ESPINOSA: DESAFUERO OBLIGADO

La petición turnada ayer por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), encabezada por Samuel del Villar, a la Cámara de Diputados para que declare procedente la imputación contra Oscar Espinosa Villarreal, ex regente de la ciudad y actual secretario de Turismo, por peculado contra la hacienda pública, es consecuencia de un arduo trabajo de procuración de justicia y de combate a la corrupción, iniciado a fines de 1997, desde que Cuauhtémoc Cárdenas tomó posesión como jefe de Gobierno del Distrito Federal, y continuado durante la administración de Rosario Robles. Los más de dos años que ha tomado a la Contraloría del DF y a la PGJDF desenredar la madeja de corrupción, cuyo hilo principal parece apuntar a Espinosa, pueden explicarse no en razón de los "tiempos electorales", como se apresuraron a manifestar los priístas, sino debido a la caótica situación en la que el equipo del último regente entregó ųacaso intencionalmenteų la documentación de la metrópoli al primer gobierno electo de la ciudad de México.

Tal vez resulte inevitable que los priístas tiendan a ver, tras el procedimiento iniciado por el procurador capitalino, un afán por promover electoralmente al PRD; a fin de cuentas, esa ha sido precisamente la lógica con la que el partido oficial se ha desempeñado en el poder durante buena parte de su historia. Pero es insólito y lamentable que la Presidencia de la República retome e insinúe la acusación en un comunicado público, porque de esa manera introduce una sospecha sobre la generalidad de las instituciones gubernamentales, incluida la propia Presidencia.

Por lo demás, si el titular del Ejecutivo, que sigue siendo el priísta con mayor ascendente moral sobre sus correligionarios, considera que la acción jurídica iniciada por Del Villar "resultará infundada", cabe esperar que los legisladores del tricolor no tengan objeción a suspender la protección constitucional de que disfruta Espinosa, en su calidad de secretario, accedan a separarlo del cargo en tanto se realiza el proceso correspondiente y le permitan demostrar su inocencia ante un tribunal.

La salud de la vida republicana demanda que la imputación contra el ex regente sea ventilada ųcomprobada o refutadaų conforme a derecho y en las instancias judiciales que correspondan, así sea para despejar, de una vez por todas, las abrumadoras sospechas de la opinión pública sobre la gestión del ahora secretario de Turismo, cuando encabezó el Gobierno de la ciudad de México.

El más elemental decoro cívico y democrático obliga a abrir los cauces a la procuración de justicia en este caso, y tal obligación atañe, en primer lugar, a los compañeros de partido del propio Espinosa Villarreal. De lo contrario, el PRI tendría que agregar, a su ya pesado fardo de desprestigio y desgaste, la percepción social de que propicia la impunidad y solapa los presuntos actos ilícitos cometidos por sus militantes en los altos puestos de la administración. Y con ello, el partido oficial endosaría a sus candidatos a puestos de representación popular, empezando por los aspirantes a la Presidencia y al Gobierno del Distrito Federal, un severo y acaso irreparable daño político.