JUEVES 30 DE MARZO DE 2000
Ť Prófugo de la justicia
El ex oficial mayor del DDF, pieza clave en el caso de peculado
Elia Baltazar Ť La acusación contra Oscar Espinosa por peculado sería el principio de la acción judicial contra diversos ex funcionarios de la regencia, y que tuvo como antecedente el desvío de recursos presuntamente cometido por el ex oficial mayor, Manuel Merino, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Según informó el procurador capitalino Samuel del Villar, Merino no se ha presentado a las audiencias de amparo que le concedió el juzgado 8 de distrito en materia penal, contra las acusaciones fincadas por la PGJDF, por los delitos de desvío de recursos que ascienden a más de 300 millones de pesos, y uso indebido de atribuciones y facultades.
Fue el ex director general de Servicios al Transporte, Fernando Peña Garavito, el primero de los ex funcionarios contra quien se ejerció acción penal por manejos irregulares. Le siguió Manuel Merino, oficial mayor durante la regencia de Espinosa y aun en la Secretaría de Turismo, en la cual solicitó licencia para separarse del cargo desde el 6 de septiembre de 1998, con el fin de enfrentar las acusaciones en su contra.
Según informes del gobierno capitalino, las investigaciones en contra de Merino, y que ahora desembocan en la solicitud de acción penal contra Oscar Espinosa, se iniciaron desde febrero de 1998. Para septiembre de ese año, la Contraloría capitalina inhabilitó por 20 años al ex oficial mayor para ocupar cualquier cargo público y la obligación de restituir 235 millones de pesos.
Las pruebas en su contra, presentadas en su momento por la Contraloría capitalina, los responsabilizan del desvío de recursos de la partida presupuestal 3605, correspondiente a otros gastos de información y difusión. Las auditorías practicadas apuntan que Merino recibió 215 millones de pesos de la Dirección de Programación y Presupuesto, pero antes ya había acusación por uso de 80 millones de pesos más. A cambio, el ex funcionario sólo firmó recibos que no mostraban nombre ni membrete.
La denuncia penal en contra de Merino se presentó el 4 de septiembre. Y el 3 de enero, el juzgado 4 penal giró la orden de aprehensión en su contra. Para entonces, ya se había acreditado su presunta participación en el desvío de recursos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva.
Para el 16 de mayo, el TCA anuló la inhabilitación e invalidó la multa que le había sido impuesta, por considerar que la Contraloría carecía de facultades para revisar y auditar la gestión del ex oficial mayor. Posteriormente, el juzgado 8 le concedió amparo.