Adolfo Sánchez Rebolledo
La compra de votos y el clasismo
EL EX JEFE DE LA BANCADA priísta en la Cámara de Diputados, Arturo Núñez, está viviendo en carne propia la suerte que el oficialismo hizo correr durante décadas a la oposición. En su carrera por la candidatura al gobierno de Tabasco, Núñez Jiménez ha sido arrinconado por la campaña en su contra que el gobernador Roberto Madrazo reserva a sus adversarios. La compra de votos está a la orden del día como si se tratara de probar ante la ciudadanía que en esta materia nada cambia y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tiene remedio, aunque se diga nuevo con la boca llena.
Si hemos de creer a Núñez, es el propio Madrazo Pintado en persona quien encabeza la operación para que gane su delfín, con la tácita complacencia del gobierno federal y, desde luego, del candidato Labastida que, a lo que se ve, ya no quiere más queso sino salir de la ratonera.
Sin embargo, el tema importante no es, desde luego, la pugna interna entre los candidatos del Revolucionario Institucional sino la recurrencia de la compra de votos como una forma de pervertir el proceso electoral, cualquiera que éste sea.
Las declaraciones de Arturo Núñez Jiménez, al igual que las que hicieron durante la elección interna tanto Roberto Madrazo como Francisco Labastida, confirman que la corrupción es, ha sido y sigue siendo una mala hierba difícil de erradicar en la pradera oficialista.
Mal presagio, si se considera que está en curso una peligrosa campaña que tiene como finalidad desacreditar anticipadamente las elecciones del 2 de julio con el fantasma, justamente, de la ''compra de votos'', sin considerar los cambios en la legalidad ni tampoco la real correlación de fuerzas existentes hoy en el país.
De cualquier forma, hay que tomar en cuenta que en el estado de Tabasco se trata de una elección entre priístas que no puede tomarse como modelo de lo que ocurrirá fatalmente en las elecciones constitucionales.
La cuestión, en todo caso, debe ponerse en perspectiva, ajustándola a sus justas dimensiones. Por un lado, es evidente que la inducción del voto merced a la distribución de bienes, servicios o favores entre el electorado sigue siendo un problema del que nadie puede quitar el dedo.
Es tal su importancia, que el mismo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) se refirió a ella señalando que mientras exista la marcada desigualdad que nos caracteriza, ''siempre habrá la tentación de que alguien quiera medrar con las carencias de la gente''.
Mal harían los partidos políticos en no vigilar a los gobiernos en esta materia. Pero sería un grave error suponer que la sociedad se halla indefensa ante esas tropelías y nada puede hacer para contenerlas.
No debe olvidarse que esas prácticas están claramente tipificadas como delitos electorales sancionados con penalidades severas para quienes resulten responsables pero, además, el Instituto Federal Electoral y la Cámara de Diputados han tomado providencias a fin de evitar que la compra de votos pueda incidir significativamente en el resultado.
Sería realmente patético que, a título de preservar la pureza del juego electoral, se invalidaran los programas sociales que atienden las necesidades elementales de las capas más empobrecidas, en vez de asegurar que los partidos, las autoridades electorales, el Congreso y la misma sociedad civil se incorporen de forma activa a la tarea de fiscalizar el uso y los posibles abusos de esos programas cuya existencia es indispensable. En las condiciones políticas y legales de hoy es una irresponsabilidad propalar la especie de que el gobierno prepara un fraude de Estado mediante la compra del voto para alcanzar la diferencia que requeriría para ganar si los resultados del 2 de julio son muy apretados.
Esa actitud impide que se tomen en serio las medidas para evitar las prácticas ilícitas, pues renuncian por adelantado a dar la pelea política y legal bajo formas legales y criterios democráticos, y contribuye a fomentar la interpretación clasista de que la democracia no es para los pobres.