGJDF solicita aprobación de la Cámara de Diputados para procesarlo

Peculado por $420 millones, el cargo contra Oscar Espinosa

Ť Desde su puesto de regente autorizó que no se comprobaran gastos a cargo de recursos públicos

Elia Baltazar Ť Con base en el delito de peculado por un monto de 420 millones de pesos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó ayer a la Cámara de Diputados su aprobación para proceder penalmente contra Oscar Espinosa Villarreal, secretario de Turismo y ex regente de la ciudad de México.

Dado que se trata de un funcionario público que goza del beneficio de la inmunidad relativa, la PGJDF debió iniciar ante el Congreso un juicio de procedencia para ejercitar la acción penal en contra de Espinosa, a quien se acusa de haber autorizado a su ex oficial mayor, Manuel Merino, el uso discrecional de recursos de la partida 3605, que se refiere a gastos de difusión e información.

''Lo que hizo Espinosa Villarreal fue autorizar la no comprobación del gasto, propiciando la no identificación de los recursos públicos y la inadecuada integración de las cuentas por liquidar'', concluye el contralor del gobierno capitalino, León Alazraki, en la denuncia de hechos presentada ante la PGJDF el pasado 22 de febrero. El documento se integró a las dos averiguaciones previas que se iniciaron en 1997 en contra de Merino por el desvío de 300 millones de pesos de la partida señalada.

Así lo informó en conferencia de prensa el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, al dar a conocer las pruebas que demuestran la presunta responsabilidad de Espinosa por el delito de peculado, contenidas en 43 fojas útiles, más un anexo en dos tomos que constan de 2 mil 387 fojas.

Todo lo anterior fue entregado ayer al oficial mayor de la Cámara de Diputados, Hugo Colín Rodríguez, junto con un oficio en que la titular del Ministerio Público de la unidad investigadora G solicita que ''se emita declaratoria de procedencia con remoción de fuero constitucional y separación del cargo" del secretario de Turismo, a fin de continuar con el trámite de las averiguaciones previas A/HPSP/322/98-08 y A/HPSP/446/98-10 y diez desgloses de éstas.

Según la denuncia presentada por Alazraki, Oscar Espinosa firmó un oficio, con fecha del 5 de enero de 1995, dirigido a Manuel Merino García, mediante el cual lo instruye a que ''cada erogación que se haga por cargo a la partida 3605, de otros gastos de difusión e información, será realizado directamente por usted, por lo que deberá firmar el recibo correspondiente''.

El contralor agrega que con la autorización otorgada a Merino, el ex regente violó las disposiciones del Código Financiero y de la normatividad presupuestal. De esta acción también estaban enterados el entonces secretario de Finanzas, Javier Beristáin, y el director general de Programación y Presupuesto, Claudio Urencio, pues en el oficio se señala copia para estos ex funcionarios, quienes ya declararon ante el Ministerio Público de la PGJDF.

A partir de estos elementos, dijo Del Villar, se comprobó que Espinosa instruyó y aprobó el desvío de 420 millones de pesos de la hacienda pública del Distrito Federal, para la disposición personal de Merino, durante los ejercicios presupuestales de 1995, 96 y 97, que comprenden la gestión del actual secretario de Turismo.

De este monto, Merino devolvió 135 millones, lo cual ''comprueba el peculado, pues estos recursos públicos estaban a su disposición''. Y agrega: ''Merino desvió personalmente este dinero, del cual no acreditó su destino, pues no hay ningún comprobante al respecto. Las únicas constancias sobre el uso de esos recursos son 49 recibos de pago de Merino, que fueron expedidos sin la documentación pertinente ni recepción de bienes y servicios correspondientes a la partida, y que debieron ser acreditados''.

Extraoficialmente se informó que algunos de estos recibos corresponden a pagos para periodistas, quienes recibieron prebendas de diversos tipos durante la regencia de Espinosa Villarreal.

Esta investigación se desprende de las averiguaciones previas que en 1998 se comenzaron contra el ex oficial mayor de la entonces regencia, Manuel Merino, a quien se acusó de desvío de recursos por cerca de 300 millones de pesos y ejercicio indebido del servicio público.

Fue con base en estas averiguaciones y a partir de la ampliación de declaraciones de Beristáin y Urencio, así como de los directores general de Política Presupuestal y de Comunicación Social, Arturo Hidalgo y Alberto Santoscoy, que se consolidan las pruebas aportadas por la auditoría practicada a la regencia de Espinosa Villarreal, informó Del Villar, quien agregó que estos ex funcionarios se encuentran en calidad de testigos.

Beristáin exhibió ante el Ministerio Público una copia certificada del oficio firmado por Espinosa para Merino, mientras Santoscoy asegura en su declaración que no tuvo ningún acceso a esos recursos, aunque se desempeñaba entonces como director de Comunicación Social. Mientras el ex oficial mayor sí manejó estos recursos, aunque no correspondían a su área, destacó el procurador capitalino.

La PGJDF también llevó a cabo dos dictámenes periciales para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de Espinosa Villarreal, cuyo destino está ahora en manos del Congreso.

Ante la posibilidad de que Espinosa evada la acción de la justicia, Del Villar dijo: ''La única manera de prevenirlo sería la orden de un juez, pero éste no puede conocer el caso hasta que no pase por la Cámara de Diputados''.

El procurador capitalino advirtió que el delito de peculado está considerado como grave, luego de las recientes reformas al Código Penal del Distrito Federal, y la pena es de entre dos y 14 años de prisión.

El castigo previsto podría aplicarse a Espinosa debido al monto de los recursos desviados, pese a que el presunto delito se cometió antes de que se aprobaran las reformas, explicó Del Villar.

Bases de la acusación contra el secretario de Turismo

-Un oficio sin número fechado el 5 de junio de 1995, mediante el cual instruyó a Manuel Merino, oficial mayor; Javier Beristáin, secretario de Finanzas; Claudio Urencio y Federico Meade, directores General de Programación y Presupuesto en su momento, para que Merino recibiera recursos con cargo a la partida 3605, mediante la entrega de un recibo informal.

-Las declaraciones del director de Política Presupuestal, Arturo Hidalgo, del mismo Beristáin, y de Urencio y Meade, quienes corroboraron que 420 millones de pesos fueron desviados de su destino presupuestal por instrucciones del entonces regente.

-La existencia de 49 recibos informales suscritos por el entonces oficial mayor, Manuel Merino, que acreditan que dispuso, por instrucciones de Oscar Espinosa, de esos recursos en contravención a su destino presupuestal, así como de dos auditorías de la Contraloría capitalina y tres dictámenes de la Procuraduría sobre el ejercicio de la partida 3605, que comprueban los hechos.

-La declaración de Alberto Santoscoy, entonces director general de Comunicación Social, que determinó que nunca se ejercieron esos recursos en su área, comprendidos en esa partida considerada para ''otros gastos de difusión y comunicación''.

-La aprobación de Espinosa para el retiro de 285 millones de pesos de la hacienda pública con cargo a la partida 3605 de los ejercicios de 1995, 1996 y 1997, así como la devolución de 135 millones por parte de Manuel Merino, cuando ya no era servidor público del gobierno del Distrito Federal.

Ť Así lo revelan auditorías de la Contaduría Mayor

Comunicación Social no comprobó gastos por 60 millones de pesos

Raúl Llanos y Gabriela Romero Ť Tan sólo dos de las auditorías financieras aplicadas en 1996 y 1997 por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa a la Dirección General de Comunicación Social del entonces DDF, revelan que esta unidad incurrió en diversas anomalías, principalmente la falta de documentos comprobatorios por casi 60 millones de pesos.

De acuerdo con los documentos contenidos en los Resultados de la Cuenta Pública de 1996, se precisa que en ese año la Contaduría no localizó 48 contratos por el pago de servicios de televisión y radio, y para personal de honorarios, que implicaban recursos totales por 41 millones 80 mil pesos; sin embargo, la Dirección General de Comunicación Social no aclaró dicha situación.

Se argumentó que de ese total sin comprobar, 26 millones 450 mil pesos fueron para pagar a Televisa 429 anuncios, y 13 millones 800 mil para Tv Azteca por 126 anuncios. Empero, ''la unidad administrativa no proporcionó evidencia documental de la verificación de que los promocionales se hayan transmitido en las fechas, tiempos y horarios convenidos''.

Ese mismo año, Comunicación Social tampoco presentó documentos que ampararan 504 mil pesos que se destinaron a difusión, y aunado a ello la Contaduría comprobó que en esa unidad no se contaba con ''los criterios y lineamientos para distribuir los recursos (para comunicación) entre las dependencias, órganos desconcentrados y entidades'' del entonces DDF.

Para 97, la auditoría remarca que la partida 3601 (Gastos de Propaganda) tuvo un incremento de 20 millones 684 pesos respecto de su presupuesto original, que se orientaron a ''promover, difundir e informar los objetivos del gobierno del DF'', y fueron manejados por Comunicación Social; no obstante, esta unidad ''no proporcionó la documentación justificativa'' por 12 millones 697 mil pesos". Sobre la partida 3602 (Impresiones y Publicaciones) tampoco presentó documentos que comprobaran 3 millones 590 mil pesos.

IRREGULARIDADES DURANTE LA GESTION DEL EX REGENTE

Gastos no comprobados por más de mil 700 millones de pesos en el último año de su administración. En el informe de labores 1998 del contralor capitalino Gastón Luken, se informó que de 534 observaciones que se hicieron a la gestión del último regente capitalino, únicamente se solventaron 187 y quedaron pendientes 347, las cuales alcanzan un monto de mil 786 millones 508 mil pesos. Además, se descubrió la existencia de un fondo conseguido a través de crédito internacional, que nunca fue ejercido y que estaba designado a indemnizaciones en la expropiación de predios ubicados en Tláhuac.

Desvío de fondos en la Caprepoli. En marzo de 1999 se da a conocer que, durante la administración de Espinosa Villarreal, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva (Caprepoli) realizó transferencias financieras ilícitas por más de 26 millones de dólares a cuentas bancarias de una subsidiaria del Banco Bilbao Vizcaya en la isla Gran Caimán.

Presunto fraude en la Dirección General de Servicios al Transporte Urbano. El director general de Servicios al Transporte en la pasada administración, Fernando Peña Garavito, fue detenido en 1998 por presuntos ilícitos, de los cuales se supone estaba enterado Espinosa Villarreal, que ascendieron a varios millones de pesos. Luego de un tiempo en prisión, Peña Garavito es liberado mediante un amparo.

Empresa contratada sin licitación. La empresa Arthur DƀLittle, que realizó trabajos de consultoría en la administración de Espinosa con el propósito de ''crear una cultura de excelencia en el gobierno capitalino'', fue contratada sin licitación de por medio y representó una erogación de 37 millones de pesos.

Presunto fraude en Gustavo A. Madero. José Parcero, quien fuera titular de esta demarcación, actualmente se encuentra prófugo de la justicia, ya que luego de que se le iniciara una investigación por diversas irregularidades administrativas desapareció sin que hasta el momento se conozca su ubicación.

Desvío de recursos del área de comunicación. Ayer, el procurador capitalino solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del actual secretario de Turismo por desvío de recursos públicos que ascienden a 420 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales 1995, 1996 y 1997. Samuel del Villar aseguró que, a través de un oficio, Espinosa Villarreal le da instrucciones al entonces oficial mayor, Manuel Merino, de ''disponer como lo considere necesario de los recursos de la partida 3065''.

En total, son 144 los casos analizados por la Contraloría; 74 de ellos corresponden a 1996 y los otros 70 a 1997. Los expedientes de fincamiento de responsabilidades corresponden tanto a las administraciones en la mayoría de las delegaciones políticas, como a diferentes dependencias gubernamentales como el Sistema de Transporte Colectivo, la Secretaria de Obras, la Comisión de Aguas, Servimet y Ficapro.